El régimen amplía espionaje financiero: exigirá reportes sobre compras y retiros con tarjetas
Ninguna operación financiera en Nicaragua escapará al filtro del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un paquetazo de reformas amparado en supuestas medidas contra el terrorismo amplía su sistema de vigilancia y control financiero a tal punto que todas las transacciones en efectivo, con tarjetas de créditos o débito y hasta con monedas virtuales estarán sujetas a supervisión.
La modificación amplía las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y extiende el monitoreo estatal a operaciones realizadas con tarjetas bancarias, activos virtuales y estructuras societarias.
La iniciativa, que reforma las leyes 977 y 976, así como el Código Penal, obliga a los denominados «Sujetos Obligados» a reportar a la UAF una gama más amplia de operaciones financieras, bajo criterios que la propia institución podrá definir con un «enfoque basado en riesgo».
El texto establece que la UAF regulará «las condiciones, procedimientos y forma» para que entidades financieras y otros actores reporten información de manera «directa y confidencial» para el inicio de sus análisis, es decir, que no hará falta la intervención judicial.
Entre las nuevas obligaciones figura el reporte de transacciones en efectivo, tanto nacionales como internacionales, así como transferencias realizadas en moneda tradicional o mediante activos virtuales.
El régimen tendrá acceso a compras y pagos con tarjetas
La reforma va más allá al incorporar el reporte de pagos, compras y retiros en efectivo efectuados con tarjetas de crédito y débito, ampliando el alcance del escrutinio sobre operaciones cotidianas del sistema financiero.
También ordena reportar discrepancias entre la información sobre beneficiarios finales declarada por clientes y empresas y los registros oficiales, una medida que fortalece la capacidad del Estado para rastrear estructuras societarias y la titularidad efectiva de activos.
Otro de los cambios incorpora expresamente a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), sometiendo a supervisión las operaciones vinculadas a criptomonedas y otros activos digitales.
La reforma faculta además a la UAF para requerir «otras informaciones vinculadas a operaciones, umbrales u otros criterios que se establezcan con un enfoque basado en riesgo», lo que deja margen a futuras exigencias regulatorias.
Las reformas se suman a una serie de cambios legales impulsados por el régimen desde 2018 bajo el argumento del combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Organismos nacionales e internacionales han advertido, sin embargo, que el creciente entramado legal también ha servido para aumentar el control estatal sobre organizaciones, empresas y ciudadanos en un país donde el espacio cívico y las libertades públicas se han reducido drásticamente.
