Ortega y Murillo llevan este martes al Parlamento la reforma que blinda su continuidad en el poder
Daniel Ortega y Rosario Murillo avanzarán este martes en la construcción del andamiaje constitucional con el que pretenden garantizar su continuidad indefinida en el poder. La Asamblea Nacional, bajo control absoluto del Frente Sandinista, aprobará en primera legislatura una nueva reforma a la Constitución que – según han anticipado- ampliaría a siete años renovables el periodo de la copresidencia y extendería esa duración a las principales autoridades del Estado.
La votación ocurre apenas seis semanas después de que Ortega declarara públicamente que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” que puedan llevar a la oposición nuevamente al poder. La afirmación pronunciada el 19 de julio, fue seguida pocos días después por la presentación de una reforma que modifica nuevamente las reglas políticas y electorales del país.
El proyecto no elimina formalmente las elecciones, pero redefine las condiciones bajo las cuales se celebrarán: amplía los mandatos, permite su renovación y constitucionaliza mecanismos para excluir de la competencia electoral a ciudadanos considerados por el régimen “traidores a la patria”, “vendepatrias” o vinculados con lo que el oficialismo denomina el intento de “golpe de Estado” de 2018.
La reforma necesita ser aprobada en dos legislaturas para entrar en vigor. La primera votación está prevista para este martes 1 de septiembre en León, y la ratificación definitiva para 18 enero de 2027. Ninguna de las dos enfrenta obstáculos en una Asamblea Nacional en la que el Frente Sandinista dispone de los votos necesarios para modificar la Carta Magna sin negociar con otras fuerzas políticas.
Siete años y posibilidad de renovación
El núcleo de la reforma está en la duración de los mandatos. La copresidencia pasará a ejercer el poder durante períodos de siete años “renovables”, una fórmula que no establece un límite al número de veces que sus titulares pueden permanecer en el cargo. El cambio beneficiará directamente a Ortega y Murillo.
Asimismo, la iniciativa contempla ajustar a siete años los periodos de las autoridades que actualmente se encuentran en funciones, incluidas las surgidas de las últimas elecciones generales. También alcanza a autoridades municipales y regionales y a funcionarios cuya elección, nombramiento o ratificación corresponde a la Asamblea Nacional o a la Presidencia.
La modificación vuelve así a prolongar unas reglas que ya habían sido alteradas recientemente en el 2025, cuando Ortega convirtió a Murillo, hasta entonces vicepresidenta, en copresidenta con sus mismas atribuciones y extendió el periodo presidencial de cinco a seis años. Aquella reforma también concentró las facultades del Estado alrededor de la nueva copresidencia y redujo la autonomía de los demás poderes públicos.
Ahora, el régimen vuelve sobre la Carta Magna para agregar un año más al mandato y establecer expresamente la posibilidad de renovarlo.
El poder se extiende a las fuerzas armadas
La ampliación de los periodos no se limita a Ortega y Murillo. La reforma también alcanza a instituciones claves para el sostenimiento del poder.
Los jefes del Ejército y de la Policía pasarán a tener periodos de siete años, en consonancia con la nueva duración establecida para la copresidencia.
El oficialismo ha defendido la extensión de los mandatos como una fórmula para garantizar estabilidad y continuidad institucional. En la práctica, la reforma sincroniza bajo ciclos más prolongados la permanencia de las principales autoridades políticas, militares y policiales del país.
El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, fue quien presentó a finales de julio los principales alcances del proyecto y defendió la adopción de períodos de siete años “renovables” dentro del modelo político que el régimen denomina “Estado y Pueblo Presidente”.
La oposición, fuera por mandato constitucional
La reforma también busca convertir en norma constitucional las restricciones políticas que el régimen ha aplicado durante los últimos años contra opositores, críticos y disidentes.
El proyecto impide optar a cargos públicos a quienes sean considerados “traidores a la patria” y amplía las facultades del Consejo Supremo Electoral para actuar contra candidaturas y organizaciones políticas que se encuentren bajo esas categorías.
La medida consolida jurídicamente un mecanismo que ya fue utilizado contra dirigentes opositores antes de las elecciones de 2021, cuando siete aspirantes presidenciales fueron encarcelados y los principales partidos con capacidad de competir contra Ortega quedaron fuera del proceso electoral.
Desde entonces, el régimen ha despojado de la nacionalidad a centenares de nicaragüenses, confiscado propiedades de opositores y críticos y utilizado la legislación sobre “traición a la patria” para imponer la pérdida de derechos ciudadanos.
Con la nueva reforma, parte de ese esquema dejará de descansar únicamente en leyes ordinarias y quedará incorporado directamente a la Constitución.
El discurso de Ortega
El nuevo cambio constitucional adquirió una dimensión distinta después del discurso de Ortega del pasado 19 de julio.
Durante el acto por el aniversario de la revolución sandinista, el dictador aseguró que no permitiría que unas elecciones volvieran a convertirse en una vía para que sus adversarios llegaran al Gobierno.
“Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, afirmó.
La declaración provocó cuestionamientos internacionales y puso nuevamente bajo escrutinio el futuro del sistema electoral nicaragüense.
Días después, el oficialismo presentó la reforma.
Aunque el texto mantiene formalmente los procesos electorales, las nuevas reglas combinan períodos más largos y renovables con restricciones constitucionales para quienes el propio régimen considere inhabilitados para participar en política.
Segunda reforma en menos de dos años
Ortega y Murillo llegan a esta nueva modificación constitucional después de haber ejecutado una transformación mucho más amplia de la Carta Magna entre finales de 2024 y comienzos de 2025.
Aquella reforma modificó más de un centenar de artículos, creó la copresidencia, subordinó expresamente los poderes e instituciones del Estado a la Presidencia y amplió las facultades del Ejecutivo.
La reforma que será votada este martes en León profundiza ese modelo.
Además de los periodos de siete años renovables y las restricciones políticas, el oficialismo incorporó una disposición según la cual ninguna legislación extranjera podrá producir efectos jurídicos dentro de Nicaragua, una cláusula presentada como defensa de la soberanía frente a decisiones adoptadas en otros países.
El proceso legislativo, sin embargo, no terminará este martes.
Al tratarse de una reforma parcial de la Constitución, el proyecto debe recibir una segunda aprobación en la siguiente legislatura. El régimen ha situado esa votación definitiva en enero de 2027.
La primera aprobación dejará desde este martes prácticamente despejado el camino político para esa ratificación. Con una Asamblea Nacional dominada por el Frente Sandinista y sin una oposición con capacidad para frenar las modificaciones, Ortega y Murillo volverán a cambiar las reglas constitucionales desde el mismo poder que esas reglas están llamadas a regular.
Esta vez, el cambio establece periodos más largos, permite renovarlos y reduce todavía más el espacio para que sus adversarios puedan disputarles el control del país.
