Europa endurece su política migratoria: Estos son los cambios para quienes piden asilo o buscan quedarse
La política migratoria de la Unión Europea ha cambiado de forma drástica. El espacio integrado por 27 países, incluido España, consolida un giro restrictivo sin precedentes mediante dos herramientas legales complementarias: el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA) —plenamente operativo desde este mes— y el nuevo Reglamento de Retornos, recién aprobado por el Parlamento Europeo.
Con estas nuevas herramientas, habrá centros de deportación fuera de sus fronteras y procesos de asilo mucho más rápidos para frenar la migración irregular. El control afectará desde menores de seis años con registros biométricos hasta deportaciones rápidas de turistas que decidan quedarse sin papeles.
La magnitud de este giro responde a una realidad compleja. Se calcula que en la Unión Europea residen entre 2,6 y 3,2 millones de personas en situación irregular. La presión de los gobiernos por ejecutar retornos eficaces se refleja en las estadísticas de Eurostat: en el último año consolidado se emitieron 491.950 órdenes de expulsión en todo el bloque. Francia lideró los expedientes con 137.550 (28%), seguida de Alemania (55.240) y España (53.700).
Sin embargo, la tasa de ejecución real de estas deportaciones apenas ronda el 30%, un desfase operativo que motivó el endurecimiento radical de las normas impulsado principalmente por Italia, Dinamarca y Países Bajos.
Centros de deportación fuera de la UE
El nuevo Reglamento de Retornos —pendiente de ratificación en el Consejo de la UE— busca homogeneizar las leyes nacionales para elevar ese porcentaje de expulsiones.
Se autoriza la creación de “centros de retorno” en terceros países (como Albania, los Balcanes Occidentales o acuerdos bajo discusión en el norte de África). Los migrantes con orden de expulsión serán trasladados allí mientras se tramita su salida.
Antes: Si un migrante recurría su orden de deportación ante un tribunal, el proceso se congelaba automáticamente hasta que un juez dictaba sentencia.
Ahora: El recurso no detiene la expulsión; el ciudadano será deportado de inmediato a menos que un juez, de forma excepcional, paralice la salida.
El límite de retención en centros de internamiento pasa de un máximo excepcional de 18 meses a un periodo ordinario de 24 meses, prorrogable a 30 meses si las autoridades alegan falta de cooperación.
Las prohibiciones de reingreso al espacio Schengen se elevan a un rango de entre 5 y 10 años, pudiendo ser de por vida por razones de seguridad.
Nuevas reglas para quienes llegan y piden asilo para quedarse
El nuevo Pacto de Asilo (PEMA), ya en vigor, transforma radicalmente la realidad de miles de migrantes, incluidos los latinoamericanos que ingresan legalmente como turistas por aeropuertos como Madrid-Barajas y luego buscan regularizarse.
Antes: El migrante dejaba vencer sus 90 días de turista o solicitaba asilo. En este último caso, entraba en un sistema de protección nacional que, aunque saturado, le permitía residir y trabajar legalmente a los seis meses mientras su expediente tardaba años en resolverse. Si decidía esperar el arraigo, el riesgo de expulsión real era bajo debido a la lentitud administrativa.
Ahora: Al solicitar protección internacional, el migrante se somete a un cribado obligatorio de siete días (proceso obligatorio de revisión, filtro y clasificación) y a un registro biométrico completo en la base de datos Eurodac, que ahora incluye imágenes faciales y reduce la edad mínima de registro de los 14 a los 6 años.
Si el solicitante de asilo procede de un país con bajas tasas de aprobación de asilo en la Unión Europea (como Colombia o Perú, cuyas denegaciones en España rozan el 90%), se le aplica el procedimiento de «ficción de no entrada».
Legalmente ahora se considera que no ha pisado suelo europeo y su solicitud se tramita de forma exprés en un plazo máximo de 12 semanas. Si se deniega, la orden de expulsión se ejecuta de inmediato sin que el recurso ante el juez suspenda el proceso, cerrando la puerta a la estrategia común de esperar los tres años necesarios para el arraigo.
¿Cómo afecta el nuevo Pacto de Asilo de la UE a los nicaragüenses?
Para la comunidad nicaragüense, las tasas de aprobación de asilo en España, por ejemplo, muestran una realidad completamente distinta y mucho más favorable que la de otros países de la región.
La tasa de aprobación oscila entre el 42% y el 64% según el volumen de expedientes revisados cada año. Esto significa que aproximadamente uno de cada dos nicaragüenses que completan su proceso en España obtiene una resolución favorable.
Al ingresar por el aeropuerto, si el nicaragüense no sabe explicar con claridad e inmediatez su caso de persecución política en el control fronterizo o en el cribado obligatorio de siete días, corre el riesgo de ser clasificado erróneamente en el carril de “migrante económico” y ser devuelto.
El choque político de España ante estas nuevas reglas
Esta transformación legal ha provocado una evidente fractura en Bruselas. España se sitúa como la principal voz discordante frente a la línea dura de sus socios.
Mientras una alianza de 19 países presiona para acelerar la apertura de centros de detención fuera de territorio europeo, España implementa una regularización masiva para conceder permisos de residencia a cerca de un millón de extranjeros.
Los líderes europeos reprochan abiertamente a Madrid que estas medidas unilaterales provocan un “efecto llamada” que impacta a todo el espacio Schengen. España, atrapada entre sus necesidades laborales demográficas y las exigencias de control de Bruselas, encara el reto de adaptar sus leyes a un marco común europeo que ya no tolera la flexibilidad del pasado.
