Femicidio en Masachapa: 65 asesinadas en 10 meses, es el peor año desde 2014
Yorly Xiomara Cuadra Delgadillo, una mujer de 37 años, fue asesinada a cuchilladas la mañana de este viernes en Masachapa, municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua. Este femicidio eleva a 65 la cantidad de asesinadas en lo que va del año en Nicaragua, lo que convierte al 2020 en el peor año para las mujeres desde 2014.
En el caso del femicidio en Masachapa la Policía señaló a Juan Antonio Narváez Rocha, de 62 años, como el agresor y pareja de la víctima. El hombre se encuentra ingresado en el hospital Antonio Lenín Fonseca donde recibe atención médica bajo custodia policial. El cuerpo de la mujer fue llevado al Instituto de Medicina Legal para su debida autopsia.
Este caso de violencia machista se da a una semana de un femicidio registrado en Wiwilí, Jinoetega, donde una mujer de 27 años fue asesinada a balazos por su pareja.
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Fátima Jonelia Cruz Umanzor tenía 23 días de haber dado a luz a su cuarto hijo. Esaú Centeno Duarte, el presunto femicida, se dio a la fuga y hasta ahora la Policía no ha podido capturarlo.
Desde el 2014 cuando se registraron 75 femicidios en Nicaragua no se registraba una cifra tan alta de mujeres asesinadas en un año. En 2015 hubo 53; en 2016, 49; en 2017, 63; en 2018, 57 y el año pasado 63.
AMENAZA DE CADENA PERPETUA NO FRENA VIOLENCIA MACHISTA
El incremento de crímenes contra las mujeres se dan en un contexto en que el régimen de Daniel Ortega promueve una reforma a la Constitución Política de Nicaragua para imponer cadena perpetua en este tipo de «crímenes de odio», como son calificados por la vicepresidenta Rosario Murillo.
Esta iniciativa de cadena perpetua es vista más bien como una herramienta legal que usaría el régimen para criminalizar la protesta e imponer el miedo entre sus opositores.
María Teresa Blandón, socióloga y directora del programa feminista La Corriente, considera que la cadena perpetua no es la solución a un problema tan complejo como la violencia machista.
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“Podemos entender que la familia pida cadena perpetua porque hay un dolor imborrable y es muy difícil llegar al perdón. Sin embargo, nosotras no creemos que esa sea la solución a un problema tan complejo como la violencia machista. Si metiéramos de por vida a los femicidas y los violadores van a salir para ser enterrados. ¿Y qué resolvemos con eso?”, cuestiona la experta.
Blandón sostiene que el Estado no puede seguir siendo cómplice de los agresores y lo que debería hacer es aplicar con rigurosidad las leyes vigentes en la materia. “Se necesita invertir más en prevención, educación, sanción a los agresores, acceso a la justicia y reparación a las víctimas”, indica.
Para Martha Flores, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, las autoridades abordan con excesiva pasividad los casos de violencia machista. Recuerda que en esta administración erradicó las Comisarías de la Mujer que ahora empieza a relanzar. Reprocha que en los casos donde hay denuncias, las autoridades aplican una inefectiva estrategia de mediación con los agresores, quienes en muchos casos las terminan matando.
«El Estado debe trabajar con todos los sectores, con las organizaciones de mujeres, con las instituciones, con la Corte, con el Ministerio de Educación, y, sobre todo, debe dejarse de ver como un problema de carácter privado”, demanda la defensora.
