Alcaldías, la nueva maquinaria recaudadora del régimen: multas, cobros y decomisos vacían los bolsillos a los ciudadanos
La Alcaldía de Sébaco dio el «pitazo» de nueva jornada de multas. Aprovechando la fiebre del Mundial de fútbol, la municipalidad anunció el reparto de notificaciones contra quienes mantienen conos, rótulos y otros obstáculos sobre calles y aceras. El mensaje hablaba de técnicos en la cancha, juego limpio y tarjetas rojas. La metáfora deportiva retrata una política que se ha ido extendiendo progresivamente por todo el país.
Un carretón retenido en Bilwi por depositar ramas en un lugar no autorizado. Tres reses decomisadas en Estelí que terminaron en una multa de 15,000 córdobas para su propietario. Conductores obligados a pagar casi 3,000 córdobas por el traslado de sus vehículos a depósitos municipales en Chinandega.
Lo que comenzó hace poco más de tres años como una campaña contra quienes botaban basura en Managua -sustentada en una ordenanza municipal engavetada durante una década- se ha transformado en una red de sanciones se extiende por las 153 alcaldías del país controladas por Frente Sandinista.
Catálogo de multas en aumento
Las sanciones también alcanzan a propietarios de ganado, conductores, comerciantes, dueños de terrenos baldíos y ciudadanos que incumplen un catálogo de disposiciones municipales cada vez más amplio. Bajo el argumento del ordenamiento urbano, la protección ambiental y la seguridad ciudadana, las alcaldías han incorporado nuevas sanciones, decomisos y cobros que terminan añadiendo presión al bolsillo de una población golpeada por el encarecimiento de la vida.
La ofensiva que tiene su origen en febrero de 2023, cuando Rosario Murillo ordenó desempolvar en Managua la ordenanza municipal que contempla multas de entre 100 y 50,000 córdobas para quienes arrojen basura en sitios no autorizados.
Con el paso de los meses, la ofensiva sancionadora se extendió al resto del país. A las multas por basura se sumaron sanciones por contaminación acústica, animales sueltos en la vía pública, terrenos baldíos sin limpiar, estacionamiento indebido y retrasos en el pago de impuestos municipales, ampliando de forma progresiva el catálogo de infracciones perseguidas por las alcaldías.
Para un exconcejal consultado por DESPACHO 505, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias, la expansión de estas sanciones resulta «altamente sospechosa». A su juicio, la multiplicación de multas, decomisos y cobros en alcaldías controladas por el Frente Sandinista solo puede entenderse como parte de la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos en un contexto de crecientes complicaciones financieras para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como consecuencia de su deriva autoritaria.
Explica que se está trasladando a los ciudadanos una responsabilidad que también es de la administración pública, tanto así que en el caso de Managua la ordenanza que detonó esta ola de multas permaneció diez años sin aplicarse. «Aquí es claro que el objetivo es recaudar y bajo el esquema de represión en el país el ciudadano es el más vulnerable, porque no puede defenderse ni reclamar a la autoridad que también asume su cuota de responsabilidad. No hay quien cuestione», apunta.
Una infracción de tránsito genera cadena pagos municipales
La ciudad de Chinandega es uno de los ejemplos más recientes. Desde febrero de este año, los conductores que estacionan sus vehículos en lugares ahora declarados «prohibidos «no solo enfrentan las sanciones impuestas por la Policía. También deben asumir los costos del traslado al depósito municipal, fijados en 2,930 córdobas, además de una tarifa diaria de 100 córdobas por resguardo.
El esquema convierte una infracción de tránsito en una cadena de pagos que puede multiplicar el monto inicial de la sanción. Una práctica similar ya funciona en Managua, donde los depósitos municipales son utilizados para retener vehículos y otros medios de transporte involucrados en infracciones relacionadas con el manejo de desechos.
La expansión de estas medidas ha alcanzado incluso a municipios alejados de la Costa Caribe. El pasado 12 de junio, la Alcaldía de Puerto Cabezas multó con 1,500 córdobas a un ciudadano que depositó ramas en un sitio no autorizado de Bilwi. Además de la sanción económica, las autoridades retuvieron temporalmente el carretón de manos que utiliza para trabajar.
En Estelí, las autoridades municipales informaron a inicios de junio sobre la imposición de una multa de 15,000 córdobas al propietario de tres reses encontradas deambulando por la ciudad. La alcaldía justificó la medida como parte de un esfuerzo para prevenir accidentes de tránsito y proteger espacios públicos y áreas verdes. La disposición establece una multa de 5,000 córdobas por cada animal retenido.
En Wiwilí, Jinotega, el endurecimiento ha ido un paso más allá. La alcaldía anunció operativos permanentes junto con la Policía para localizar animales que circulen por las calles y advirtió que, además de las sanciones económicas, podría proceder al decomiso de los semovientes.
La institucionalización de este modelo también se aplica en El Rama, una de las primeras alcaldías en formalizar la ampliación de las sanciones mediante una ordenanza publicada en La Gaceta en agosto de 2024. El documento establece multas de hasta 50,000 córdobas por contaminación ambiental y perturbaciones ocasionadas por altos niveles de ruido, aplicables a vecinos, propietarios de bares y negocios.
Amenazan con multas por retraso en pago del IBI
A estas medidas se suman las penalizaciones por retrasos en el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y por incumplimientos relacionados con la renovación de matrículas comerciales, ampliando aún más el alcance recaudatorio de los gobiernos municipales.
Las alcaldías de Granada y San Juan del Sur, por ejemplo, difunden en sus redes un aviso en el que advierten a la ciudadanía que tienen hasta el 30 de junio para pagar el IBI «sin multa».
A la ola de sanciones se sumó en las últimas horas la Alcaldía de Sébaco, que recurrió a la fiebre mundialista para anunciar nuevas acciones contra quienes obstruyan. En una publicación difundida en redes sociales, la municipalidad informó del inicio de las primeras notificaciones utilizando lenguaje futbolero: «Los técnicos de la Alcaldía ya están en la cancha. Arranca el partido con las primeras notificaciones para despejar las calles y aceras de conos, rótulos y obstáculos. ¡Ponte la camiseta del juego limpio, respeta las reglas y evitemos la tarjeta roja!», advirtió.
El castigo por sí solo no cambia conductas
Las alcaldías defienden las sanciones como herramientas para preservar el orden, la limpieza y la seguridad ciudadana. Un experto en gestión municipal consultado por DESPACHO 505 explica que las multas son instrumentos «legítimos» para hacer cumplir las normas de convivencia que alegan las autoridades locales, sin embargo advierte que su efectividad es limitada cuando no forman parte de una estrategia más amplia que incluya educación, prevención e inversión en servicios públicos.
La diferencia es que «las sanciones intentan corregir conductas una vez que ya ocurrieron, pero el trabajo de la gestión pública debe apuntar a evitar que ocurran y es en lo que históricamente se ha fallado en Nicaragua», apunta tras señalar que sancionar no es ninguna garantía de cambio.
Sostiene que «cuando predomina únicamente el castigo todo apunta a un mecanismo recaudatorio más que a una medida para resolver el problema», más cuando «es sabido que el régimen está en una carrera desesperada por recaudar fondos para sostenerse debido al aislamiento internacional que le ha cortado importantes fuentes de financiamiento».
