Traspasan La Gaceta y la Secretaría Jurídica de la a la Procuraduría sandinista

La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó «por unanimidad» una ley que traspasa el control de la Secretaría Jurídica y del Diario Oficial La Gaceta a la Procuraduría General de Justicia (PGJ), bajo el argumento de una reorganización administrativa del Estado.

Con este «reordenamiento», Ortega y Murillo amplían las atribuciones de la Procuraduría General de Justicia, uno de los principales instrumentos de control jurídico del régimen sobre las instituciones del Estado.

La entidad a cargo de la sancionada Wendy Morales, ejerce la representación legal estatal y asumió el control de los Registros Públicos tras ser separados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en noviembre de 2023. A partir de ahora esta súper dependencia tendrá bajo su mando la Secretaría Jurídica de la Presidencia y el Diario Oficial La Gaceta, encargada de publicar leyes, decretos, acuerdos, nombramientos y demás disposiciones oficiales.

La medida se establece en la Ley de Adiciones a la Ley 1259, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, y de Reforma al Decreto Ejecutivo 31-2002, Reglamento del Diario Oficial La Gaceta.

Cambia el control, no sus atribuciones

Los diputados sandinistas defendieron que se trata de un cambio administrativo que no afecta las funciones.

«La Secretaría Jurídica que actualmente es Secretaría Jurídica de la Presidencia, pasa a estar como parte y bajo el mando de la Procuraduría General de Justicia, quien es el abogado del Estado, entonces tiene una lógica y de la misma forma, esa Secretaría Jurídica que tenía a La Gaceta bajo su mando, pasa bajo el mando de la PGJ. Es un proceso de reorganización administrativa para hacer más eficiente el Estado nicaragüense”, afirmó el sancionado presidente de la Junta Directiva del Parlamento, Gustavo Porras.

La Secretaría Jurídica deja de depender de la Presidencia y pasa a ser regida por la PGJ conservando las funciones de elaboración de propuestas de leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, así como la preparación de acuerdos presidenciales de nombramiento, traslado y destitución de funcionarios.

La dependencia también continuará elaborando las resoluciones relacionadas con recursos de apelación administrativa, conforme a la Ley 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo.

Según la justificación oficial, la reforma busca mejorar la eficiencia institucional, racionalizar el gasto público y optimizar el funcionamiento de las entidades estatales.