En Nicaragua no volverá haber elecciones. Daniel Ortega lo dijo alto y claro el 19 de julio. Más de una semana después, tras diversos intentos del régimen por suavizar el alcance del anuncio, el Parlamento reveló el modelo con el que pretende blindar la permanencia en el poder de Ortega y Rosario Murillo sin enfrentarse al voto: un Presidencia renovable cada siete años, sin necesidad de volver a someterse a una competencia electoral en los términos conocidos hasta ahora.

La fórmula garantiza el poder vitalicio a Ortega y Murillo y liquida cualquier posibilidad de que alguna fuerza política desafíe el poder. Todo ello, mientras despliegan esfuerzos por matizar el carpetazo definitivo a la democracia en Nicaragua con el inicio de un proceso de consultas que analistas y opositores consideran un intento por «calmar» el rechazo internacional que ha provocado la abolición de elecciones, aniquilando el derecho de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes y la alternancia en el poder.

La iniciativa de reforma fue presentada este 29 de julio de 2026 por el sancionado presidente de la Asamblea Nacional y operador político del régimen, Gustavo Porras, un día después de convocar a representantes del cuerpo diplomáticos acreditado en Managua y asegurarles: «Sí van a haber elecciones. Sí hay elecciones… Vamos a hacer las elecciones del pueblo nicaragüense».

Veinticuatro horas antes, Porras había asegurado al cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua que no existía una decisión definitiva. Sin embargo, este martes se presentó en el plenario para defender la iniciativa de reforma constitucional que amplía de seis a siete años el período presidencial y establece su carácter renovable. Según el texto, ya remitido a la comisión legislativa para su dictamen, el cambio busca garantizar la «estabilidad en visión, operatividad y continuidad, haciendo frente con toda energía y claridad a las urgencias materiales, culturales y espirituales de nuestro pueblo».

Una dictadura por ley

Félix Maradiaga, uno de los seis aspirantes presidenciales en 2021 a los que Ortega y Murillo apartaron de la contienda enviándolos a la cárcel, considera que Nicaragua está protagonizando una «burda violación de los principios más fundamentales de la democracia republicana».

«En una democracia, la duración del mandato surge de un pacto constitucional y está acompañada por límites, controles y alternancia. En una dictadura, el gobernante cambia esos plazos según su conveniencia para prolongar su permanencia. Por eso, no estamos ante una verdadera reforma institucional, sino ante una autoextensión del poder», sostiene.

Dora María Téllez, exguerrillera sandinista que también purgó cárcel política por oponerse a la tiranía de Ortega y Murillo, señala que el proceso parlamentario simplemente da una apariencia constitucional a lo que Ortega ya anunció: «que no va a haber elecciones».

A juicio de Téllez, la propuesta de establecer períodos presidenciales de siete años con carácter «renovable» confirma que el régimen no contempla un proceso electoral: «Es simplemente una salida para tratar de disfrazar la voluntad de cancelar completamente las elecciones«, dijo.

En su opinión, la reforma no hace más que trasladar al texto constitucional lo que Ortega proclamó públicamente durante el acto del 19 de julio. “Es la manera en cómo se pretende escribir en la Constitución lo que Daniel Ortega dijo en la plaza: que se cancelaban las elecciones y cualquier posibilidad de participación de la oposición», subraya.

Miedo a la oposición

Para el expresidente de Unamos, Luis Blandón, la propuesta no solo confirma que el régimen avanza hacia un modelo de poder sin alternancia sino que también deja al descubierto una de sus mayores debilidades: la falta de apoyo ciudadano, que le llegaría al fracaso en caso de medirse en unas elecciones competitivas.

«La propuesta de Ortega y Murillo de instaurar períodos presidenciales de siete años consolida la transición definitiva del país hacia un régimen de partido único y una estructura de poder dinástica de carácter totalitario», sostiene. Blandón.

No obstante, defiende que esta dictadura no tiene cimientos sólidos sino que está buscando estrategias para ganar tiempo político. «Ya la dictadura anteriormente había modificado a seis años; ahora pasa a siete con el fin de ganar tiempo y reorganizar sus fuerzas porque están súper debilitados y sin apoyo popular», afirma.

La reforma constitucional en marcha servirá de base para las posteriores enmiendas legislativas que la dictadura aprobará en el mes de septiembre para eliminar las elecciones en el país, como lo ordenó Ortega.

La ruta está clara: dictadura sandinista «forever»

Durante el encuentro privado con embajadores y representantes de organismos internacionales acreditados en Managua Gustavo Porras, adelantó por primera vez varios elementos concretos de la reforma constitucional y electoral que cumple con el mandato de levantar el muro que impida a cualquier fuerza opositora disputar el poder.

1. La Constitución como colador de opositores. La reforma elevará a rango constitucional la prohibición de optar a cargos de elección popular para quienes el régimen considere involucrados en intentos de golpe de Estado, actos contra la soberanía, promoción de injerencia extranjera, solicitudes de intervención militar, financiamiento desde el exterior o respaldo a sanciones internacionales contra Nicaragua.

2. Consejo Supremo Electoral con poder inhibidor. Anunció que el CSE podrá negar la personalidad jurídica a partidos políticos que postulen candidatos impedidos por la Constitución y cancelar candidaturas de personas comprendidas en esas prohibiciones.

3. Ampliación de la duración del período presidencial. Porras ya había adelantado que modificarían el actual período de seis años. Citó ejemplos de países con mandatos de cuatro, cinco, siete e incluso diez años. Aseguró que todavía no existía una decisión definitiva.

4. Modelo de «acompañamiento electoral». Aunque aseguró que las elecciones «siempre han sido observadas», utilizó nuevamente el término «acompañamiento», la figura instaurada por el oficialismo tras eliminar la observación electoral internacional independiente.

5. El muro contra la oposición. Citando el discurso de Daniel Ortega del 19 de julio, Porras explicó que las nuevas normas levantarán un «muro constitucional» para impedir que quienes el régimen califica de «golpistas», «vendepatrias» o promotores de sanciones puedan volver a competir electoralmente.

Pese a la exposición de casi una hora y al espacio para preguntas, varios asuntos clave quedaron sin respuesta o fueron respondidos de manera evasiva.

El embajador de la Unión Europea, Fernando Ponz, preguntó directamente si permitirán algún tipo de observación electoral independiente en las próximas elecciones. Porras esquivó dar una respueta afirmativa o negativa. En lugar de ello, aseguró que las elecciones nicaragüenses «siempre han sido observadas, acompañadas», manteniendo el concepto de «acompañamiento electoral» que sustituyó a la observación internacional independiente desde 2021.

Tampoco reveló cuánto durará finalmente el nuevo período presidencial. Aunque preparó el terreno adelantando la intensión de ampliarlo a 5, 7 o diez años.

El oficialismo se reservó además la explicación de cómo funcionará el sistema que reemplazará al modelo electoral para la designación de las autoridades.

Por otro lado, dejó claro que quienes el régimen no permitirá el ejercicio de sus derechos políticos a quienes etiquete de «golpistas», «traidores a la patria». Al final, Dora María Téllez sostiene que el proceso de consultas «son un circo» y apuntan a «ablandar a la comunidad internacional».

«La decisión está tomada», zanja.