Dictadura Ortega-Murillo reforma la constitucional para nombrar designados presidenciales

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo aprobó una nueva reforma constitucional para incorporar la figura de los designados presidenciales, una disposición que permitiría al régimen nombrar a funcionarios para ejercer las funciones que les sean asignadas.

La iniciativa de reforma al artículo 126 de la Constitución Política de Nicaragua fue presentada ante la Asamblea Nacional y está dirigida a modificar el texto constitucional aprobado en febrero de 2025, para elevar a rango constitucional la figura de los designados presidenciales.

Según la dictadura, se trata de un nuevo modelo de gestión pública y permitiría nombrar a cualquier persona con el argumento de que se trata de fortalecer «la coordinación entre instituciones y garantizar que las decisiones presidenciales se traduzcan en resultados concretos».

Sin embargo, la iniciativa no detalla cuáles serían las funciones específicas de los designados presidenciales, cuántos podrían ser nombrados ni cuáles serían los límites de sus atribuciones. La reforma deja esas funciones a discreción de la Presidencia.

Entrará en vigor el próximo año

La nueva enmienda a la Constitución entrará en vigor una vez que haya sido aprobada en segunda legislatura y su posterior publicación en La Gaceta, Diario Oficial.

Este nuevo cambio se suma a los impulsados por la dictadura de Ortega y Murillo para reorganizar la estructura del Estado y ampliar las atribuciones de los codictadores. La incorporación de los designados presidenciales abre interrogantes sobre el alcance de los nombramientos, la distribución de funciones dentro del aparato estatal y los mecanismos de control sobre quienes ejerzan esos cargos.

Hasta ahora, los delegados de la dictadura operaban con poderes plenos que el régimen otorgaba a funcionarios sandinistas.