Falso: el CSE presenta como «fortalecimiento democrático» la reforma que elimina las elecciones en Nicaragua
La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), la sandinista Brenda Rocha, defendió este miércoles las reformas constitucionales y electorales impulsadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo bajo el argumento que buscan fortalecer la democracia, la soberanía y la transparencia electoral.
Rocha aseguró que la reforma constitucional busca frenar cualquier intento de «golpe de Estado», al referirse a las protestas cívicas del 2018. Sin embargo, varias de sus afirmaciones son falsas y contradicen los hechos que han sido documentados por organismos internacionales, expertos en derechos humanos y el propio contenido de las reformas constitucionales.
Afirmación 1: «En 2018 se intentó romper el orden constitucional a través de un golpe de Estado»
Veredicto: Engañoso
La versión del «golpe de Estado» ha sido la narrativa que el régimen Ortega-Murillo ha usado para deslegitimar las protestas de abril de 2018. Investigaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyeron que las manifestaciones comenzaron como una protesta social contra reformas al sistema de seguridad social y derivaron en una represión estatal que dejó más de 350 personas asesinadas.
Ninguno organismos internacional ha expresado que existiera un intento de golpe de Estado organizado. Por el contrario, documentaron el uso sistemático de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y persecución contra opositores, periodistas y organizaciones civiles.
La tesis del «golpe fallido» ha sido usado por la dictadura para justificar la cancelación de organizaciones civiles, el cierre de medios de comunicación, el destierro de opositores y la aprobación de leyes represivas.
Afirmación 2: «Las reformas al sistema electoral fortalecieron la seguridad jurídica, la transparencia y las garantías electorales»
Veredicto: Falso
Las reformas electorales de 2021 fueron ampliamente cuestionadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Naciones Unidas y organizaciones especializadas en observación electoral.
Lejos de ampliar garantías democráticas, las modificaciones legales sirvieron para excluir a la oposición de las elecciones de noviembre de 2021, celebradas después del encarcelamiento de siete aspirantes presidenciales, decenas de líderes políticos y periodistas, así como, la cancelación de partidos opositores.
La nueva reforma constitucional promovida por Ortega y Murillo y respaldada por el aparato estatal lo que pretende es eliminar las elecciones en Nicaragua como mecanismo para acceder al poder y concentra aún más el control político en los dictadores.
Afirmación 3: «La Ley de Agentes Extranjeros evita que los partidos sean financiados para atentar contra el Estado»
Veredicto: Engañoso
La Ley 1040 fue presentada oficialmente como un mecanismo de transparencia financiera. Sin embargo, organismos internacionales han señalado que en la práctica ha servido para controlar, cerrar y confiscar organizaciones no gubernamentales, fundaciones y medios independientes que la dictadura identifica como opositores.
Más de 5 mil 600 organizaciones civiles fueron canceladas utilizando distintas leyes aprobadas por el régimen, entre ellas la Ley de Agentes Extranjeros. No existen resoluciones judiciales en Nicaragua que demuestren que la mayoría de estas organizaciones financiaban acciones violentas contra el Estado.
Afirmación 4: «La Ley 1055 protege la soberanía y la autodeterminación»
Veredicto: Engañoso
La Ley 1055 fue utilizada como fundamento jurídico para detener e inhabilitar a dirigentes políticos, empresarios, periodistas y defensores de derechos humanos antes de las elecciones de 2021. Con base en esta legislación fueron encarcelados la mayoría de los precandidatos presidenciales y numerosos opositores acusados de «traición a la patria», en procesos cuestionados por la comunidad internacional por carecer de garantías judiciales.
Afirmación 5: «Se desarrolla un amplio proceso de consulta para lograr consenso nacional»
Veredicto: Falso
La denominada consulta impulsada por el régimen se ha limitado a instituciones estatales, fuerzas militares, empresarios y organizaciones afines al oficialismo. Además, de periodistas sandinistas y la juventud sandinista, eliminando cualquier tipo de contrapeso a las medidas arbitrarias impuestas por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En esas condiciones no existen las garantías mínimas para hablar de un proceso nacional, plural o participativo.
Afirmación 6: «Las reformas fortalecen la democracia»
Veredicto: Falso
El contenido de la reforma constitucional apunta en dirección contraria.
La reforma elimina las elecciones competitivas como mecanismo de acceso al poder, amplía el período presidencial a siete años renovables, concentra más facultades en Daniel Ortega y Rosario Murillo y consolida un modelo político sin alternancia democrática.
Diversos gobiernos, la OEA, la Unión Europea y organismos internacionales han advertido que estas reformas representan una ruptura del orden democrático y profundizan el autoritarismo en Nicaragua.
Conclusión
Las declaraciones de Brenda Rocha, presidenta del CSE, reproducen el discurso del régimen Ortega-Murillo para justificar las reformas constitucionales y electorales. Sin embargo, los hechos documentados muestran que las leyes aprobadas desde 2021 han servido para restringir derechos políticos, excluir a la oposición, criminalizar la disidencia y concentrar aún más el poder.
