“La situación es completamente indefendible”: la ONU certifica el desmantelamiento total de la democracia en Nicaragua

El desmantelamiento de las instituciones democráticas, la anulación de la separación de poderes y la concentración absoluta del control político en Nicaragua alcanzaron un punto de no retorno. Así lo determinó este miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Volker Türk, al presentar un exhaustivo informe sobre la situación del país entre junio de 2025 y junio de 2026.

“La situación es completamente indefendible”, aseveró Türk, al denunciar el abuso sistemático del poder y la captura de todo el aparato estatal por parte del partido Frente Sandinista, una dinámica que deja a la ciudadanía sin mecanismos legales o institucionales para defender sus derechos.

El informe, solicitado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, destaca que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejerce un control hegemónico que abarca el Poder Legislativo, el Judicial, las 153 alcaldías del país y los dos consejos regionales de la Costa Caribe. A este panorama se suma la reciente reforma constitucional —aprobada en primera legislatura el pasado 1 de septiembre—, la cual extiende el mandato presidencial a siete años, pospone por segunda vez las elecciones hasta 2028 y margina formalmente a cualquier fuerza de oposición.

“Ya casi no queda nada por cerrar”

El reporte de la ONU pone énfasis en la aniquilación sistemática del espacio cívico. Solo en el último año, las autoridades forzaron el cierre de cuatro organizaciones de la sociedad civil más, elevando la cifra a 5,539 oenegés disueltas en los últimos ocho años, además del cierre de al menos 56 medios de comunicación independientes.

“Ya casi no queda nada por cerrar”, sentenció el Alto Comisionado ante la erradicación de espacios independientes, líderes religiosos y movimientos comunitarios e indígenas.

Asimismo, el informe denuncia que la persecución no se limita al territorio nacional. La ONU documentó un preocupante incremento de la represión transnacional contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores en el exilio, a través de tácticas que van desde la confiscación arbitraria de bienes y propiedades en Nicaragua, la cancelación de pensiones y la negación de trámites consulares, hasta agresiones graves en el extranjero.

El informe señala que el régimen “ha utilizado sistemáticamente las confiscaciones judiciales de propiedades como una herramienta para apoderarse de bienes, empresas y terrenos de opositores políticos reales o percibidos, empresarios —incluidos extranjeros—, organizaciones independientes, instituciones religiosas y ciertas entidades privadas”.

Patrón de impunidad y tortura

Aunque el informe abarca hechos documentados a lo largo de 12 meses, la ONU enfatiza que la suma de estos eventos confirma la existencia de patrones estatales de violación a los derechos humanos. 

Para la ACNUDH, la gravedad de la crisis se refleja en patrones sistemáticos de violaciones que incluyen la desaparición forzada temporal en 29 de 35 detenciones analizadas directamente, así como tratos crueles en prisión —como la privación del sueño con iluminación intensa ininterrumpida, agua contaminada y negación de atención médica— que provocaron la muerte de al menos cuatro presos políticos bajo custodia estatal durante el periodo evaluado.

Se incluye la muerte bajo custodia del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera —a cuya familia se le impidió realizar el entierro según sus costumbres ancestrales—; la permanencia en prisión de Jaime Navarrete pese a haber cumplido su condena en 2023; y el asesinato en el exilio del oficial retirado Roberto Samcam, asesinado en Costa Rica.

El informe concluye que la impunidad generalizada y la ausencia de un sistema judicial independiente imposibilitan la celebración de procesos electorales libres, transparentes y democráticos en el país, por lo que Türk instó nuevamente al régimen a liberar de inmediato a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos y a restablecer la cooperación con los organismos internacionales de derechos humanos.