Servicio Jesuita a Laura Fernández: «La represión no se detiene en la frontera»de Nicaragua
Mientras el gobierno de Costa Rica guarda silencio ante el creciente rechazo a las declaraciones de la presidenta Laura Fernández, quien afirmó que los nicaragüenses tienen «su forma de gobierno, que han elegido tener», continúan sumándose voces que consideran sus palabras una relativización de la crisis política y de derechos humanos que vive Nicaragua.
Es el caso del Servicio Jesuita para Migrantes (SJM), que en un pronunciamiento público cuestionó las declaraciones de la mandataria y advirtió de que ese discurso contradice la realidad que viven miles de nicaragüenses refugiados en territorio costarricense.
La organización sostuvo que las palabras de Fernández «contradicen el consenso ampliamente documentado de la comunidad internacional y la realidad de miles de personas que acompañamos en Costa Rica».
El SJM recordó que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas concluyó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha transformado al país en un Estado autoritario, marcado por la persecución política, el silenciamiento de voces críticas y el exilio forzado.
«La población -dentro y fuera del país- enfrenta distintas amenazas, persecución, silenciamiento, exilio forzado y represalias sistemáticas», señala en el documento.
La organización también trajo a contexto los hallazgos de organismos internacionales sobre violaciones graves a los derechos humanos en Nicaragua, entre ellas asesinatos, torturas, encarcelamientos arbitrarios, violencia sexual, deportaciones forzadas, persecución política, entre otros abusos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Para el SJM, esos antecedentes hacen incompatible presentar la situación nicaragüense como el resultado de una libre elección democrática.
La persecución no termina en la frontera
El pronunciamiento subraya además que la represión del régimen no se limita a las fronteras nacionales. Cita informes del Grupo de expertos de la ONU, que identifican una «arquitectura transnacional de inteligencia» destinada a vigilar, intimidar y atacar a personas nicaragüenses en el exilio.
«Rechazamos que se relativice o legitime la crisis vigente en Nicaragua y el autoritarismo que sigue empujando a las personas al desplazamiento forzado», afirmó la organización.
El señalamiento cobra relevancia porque Costa Rica es el principal país receptor del exilio nicaragüense desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018 y el Servicio Jesuita para Migrantes una de las organizaciones que han acompañado a la población que se ha refugiado en el vecino país.
Para el Servicio Jesuita para Migrantes, minimizar la gravedad de la crisis nicaragüense no puede interpretarse como un gesto de neutralidad. «No es neutralidad ni pragmatismo», sino una postura que entra en contradicción con la tradición costarricense de defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, sostiene.
Las declaraciones de Fernández se producen en un momento en que organismos internacionales continúan documentando el deterioro de las libertades fundamentales en Nicaragua y el aumento de las formas de represión ejercidas más allá de sus fronteras.
