Récords policiales “manchados” truncan regularización migratoria de nicaragüenses en España
Luis lleva cinco años viviendo en España sin permiso de residencia. Carla llegó hace tres años al país europeo y desde entonces espera una respuesta a su solicitud de asilo que «no termina de salir». Ismael acumula siete años “sin papeles”, dibujándoselas para «sobrevivir», como él mismo dice: “solo Dios sabe cómo”.
Los tres son nicaragüenses que ven esfumarse la oportunidad de cambiar su estatus migratorio en España por medio de la regularización extraordinaria impulsada por el gobierno de ese país. La razón: récords policiales «manchados» que entrega la Policía del régimen de Nicaragua.
“No son casos aislados”, advierte Maxine, integrante del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, organización que acompaña a ciudadanos de distintas nacionalidades que buscan acogerse al proceso de regularización extraordinaria en España.
Según explica, en las últimas semanas ha conocido, a través de distintas redes de activistas, casos reportados en varias comunidades españolas. El patrón se repite entre migrantes nicaragüenses: récords policiales emitidos por la Policía del régimen con antecedentes, anotaciones y causas judiciales que antes no aparecían en esos certificados.
“Estamos viendo personas que habían logrado rehacer su vida aquí y ahora se encuentran con un obstáculo inesperado”, lamenta.
La activista asegura que entre los afectados hay exiliados políticos, migrantes con años viviendo en la irregularidad e incluso ciudadanos cuyos procesos judiciales ocurrieron hace décadas y ya estaban resueltos.
El temor crece porque estos documentos son un factor determinante dentro de trámites migratorios como el proceso de regularización. «Un récord manchado automáticamente te hace inelegible para obtener una residencia», apunta.
La trampa policial del récord manchado
Desde el tercer trimestre de 2024, sin aviso, la Policía dejó de entregar certificados de conducta limpios a ciudadanos aun cuando ofrece el servicio y cobra por ello.
El cambio que afecta a miles de nicaragüenses dentro y fuera del país fue reportado el pasado febrero por DESPACHO 505 basado en múltiples denuncias de personas afectadas por la medida.
Oficialmente, la Policía no ha informado sobre cambios en la disposición interna que excluía de los registros oficiales ciertos antecedentes y procesos judiciales.
Entre ellos figuraban investigaciones no remitidas al Ministerio Público, casos cerrados mediante mediación, resoluciones por falta de mérito, desistimientos de las partes y sentencias de no culpabilidad. La medida estaba respaldada —según documentos policiales— por las facultades establecidas en la Ley 872, que regula la organización y funciones de la institución.
Actualmente, basta con que se haya presentado una denuncia en contra de una persona para que aparezca en el récord de Policía, aunque no se haya probado nada ni determinado responsabilidad o el Ministerio Público ni siquiera haya encontrado méritos para impulsar un proceso judicial.
«Incluso figuran denuncias de hace más de diez años», confirmó un abogado a este medio.
La situación desde el principio generó alarma porque estos certificados forman parte de la documentación requerida en numerosos trámites internos y que en el caso de personas migrantes o exiliadas pueden poner en riesgo procesos clave.
Entre los casos de nicaragüenses en España afectados que ha conocido DESPACHO 505 destaca el de «Luis», en cuyo récord fue incluido un accidente vehicular con víctima ocurrido hace 30 años en Carazo.
Explica que desde que saldó su responsabilidad con la justicia por esa falta durante años esta nunca fue agregada a su certificado de conducta, incluso el que tramitó cuando emigró tras ser señalado de participar en un tranque.
Maxine explica que el caso es complejo pues España no admitirá a personas cuyos países las reporten con historial delictivo.
“Me están castigando otra vez”
Ismael, de 35 años, abandonó Estelí en enero de 2019, luego de sufrir una detención policial exprés y quedar «fichado». Recibió una negativa de asilo tres años más tarde que apeló y no ha sido resuelta. Explica que reúne todos los requisitos para aplicar a la regularización: «el peón es el récord porque me ponen delitos de tentativa de homicidio y portación de armas cuando nunca he tenido una en mis manos».
La activista del Movimiento de Mujeres Migrantes confirma que la situación es especialmente complicada para exiliados fichados por la Policía del régimen que aún no han logrado el reconocimiento del asilo político. Explica que ahora la institución añade delitos graves en sus récords policiales, mientras los afectados no tienen pocas posibilidades de demostrar ante autoridades migratorias que esas acusaciones están ligadas al contexto político de Nicaragua.
El brazo largo de la represión
Varios migrantes denuncian que detenciones arbitrarias, acusaciones fabricadas o expedientes abiertos durante las protestas ahora aparecen reflejados en sus récords policiales.
«Se trata de un nuevo mecanismo de represión transnacional», denuncia la activista.
La preocupación crece porque miles de nicaragüenses buscan acogerse al mecanismo extraordinario de obtención de residencia abierto en España que finaliza el 30 de junio.
En ese contexto, el récord policial es un documento indispensable y si no está limpio automáticamente se convierte en una nueva barrera burocrática para quienes escaparon de la crisis nicaragüense. “Muchos salieron huyendo de la represión y ahora sienten que el régimen los sigue castigando desde la distancia”, señaló la fuente.
Ismael lo resume con frustración. Después de siete años sobreviviendo en España esperando una oportunidad para salir de la irregularidad, «el régimen vuelve a arruinarme la vida», dice con decepción.