El laberinto de la sucesión: Ortega y Murillo exhiben su debilidad con parches constitucionales y una fórmula somocista
Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenaron una nueva reforma exprés a la Constitución Política de Nicaragua que elimina la figura del vicepresidente de la jerarquía del Poder Ejecutivo para crear la de los designados presidenciales, cuyo nombramiento y funciones quedan bajo su total control. La enmienda supone un nuevo movimiento en la carrera por resolver el problema de fondo de la dictadura: quién heredará el poder y cómo garantizar una sucesión que no provoque más fracturas dentro del sandinismo, coinciden analistas consultados por DESPACHO 505.
Con el tiempo jugando en contra de Ortega, de 80 años, el matrimonio de dictadores acelera el paso para definir las reglas de una eventual sucesión y esta vez hasta recurriendo incluso a una figura que usó la dictadura somocista. La incógnita no es únicamente quién ocupará el poder, sino cómo asegurar el control político familiar. «Es un nuevo acto desesperado», sostiene el politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga.
«Lo que la dictadura aprobó no es una reforma constitucional. Es el tercer bandazo en menos de tres años de un régimen que no logra resolver su propio problema de sucesión», afirma Maradiaga.
El opositor señala la falta de «coherencia» entre las sucesivas reformas constitucionales impulsadas por Ortega y Murillo para allanar el camino de la sucesión. Primero modificaron la Constitución para permitir el nombramiento de varios vicepresidentes; después instauraron la copresidencia y ahora eliminan la vicepresidencia múltiple para incorporar la figura de los designados presidenciales. «Una dictadura que estuviera en control no necesitaría reescribir su Constitución cada pocos meses», sostiene el Maradiaga, quien considera que estos cambios, lejos de constituir una demostración de poder, evidencian las dificultades del régimen para encontrar una salida al laberinto de la sucesión.
«El fondo de todo esto es evidente. Daniel Ortega tiene una edad avanzada, un deterioro físico visible y un declive cognitivo que ya nadie en el poder puede disimular. Rosario Murillo sabe que ese momento llegará y no ha encontrado la fórmula para heredar el poder sin fracturar al partido», sostiene Maradiaga.
La reforma al artículo 126 de la Constitución fue enviada por Ortega y Murillo a la Asamblea Nacional este 22 de octubre y aprobada de inmediato por los diputados sometidos a su control. El cambio llega apenas un año y ocho meses después de la reforma constitucional de febrero de 2025, que instauró la copresidencia y concentró nuevas atribuciones en el Ejecutivo.
De acerudo con el politólogo, la posibilidad de incorporar a Laureano Ortega Murillo entre los designados presidenciales deja también claro que «no buscan continuidad institucional, buscan una sucesión dinástica. Lo que aspiran a construir es un partido único, una Corea del Norte en Centroamérica, y hacia allá camina Nicaragua».
«Todo huele a sucesión»
La excomandante guerrillera e historiadora Dora María Téllez también vincula la reforma con el problema sucesorio: «Todo huele a sucesión. Huele a que Rosario Murillo se quiere asegurar un mecanismo para tener control de los sucesores, que no sea automáticamente un vicepresidente que pueda sustituirla ella o sustituir a Ortega», plantea.
La exguerrillera insistió en que la pregunta central sigue sin respuesta: «¿Quién sucede si falta Daniel Ortega o si falta ella?».
A diferencia de Maradiaga, que interpreta los cambios como una expresión de fragilidad política, Téllez planteó además la posibilidad de que la nueva figura permita delegar determinadas funciones políticas, económicas o comerciales en personas de absoluta confianza de los dictadores.
Entre esas funciones mencionó eventuales negociaciones con Estados Unidos o con el grupo ministerial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creado para abordar la situación de Nicaragua.
«No sé si ellos estarán pensando en que uno de esos designados presidenciales, que supongo ha de ser uno de sus hijos, pueda establecer algún diálogo con los Estados Unidos, con la Comisión Interministerial de la OEA», expresó.
Téllez llamó la atención sobre la rapidez con la que fue aprobada la reforma. «En un solo día metieron el proyecto, lo aprobaron… algo se está moviendo, advierte.
Una figura empleada en tiempos de Somoza
La figura de los designados presidenciales no es nueva en Nicaragua. Anastasio Somoza García la incorporó a la Constitución de 1939, que así como están haciendo ahora Ortega y Murillo, eliminó la vicepresidencia y estableció tres designados elegidos por el Congreso Nacional.
El dictador se reservó la facultad de determinar el orden en que debían sustituirlo. En septiembre de 1953, recurrió a este mecanismo para dejar temporalmente la Presidencia en manos de su hijo Luis Somoza Debayle durante un viaje por Sudamérica.
Tres años después, tras la muerte de Somoza García, el Congreso eligió a su hijo para completar el mandato presidencial. La figura se mantuvo en distintas etapas de la dictadura y volvió a quedar recogida en la Constitución de 1974.
Dora María Téllez recordó que, durante el somocismo, los designados presidenciales formaban parte del mecanismo de sucesión. «Esa figura de designados presidenciales en el pasado, en la época del somocismo, se ocupaba para la sucesión. Es decir, los designados eran los sucesores del presidente, según la Constitución somocista», explicó.
A su juicio, la nueva reforma de Ortega y Murillo no se limita a sustituir la denominación de vicepresidente por la de designado presidencial. Téllez considera que el cambio podría responder al propósito de impedir que exista un sucesor automático fuera del control directo de Murillo.
El temor a una fractura del sandinismo
Félix Maradiaga va más allá del mecanismo de sucesión. Considera que las reformas también reflejan el temor de Ortega y Murillo a que el descontento alcance las estructuras políticas que todavía sostienen a la dictadura.
«La única explicación de ese nerviosismo es el miedo. Miedo al pueblo nicaragüense, y miedo incluso a quienes hoy se definen como votantes sandinistas», afirmó.
El dirigente opositor relacionó ese temor con el anuncio el pasado 19 de julio sobre la eliminación de las elecciones previstas para 2027, una decisión de la que posteriormente retrocedió.
Según Maradiaga, los dictadores buscan cerrar cualquier espacio que pueda facilitar una disputa por el poder, incluso dentro del propio sandinismo.
«Hoy vuelve a intentarlo por otra vía, clausurando cualquier canal por donde pudiera asomar un descontento o una fisura dentro del propio sandinismo», sostuvo.
Para el opositor, las sucesivas modificaciones constitucionales contradicen la imagen de control político que proyecta la dictadura, pese a la concentración de poder y a la eliminación de organizaciones civiles, partidos opositores y otros espacios independientes.
«Este régimen todavía no logra imponer el mecanismo que quiere. Esa es la medida real de su fragilidad. No son las decisiones de un régimen que gobierna con seguridad. Son las decisiones de un régimen desesperado y atrapado en la trampa que él mismo construyó», afirmó.
