Con esta reformas, Ortega elimina el Modelo de Alianza y Consenso que pregonó y mantuvo con el gran capital, representado por el Cosep, desde el 2007 que le permitió gobernar a su antojo.

El régimen de Daniel Ortega ha desembolsado casi ocho millones de córdobas para atender a las familias de los policías que, según la institución, resultaron muertos y heridos cuando reprimían las protestas ciudadanas. Las víctimas directas de la represión son ignoradas por la dictadura.

Al menos ocho personas fueron asesinadas por motivos políticos en Nicaragua entre enero y junio de este año, revela el primer informe semestral de la CPDH. La cantidad de víctimas de ejecuciones selectivas puede ser mayor ya que el organismo solo registró los casos en que las familias se atrevieron a denunciar.

Medardo Mairena anunció que el Movimiento Campesino decidió asumir el reto de dar pasos que propicien la unidad que se requiere para fortalecer la lucha cívica contra la dictadura en Nicaragua. “Esta lucha es de todos, y debemos unir esfuerzos”, instó.

Desde un perfil en Facebook la abogada de la CPDH recibe amenazas de muerte contra ella y su familia; no es la primera vez que sufre intimidación pero decidió denunciar porque considera que han pasado los límites. La CPDH llama a Daniel Ortega cumplir con proteger a los defensores como se lo mandó la Corte IDH y la CIDH.

En el primer semestre de este año la CPDH recibió 1,769 denuncias. En el 70% de los casos la Policía ha sido la más señalada, convirtiéndose en la institución más violadora de los derechos humanos en el país. En general, las denuncias han aumentado un 47%.

Detenciones arbitrarias, allanamientos de medios informativos, vigilancia y hasta encarcelamiento de periodistas fueron algunas de las violaciones a la libertad de prensa cometidas por la dictadura de Daniel Ortega.

Guillermo Herrera Moncada desapareció desde el 22 de julio tras su ingreso a Nicaragua a través de la frontera sur. El año pasado salió hacia Costa Rica junto a su esposa. “Recibimos llamadas de personas diciendo que estaba en una lista, no quisiera pensar que está en una cárcel”, denuncia la mujer.

A la cita de Lima no asistirán ni Nicolás Maduro, ni el presidente encargado Juan Guaidó, a fin de evitar "la polarización" del evento. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, confirmó el sábado que estará presente.

La Corte Suprema de Justicia recibe los recursos por inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía, pero los engaveta. Los Defensores del Pueblo sostienen que la norma garantiza impunidad y viola el derechos a la justicia que tienen todos los ciudadanos.