El régimen crea comité para vender y subastar bienes del Estado, engrosados con propiedades confiscadas
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo creó un nuevo comité encargado de administrar y autorizar la venta y subasta de los bienes del Estado. La creación de este órgano levanta suspicacias tomando en cuenta que en los últimos años el patrimonio bajo control estatal se ha engrosado con las confiscaciones ejecutadas a opositores, organizaciones civiles, universidades, congregaciones religiosas y medios de comunicación.
Además, la formalización de la instancia coincide con la alerta que generó la salida al mercado inmobiliario de la vivienda confiscada al fotorreportero Oswaldo Rivas, además de la denuncia de ocupación de la casa de la doctora Anely Pérez en el municipio El Crucero, Managua.
La creación del denominado Comité de Bienes del Estado (CBE), fue oficializada este martes mediante el Acuerdo Ministerial No. 006-2026 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), publicado este martes en La Gaceta, Diario Oficial. Las facultades de esta instancia -dice el documento- es aprobar subastas públicas, clasificar activos estatales y supervisar la disposición final de bienes.
Bajo en control de Hacienda
Según el acuerdo, el comité estará presidido por la máxima autoridad de Hacienda o su delegado e integrado por representantes de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Tesorería General de la República y la División de Asesoría Legal. La Dirección de Bienes del Estado participará con voz, pero sin voto.
Entre sus atribuciones figura aprobar la venta de bienes muebles y vehículos declarados en condición de baja o chatarra, conocer los informes de liquidación de subastas y recomendar normativas relacionadas con la administración del patrimonio estatal.
La normativa también crea un Comité Técnico Ad Hoc de Subasta Pública, encargado de preparar los expedientes técnicos y administrativos de cada proceso de venta de bienes estatales.
Más de 250 millones en bienes robados desde 2018
Aunque el acuerdo no especifica el origen de los activos sujetos a subasta, la creación del nuevo órgano ocurre en un contexto marcado por el crecimiento del patrimonio administrado por el Estado tras las confiscaciones ejecutadas por el régimen desde 2018.
El Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción del organismo Hagamos Democracia, cifró en 250 millones de dólares los bienes que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado ilegalmente en propiedades que pertenecía a opositores. El dato, que podría ser mayor, es parte de una investigación realizada en 2024 por el organismo con reducido número de afectados decidió brindar información.
El análisis estimó el valor de apenas 135 propiedades confiscadas, apenas «la punta del iceberg» de todo lo confiscado por Ortega y Murillo desde 2018, señalaron en su momento los investigadores.
Solo el precio de 78 propiedades confiscadas a parte de los 222 desterrados a Estados Unidos y los 94 desnacionalizados suma18 millones de dólares, entre viviendas, edificios que alquilaban a organismos no gubernamentales, casas para ir de vacaciones, así como locales de negocios.
A esto se suman 8.4 millones de dólares en propiedades confiscadas a 41 de las 3,494 oenegés ilegalizadas hasta la fecha del estudio; 163 millones de dólares en bienes reportados por empresarios y 30.6 millones de dólares en los bienes robados a las universidades, 21 en total.
Entre los bienes incautados por el régimen figuran sedes de organizaciones civiles, inmuebles pertenecientes a opositores políticos y las instalaciones de medios de comunicación y de la Iglesia católica, activos que posteriormente han sido reasignados a instituciones públicas o convertidos en centros estatales.
El acuerdo que crea el nuevo comité que administrará el patrimonio estatal deroga dos normativas aprobadas en 2019 que regulaban estas funciones, lo que supone una reorganización del sistema de administración y disposición de bienes estatales bajo control del Ministerio de Hacienda. La disposición fue firmada el 5 de junio por el viceministro de Hacienda, Nicolás Espinoza Rivera, y entró en vigor desde esa fecha, sin perjuicio de su posterior publicación oficial.
