Perú rechaza la reforma constitucional en Nicaragua y pide frenar a la dictadura

La presión diplomática internacional contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa escalando previo a la reunión de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El Gobierno de Perú hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, las Naciones Unidas y la OEA para activar los mecanismos multilaterales disponibles que permitan “evitar que se consolide una dictadura” en Nicaragua.

El Gobierno de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, hizo un llamado a la comunidad internacional para activar mecanismos contra las reformas constitucionales aprobadas en primera legislación por la Asamblea Nacional en Nicaragua.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú manifestó su preocupación y rechazó las reformas que plantean dejar fuera de las elecciones a los declarados “traidores de la patria” y ampliar el mandato de las autoridades a siete años, incluido el periodo presidencial.

“Traidores a la patria” es el término que el régimen nicaragüense utiliza para referirse a sus opositores o críticos.

Liquidan la democracia

La Cancillería peruana advirtió que estas reformas buscan “liquidar la institucionalidad democrática en ese país, con la eliminación de la posibilidad de elecciones libres, la anulación del estado de derecho y la perpetuación de la dictadura familiar Ortega-Murillo”.

La postura del Gobierno de Perú se suma al reciente llamado del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien instó a la comunidad internacional a cortar las relaciones comerciales con la dictadura.

Con esta declaración, Lima fija su posición de cara a las deliberaciones de la OEA, donde los países miembros prevén abordar medidas de presión diplomática y política tras la suspensión de hecho de las elecciones que debían celebrarse en noviembre de 2026.

“Este nuevo nivel de transgresión a los principios más elementales de la democracia y al derecho del pueblo nicaragüense de vivir en libertad constituye un atentado contra la legitimidad del ordenamiento legal de Nicaragua, el cual viola flagrantemente la Carta Democrática Interamericana y todos sus compromisos internacionales asumidos en materia de derechos humanos”, apuntó el Ejecutivo peruano.

“Esta condenable iniciativa del régimen Ortega-Murillo reafirma que actualmente en Nicaragua no existen condiciones mínimas para elecciones libres, justas y competitivas, y que su aparato represor criminaliza en forma sistemática y arbitraria a la legítima oposición democrática que lucha por la recuperación de la democracia en ese hermano país”, añadió.

El Gobierno peruano reafirmó también “su inequívoco compromiso con la defensa y promoción de la democracia y los derechos humanos, el pueblo nicaragüense, sus presos políticos, sus exiliados y de todos aquellos que hoy son perseguidos por soñar con elecciones libres”.

La Asamblea Nacional aprobó estas últimas reformas luego de que Ortega afirmara, el pasado 19 de julio, que en su país “no volverá a haber elecciones”.

Nicaragua debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.