Salazar: Ortega y Murillo convirtieron la Constitución en la “escritura de su dictadura familiar… se les tiene que acabar la impunidad»

La congresista estadounidense María Elvira Salazar acusó a Daniel Ortega y Rosario Murillo de utilizar la nueva reforma constitucional para afianzar su permanencia en el poder y cerrar definitivamente la vía electoral en Nicaragua. La republicana sostuvo que la ampliación a siete años de los períodos de los principales cargos del Estado y autoridades locales confirma que la Constitución ha sido convertida en un instrumento al servicio de la continuidad del matrimonio de dictadores.

“Ortega y Murillo cancelaron las elecciones, expulsaron a la oposición de las urnas y se regalaron más años en el poder”, afirmó Salazar tras la aprobación de la reforma por parte de la Asamblea Nacional, en un acto que exhibió la sumisión absoluta de ese poder del Estado al régimen.

“No reformaron la Constitución: la convirtieron en la escritura de propiedad de su dictadura familiar”, agregó.

La reforma aprobada este martes establece períodos de siete años para la Presidencia de la República y extiende ese mismo plazo a diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano, autoridades municipales y regionales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral, así como a otros altos cargos del Estado.

El cambio forma parte de la transformación constitucional impulsada por Ortega y Murillo después de que el dictador anunciara el pasado 19 de julio que en Nicaragua “no volverán a haber elecciones” bajo el sistema que permitió durante décadas la competencia entre distintas fuerzas políticas.

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La reforma consolida además el modelo de copresidencia encabezado por Ortega y Murillo y prolonga los períodos de una estructura institucional sometida al control del oficialismo. Los cambios alcanzan también a autoridades cuya elección o ratificación depende del Parlamento y la Presidencia.

Salazar reclamó que la deriva autoritaria de Ortega y Murillo tenga consecuencias y lanzó una advertencia directa: “Se les tiene que acabar la impunidad”.

“Lo he dicho antes: después de Cuba, Nicaragua tiene que ser la próxima en ser libre”, agregó.

El pronunciamiento de Salazar coincide con el posicionamiento de Washington contra la reforma. El secretario de Estado, Marco Rubio, acusó a Ortega y Murillo de afianzar una “dinastía ilegítima” y aseguró que la Administración estadounidense mantiene su disposición de adoptar acciones frente a las violaciones de derechos humanos y el desmantelamiento de las garantías democráticas en Nicaragua.

Rubio, además, instó a sus socios a tomar medidas económicas que presionen al régimen instalado en Managua. “Las dictaduras que niegan los derechos inalienables de sus ciudadanos no deberían gozar de los mismos beneficios económicos ni políticos que los gobiernos comprometidos con la defensa de la paz y la seguridad del hemisferio. Estados Unidos insta a sus socios internacionales a que suspendan de inmediato las relaciones comerciales habituales con esta brutal dictadura”, pidió el Secretario de Estado.

La nueva reforma profundiza la concentración de poder que Ortega y Murillo han acelerado mediante sucesivas reformas constitucionales. Con la ampliación de los períodos y la eliminación de la competencia electoral, el régimen no solo redefine las reglas para permanecer en el poder, sino que extiende esa continuidad a las instituciones que sostienen su control sobre el Estado.