Dictadura obligará a financieras, cooperativas y oenegés a revelar los nombres de sus socios y beneficiarios

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió a la Asamblea Nacional un paquetes de reformas con el que obligarán a las financieras, cooperativas y organismo de la sociedad civil (oenegés) a revelar los nombres de los socios y beneficiarios finales bajo la amenaza de no renovar la personería jurídica.

El paquete de medida pretende vigilar, controlar e inmovilizar activos económicos bajo el pretexto de que se trata del cumplimiento de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para controlar el terrorismo y el lavado de dinero.

«Para garantizar la transparencia de las personas jurídicas y estructuras jurídicas (fideicomisos) se les obliga al igual que a las cooperativas y a los Organismos Sin Fines de Lucro, declarar a su beneficiario final ante el Registro de Beneficiario Final, ante el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo y el Ministerio del Interior respectivamente, como requisito para el otorgamiento de la personalidad jurídica, debiendo actualizar la información cada año o cuando se produzcan cambios en las personas o datos declarados», señala la iniciativa de ley enviada por los dictadores a la Asamblea Nacional.

Según la dictadura, se trata de una actualización del marco legal para «fortalecen los mecanismos de mitigación de riesgos vinculados al ocultamiento del beneficiario final al obligar a los socios, accionistas o miembros de una sociedad mercantil»; sin embargo, lo que pretende es controlar los movimientos financieros realizado tanto en Nicaragua como en el extranjero.

De acuerdo con la reforma, a partir de ahora todas las instituciones financieras están obligadas a reportar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) los «reporte de pagos, compras y/o retiros en efectivo nacionales e internacionales utilizando tarjetas de crédito y/o débito».

Además, a revelar el nombre de los clientes proveedores de servicios de activos virtuales y de transferencia de activos virtuales, bajo la amenaza de imponer penas carcelarias y el decomiso de fondos, dinero, bienes y cualquier otro activo, incluyendo los virtuales.

Reciprocidad para seguir a opositores

La dictadura pretende recurrir al principio de reciprocidad basado en los acuerdos internacionales para solicitar información a gobiernos extranjeros sobre nicaragüenses a los que considere terroristas.

Además, propone el intercambio de información mediante cooperación internacional para obtener informes sobre los beneficiarios final de personas jurídicas y estructuras jurídicas que tengan acciones o inversiones en Nicaragua con la figura de fidecomiso.

Asimismo, pedirá información relevante sobre las oenegés internacionales que la dictadura considere como riesgo o sospechosas por financiar el terrorismo o participación en otras formas de apoyo al terrorismo; así como cualquier otra información «para la prevención, investigación y sanción de la ley de lavado de dinero, terrorismo y armas de destrucción masiva.