España mantiene al mínimo relación con Nicaragua: descarta nombrar un nuevo embajador
El Gobierno de España no contempla, por ahora, nombrar un nuevo embajador en Nicaragua y mantendrá su representación diplomática en Managua al nivel de encargado de negocios. La decisión anunciada en Madrid confirma que las relaciones con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan lejos de una normalización.
Fuentes del Ejecutivo español confirmaron este miércoles a Europa Press que Madrid mantiene únicamente “mínimos contactos” con las autoridades del régimen nicaragüense y que no prevé elevar el nivel de su representación diplomática en el país.
La embajada española permanece sin embajador desde que el régimen expulsó en 2022 al entonces jefe de misión, Sergio Farré Salvá. La medida provocó una respuesta recíproca de Madrid, que retiró las credenciales al embajador nicaragüense en España, Mauricio Carlo Gelli y solicitó que saliera del país europeo.
Desde entonces, la relación bilateral ha quedado reducida a los canales diplomáticos esenciales.
España alineada con Europa frente al régimen
La postura del Gobierno español no solo reafirma el distanciamiento entre Madrid y Managua, sino que se alinea con la posición de la Unión Europea ante las graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua.
Aunque España no ha roto relaciones diplomáticas con Nicaragua, la ausencia de un embajador limita los contactos políticos al más alto nivel y deja la interlocución en manos de funcionarios de menor rango.
Las tensiones entre ambos países se han intensificado en los últimos años. En 2021, el régimen acusó a España de mantener una “continua intromisión” en los asuntos internos de Nicaragua. Madrid respondió llamando a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios, y rechazó de forma “tajante” las acusaciones.
El deterioro de las relaciones se profundizó tras la escalada represiva emprendida por el régimen contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, organizaciones civiles y líderes religiosos. En 2023, Ortega y Murillo despojaron de su nacionalidad a centenares de nicaragüenses, entre ellos opositores, académicos, empresarios, estudiantes, periodistas y antiguos funcionarios públicos.
España reaccionó ofreciendo la nacionalidad española a los afectados y extendiendo esa posibilidad a otros opositores que permanecían encarcelados en Nicaragua.
