Costa Rica alerta que Nicaragua ya representa riesgo para la seguridad regional: «No podemos ser indiferentes»

El Gobierno de Costa Rica advirtió este miércoles que la crisis sociopolítica en Nicaragua ha dejado de ser un problema exclusivamente interno y representa una amenaza para la seguridad regional y estabilidad hemisférica. Además del deterioro democrático en el país, debido a la inminente abolición de las elecciones como mecanismo para el acceso al poder; San José alertó sobre el aumento de la presencia de fuerzas militares extranjeras en territorio nicaragüense y la expansión de la minería ilegal.

La situación, dijo la embajadora Alejandra Solano, urge que los Estados miembros la Organización de Estados Americanos (OEA) consoliden una respuesta del organismo.

«Nuestra preocupación también se extiende a las amenazas que esta situación representa para la seguridad regional y la estabilidad hemisférica», afirmó la embajadora costarricense durante la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la decisión de Daniel Ortega y Rosario Murillo de emprender reformas constitucionales para eliminar las elecciones -con el argumento de impedir que partidos o candidatos al servicio de Estados Unidos accedan al poder.

Solano señaló que el sistema interamericano tiene la responsabilidad de actuar cuando los principios democráticos son vulnerados de forma sistemática.

Alerta por presencia militares extranjeras y expansión de minería ilega

La diplomática expresó que observa «con suma preocupación» la presencia de fuerzas militares extranjeras en Nicaragua, así como la expansión de la minería ilegal en las zonas fronterizas, una situación ampliamente denunciada por el gobierno de Laura Fernández.

Según expuso Solano, esa actividad está estrechamente vinculada al crimen organizado transnacional, provoca graves daños ambientales, fortalece las economías ilícitas y constituye un desafío creciente para el mantenimiento de la paz, la seguridad y la gobernanza en la región.

Costa Rica recordó que, además de copatrocinar la resolución debatida por el Consejo Permanente, comparte frontera con Nicaragua y ha recibido a miles de personas que han huido del país en los últimos años.

«Como nación vecina, democracia consolidada y país de acogida de miles de personas nicaragüenses que han buscado refugio en nuestro suelo, no podemos permanecer indiferentes», afirmó.

La diplomática costarricense reiteró que la posición de su Gobierno frente a Nicaragua «ha sido, es y seguirá siendo inequívoca» en defensa de la democracia y recordó que no reconoció las elecciones de 2021 por la ausencia de garantías democráticas.

Asimismo, subrayó que las reformas constitucionales anunciadas para eliminar de manera permanente el pluralismo político y las elecciones como mecanismo de acceso al poder profundizan aún más la preocupación de San José.

La representación costarricense denunció también el cierre sistemático del espacio cívico, las restricciones a las libertades fundamentales y la persecución contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos y cualquier voz crítica del régimen.

Costa Rica sostuvo que «la defensa de la democracia y de los derechos humanos constituye una responsabilidad colectiva de todos los Estados miembros y un mandato esencial de esta organización». Asimismo reiteró que continuará impulsando el restablecimiento del orden democrático en Nicaragua y la celebración de elecciones «libres, democráticas, transparentes y plurales», al considerar que esa es la única vía legítima para que el pueblo nicaragüense pueda decidir libremente su futuro.