Viuda de Humberto Ortega cumple dos años en desaparición forzada en Nicaragua
Angélica Patricia Chavarría Altamirano, viuda del general en retiro Humberto Ortega, quien murió en manos de la dictadura Ortega-Murillo, permanece en condición de desaparición forzada desde su detención el pasado 19 de mayo de 2024.
La desaparición de Chavarría Altamirano fue denunciada este martes por el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, con sede en Costa Rica, que exigió una prueba de vida inmediata y garantías para su integridad física.
Chavarría Altamirano fue arrestada junto al exjefe del Ejército de Nicaragua y hermano menor de Daniel Ortega, después de que éste cuestionara públicamente la “sucesión dinástica” impulsada por por Rosario Murillo y advirtiera sobre una deriva “dictatorial” en el país.
“¿Dónde está Angélica Patricia Chavarría Altamirano?”, cuestionó el colectivo de derechos humanos, quien exigió que se le asigne defensa legal, atención médica y comunicación con sus familiares.
Dictadura ignora resolución de la CIDH
El Colectivo recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Chavarría Altamirano debido al riesgo que enfrenta. Sin embargo, señaló que el régimen nicaragüenses continúan sin ofrecer información sobre su situación.
Asimismo, la oenegé informó que presentó una acción urgente ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, aunque aseguró que el Estado de Nicaragua no respondió a las solicitudes del organismo internacional.
El organismo también exigió una prueba de vida del excoronel sandinista Víctor Boitano Coleman, de 63 años, detenido por la Policía Orteguista el 23 de abril de 2024.
“El régimen Ortega-Murillo ha establecido una política de desaparición forzada en el país”, advirtió el Colectivo, que sostuvo que estas prácticas colocan a los detenidos en una situación de “vulnerabilidad extrema” y eliminan de facto el derecho a la defensa.
Según el organismo, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas constituyen crímenes de lesa humanidad que no prescriben y deben ser investigados y sancionados.
