Ortega y Murillo entregan el mando de la Corte Suprema a su exfiscal Ana Julia Guido y al militar en retiro José Fuertes
Daniel Ortega y Rosario Murillo entregaron este martes el mando de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la sancionada exfiscal general Ana Julia Guido Ochoa y al militar en retiro y secretario político del Frente Sandinista en el departamento de Boaco, José Manuel Fuertes Toledo. Guido fue designada presidenta y Fuertes vicepresidente del máximo tribunal, tras la profunda purga de la antigua cúpula judicial que el régimen terminó de sellar con la “renuncia” de Alba Luz Ramos, quien llevaba casi tres años apartada de facto de la institución.
La Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista, formalizó ambos nombramientos por mayoría absoluta. La elección era un trámite después de que Ortega y Murillo presentaran las candidaturas para encabezar un Poder Judicial que ha sido sometido a una profunda reestructuración desde finales de 2023, una operación que -según diversas fuentes internas- ha sido dirigido por la codictadora.
El ascenso de Guido a la presidencia de la Corte supone un premio a la lealtad que ha mantenido al régimen. Durante más de una década estuvo al frente del Ministerio Público. Desde ese puesto fue la cabeza de la persecución penal desatada contra opositores, manifestantes, activistas y críticos después de las protestas de abril de 2018.
Su actuación como fiscal general le valió sanciones internacionales. La Unión Europea la incluyó en 2021 entre los funcionarios del régimen sancionados y la responsabilizó, por su responsabilidad en el “enjuiciamiento por motivos políticos de numerosos manifestantes y miembros de la oposición política”.
Bruselas señaló además que bajo su dirección fue creada una unidad especializada que “inventaba acusaciones contra manifestantes y presentaba cargos contra ellos”. La UE la responsabilizó de graves violaciones de derechos humanos, de la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de derecho.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas también señaló a la Fiscalía bajo el mando de Guido como una pieza del engranaje utilizado para perseguir a los adversarios del régimen.
De la Fiscalía a la presidencia de la Corte
El camino de Guido a la presidencia de la Corte Suprema de Justicia comenzó en 2025. Ortega y Murillo la propusieron como magistrada y el Parlamento cumplió con el trámite de aprobación absoluta el 26 de noviembre de ese año.
Su llegada ocurrió cuando la reestructuración del Poder Judicial llevaba ya dos años en marcha y Alba Luz Ramos, aunque continuaba figurando formalmente como presidenta, había sido sacada bajo custodia policial de su despacho y perdido el control de la institución.
Guido avanzó rápidamente dentro de la nueva estructura judicial. Tras convertirse en magistrada asumió la presidencia de la Sala Constitucional y posteriormente comenzó a ejercer la conducción del máximo tribunal.
El pasado 25 de agosto apareció públicamente como “Presidenta por la Ley de la Corte Suprema de Justicia” durante las consultas sobre la reforma constitucional promovida por Ortega y Murillo. Para entonces, el relevo únicamente dependía de la salida formal de Ramos.
Ramos fue apartada de facto desde octubre de 2023, cuando fue desalojada de sus oficinas en medio de una intervención policial ordenada por Rosario Murillo que posteriormente se extendió por todo el sistema judicial. La purga alcanzó a magistrados, jueces, secretarios, personal administrativo y otros funcionarios y trabajadores de los tribunales.
Durante casi tres años permaneció fuera de la vida institucional, aunque formalmente continuaba ostentando el cargo.
Finalmente presentó su renuncia el pasado 25 de agosto alegando motivos de salud. La Asamblea Nacional aceptó su salida dos días después, cerrando formalmente una etapa que, en la práctica, había terminado desde 2023.
Un exmilitar como número dos
Junto a Guido, Ortega y Murillo colocaron como vicepresidente de la Corte Suprema a José Manuel Fuertes Toledo, un militar en retiro que llegó a la magistratura en la misma recomposición del Poder Judicial.
Fuertes fue uno de los magistrados que Ortega y Murillo designaron en noviembre de 2025, junto a Guido y otros funcionarios escogidos para cubrir las vacantes. Sus méritos políticos se han manejado fuera del foco público. Al igual que Guido, integró las guerrillas sandinistas y tras su paso por las filas del Ejército se desempeñó como operador político en Boaco.
En el historial de Fuertes también figura el escándalo de corrupción que sacudió a la Alcaldía de Boaco durante la gestión de su esposa, Karla Espinoza Peña, quien fue destituida de su cargo como alcaldesa bajo señalamientos de irregularidades en la administración municipal.
Su elección como vicepresidente lo convierte ahora en el segundo al mando de la Corte y configura una nueva cúpula judicial encabezada por una exfiscal sancionada internacionalmente y un antiguo miembro de las Fuerzas Armadas.
Los dos nombramientos completan la reconfiguración de la dirección de la Corte a medida del proyecto político de Ortega y Murillo y ocurre cuando el mismo Parlamente se prepara para aprobar en primera legislatura las reformas constituciuonales con las que la pareja de dictadores pretenden asegurar su permanencia en el poder.
