Pago con retraso: Empleados públicos esperarán más de un mes por su sueldo mientras Rosario Murillo se confunde de fecha
La vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció este miércoles que el pago correspondiente al mes de julio para los más de 126,000 empleados públicos en Nicaragua se realizará el próximo viernes 3 de julio, lo que representa un retraso con respecto al calendario habitual y una espera total de 35 días para los trabajadores desde su último cobro.
El último salario recibido por la planilla estatal fue desembolsado el pasado 29 de mayo, cuando el régimen adelantó de forma extraordinaria el pago del mes de junio para dinamizar el comercio antes de las celebraciones del Día de las Madres.
Sin embargo, este mecanismo de adelanto alteró el ciclo financiero de los empleados, quienes deberán estirar el presupuesto de mayo durante más de un mes completo antes de volver a percibir ingresos.
“El Ministerio de Hacienda nos informa que vamos a estar en capacidad de realizar el pago mensual el viernes 3 de julio”, informó Murillo a través de los medios oficialistas.
Durante su intervención, la funcionaria incurrió en una confusión al referirse al viernes 3 de julio como “pasado mañana”, cuando en realidad faltan nueve días para que se cumpla dicha fecha.
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El desembolso es esperado por 76,809 mujeres y 50,142 hombres que componen la planilla del Estado. Desde enero, todas las instituciones públicas cobran en una sola fecha, eliminando la vieja práctica de pagar primero a sectores sensibles como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Educación (Mined).
Un sueldo recortado para el partido
Además de la prolongada espera, el salario de julio llegará con las deducciones obligatorias directas implementadas por el régimen desde inicios de mayo para financiar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
A diferencia de los años anteriores, en los que los secretarios políticos solicitaban «aportes voluntarios» en efectivo principalmente a los altos cargos, el régimen formalizó la medida aplicando un descuento automático y obligatorio directamente en el sistema de planillas de casi todo el aparato estatal.
Según denuncias de los propios afectados, estas cuotas obligatorias se imponen de forma discrecional según el nivel de ingresos y pueden llegar a representar hasta el 10 por ciento del salario neto de los trabajadores.
