El régimen retrasa por tercera vez la reforma constitucional, ahora será el 21 de septiembre
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió a reprogramar la aprobación de la reforma constitucional que busca sepultar la competencia electoral en Nicaragua e imponer una “presidencia renovable” cada siete años.
El diputado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras anunció este fin de semana que la primera aprobación del proyecto se postergará hasta el próximo 21 de septiembre, lo que representa el tercer cambio en el cronograma oficial desde que inició el proceso en medio de una creciente presión internacional.
“El 21 de septiembre vamos a aprobar la reforma a la Constitución que hemos venido trabajando”, anunció Porras tras explicar que esperan culminar el próximo primero de septiembre las consultas sobre las enmiendas. El texto oficial aún no ha sido presentado.
“Llegó la hora de irnos cobrando”, dijo Porras al anunciar la fecha.
Los cambios de fecha
La cadena de anuncios comenzó tras el acto del 19 de julio cuando el dictador Daniel Ortega sentenció que en el país “no volverán a haber elecciones”.
Días después, Gustavo Porras presentó la iniciativa de reforma y aseguró ante que el plenario aprobaría los cambios a principios de agosto.
Ante el inmediato impacto diplomático y las críticas por eliminar las elecciones, Rosario Murillo intervino el 27 de julio para corregir la prisa. Aplazó la votación bajo el argumento de abrir un periodo de diálogo legislativo “amplio” y fijó la aprobación formal para “los primeros días de septiembre”.
Los nuevos planes incluyen que este martes 1 de septiembre la Asamblea Nacional se limitará a realizar una sesión solemne en León para presentar las conclusiones del dictamen de la comisión especial tras la “consulta”. La aprobación en primera legislatura se prevé para el lunes 21 de septiembre.
La semana anterior a la votación en Managua, se prevé una reunión de cancilleres de la OEA en Washington para abordar la crisis de Nicaragua como un problema regional y decidir qué medidas de presión contra la dictadura podrían aplicar.
Una consulta sin oposición y con marcada presencia familiar
Para justificar el retraso de la aprobación de la reforma propuesta en julio, el régimen estructuró una fase de consultas que se ha desarrollado a lo largo de agosto. Sin embargo, las comparecencias en la comisión parlamentaria no han incluido a sectores independientes, gremios críticos ni agrupaciones opositoras, las cuales permanecen ilegalizadas o en el exilio.
En su lugar, las jornadas legislativas se convirtieron en un desfile de funcionarios leales. Por la Asamblea Nacional pasaron los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), los directivos del Banco Central de Nicaragua, mandos de la Policía Nacional y del Ejército, además de alcaldes del país. Ninguno de los convocados presentó enmiendas u objeciones al borrador.
La consulta también contó con la participación de figuras del círculo de los dictadores. Hijos, nueras y directores de los medios de comunicación oficialistas vinculados a la familia Ortega-Murillo acudieron al Parlamento para respaldar las medidas, las cuales amplían de manera directa el marco de control de las estructuras que ellos mismos coordinan.
Lo que cambia la reforma
Con esta modificación a la Constitución, se eleva de cinco a siete años “prorrogables” el periodo de la presidencia de la República, que ostentan Ortega y Murillo. El beneficio se extiende de forma automática a los 153 alcaldes, vicealcaldes, concejales, diputados y magistrados del país.
El Comandante en Jefe del Ejército y las jefaturas de la Policía también verán extendidos sus cargos a períodos de siete años, garantizando la continuidad de las jefaturas actuales.
La reforma prohíbe de manera explícita la postulación a cargos de elección popular a todos aquellos ciudadanos que hayan sido declarados de forma unilateral como “traidores a la patria”, despojados de su nacionalidad o señalados por el régimen de participar en las protestas de 2018.
