Costa Rica adelanta respaldo a una “respuesta firme” contra el régimen de Ortega y Murillo

El gobierno de Costa Rica expresó su “profunda preocupación por el continuo deterioro democrático en Nicaragua” y advirtió que la reforma constitucional impulsada por Daniel Ortega y Rosario Murillo para atornillarse en el poder y aniquilar la participación de la oposición agrava la crisis al limitar “aún más la participación política y electoral” de los nicaragüenses.

El Gobierno costarricense fijó posición este jueves, dos días después de que la Asamblea, controlada por el Frente Sandinista, aprobara una nueva reforma a la Constitución que amplía a siete años los períodos de los principales cargos del Estado y endurece las restricciones para el ejercicio de los derechos políticos, excluyendo por completo a fuerzas de la oposición.

“Costa Rica expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro democrático en Nicaragua, agravado por la reciente reforma constitucional que limita aún más la participación política y electoral”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en un pronunciamiento.

La Cancillería costarricense reiteró además su llamado al respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho, y defendió el derecho de los nicaragüenses a escoger libremente a sus gobernantes.

“Costa Rica reitera su llamado al respeto de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y el derecho del pueblo nicaragüense a decidir libremente su futuro, mediante procesos electorales que garanticen la pluralidad y las condiciones propias de una democracia auténtica”, manifestó.

Costa Rica adelanta su posición a la OEA

San José adelantó que respaldará una respuesta regional frente a la deriva autoritaria en Nicaragua en la próxima Reunión de Cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Costa Rica apoyará una respuesta firme y coordinada en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en la próxima Reunión de Cancilleres, convocada para analizar esta grave situación”, indicó el Gobierno costarricense.

El país vecino es el primero de la región en manifestar su rechazo a la aprobación de la constitución que desmantela por completo el sistema democrático y afianza la instauración de una dinastía familiar. El Gobierno costarricense ya había advertido en agosto, durante las discusiones en el Consejo Permanente de la OEA, que la comunidad internacional no podía permanecer indiferente ante el cierre de los espacios democráticos en Nicaragua.

La próxima reunión de cancilleres fue impulsada por Estados Unidos después de que Ortega anunciara en julio que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” bajo el esquema vigente y ordenara reformar nuevamente la Constitución. La convocatoria busca elevar la discusión sobre la crisis nicaragüense al nivel de los ministros de Relaciones Exteriores del continente.

Una reforma que extiende el control del poder

La Asamblea Nacional aprobó el martes, en primera legislatura, una reforma constitucional que establece períodos de siete años para la Presidencia de la República y extiende ese mismo plazo a los diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, autoridades municipales y regionales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, así como otros altos cargos estatales.

La reforma también amplía las restricciones para ejercer derechos políticos. El nuevo texto permite inhabilitar a personas señaladas de participar, dirigir o financiar intentos de golpe de Estado, pero también incorpora conceptos más amplios, como “menoscabar” la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad y paz del país, promover la “injerencia extranjera” o recibir financiamiento del exterior.

Otro de los cambios establece que ninguna ley extranjera podrá tener efectos jurídicos en Nicaragua cuando las autoridades consideren que pone en riesgo la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz del país.