Rosario Murillo detrás de la purga masiva de abogados en Nicaragua

«Cristina» ya ha perdido la cuenta de las veces que ha escrito su nombre en la plataforma en línea del Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos de Nicaragua. Lo ha hecho una y otra vez desde principios de julio, cuando entre sus colegas comenzó a correr la alarma: algunos ya no podían comprar papel sellado en la Dirección General de Ingresos (DGI) y otros estaban siendo rechazados al intentar presentar escritos o demandas ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE), la dependencia del Poder Judicial que recibe y distribuye los procesos judiciales.

«Al principio muchos pensamos que se trataba de una falla del sistema, no podíamos imaginar otra cosa. En mi caso, diario entré a la página a buscar mi nombre hasta que ya el jueves con las noticias nos desengañamos», afirma vía telefónica a DESPACHO 5O5.

Hasta ahora no existe una cifra oficial de los profesionales alcanzados por la depuración. Mientras algunos calculan que son decenas, otros sostienen que podrían superar el millar. Lo que ya no admite dudas es que no se trata de un error informático si no de la mayor purga profesional ordenada por el régimen sandinista.

Cada vez que abogados como Cristina introducen su nombre en el buscador del registro oficial del Poder Judicial, la pantalla muestra el mismo mensaje: «No se han encontrado resultados para esta búsqueda. Por favor regrese a la página anterior y pruebe con otros valores». En cambio, al consultar los nombres de otros abogados que no han sido afectados, la plataforma muestra sin inconvenientes su código profesional, nombre, domicilio, dirección profesional y estado de habilitación.

«Es como una pesadilla», repite varias veces con impotencia esta abogada de León porque la medida decretada por el régimen «sin ninguna explicación o sustento legal» en la práctica «equivale a una muerte profesional».

Rosario Murillo ordenó la cacería

Fuentes judiciales confirmaron el viernes a DESPACHO 505 que la orden de cancelar el derecho al ejercicio de la abogacía y el notariado fue dada por Rosario Murillo y ejecutada a través de la Secretaría General Administrativa del Poder Judicial a cargo de Roger Eduardo Martínez, cuya firma avala la notificación de cancelación del ejercicio profesional que una parte de los afectados han recibido.

La depuración, según las fuentes, alcanza tanto a antiguos operadores del aparato judicial del régimen como a funcionarios en activo que fueron «fichados» por sus actuaciones o por mantener lo que las autoridades consideran «conductas políticas sospechosas».

Entre los afectados figuran jueces, exmagistrados, exjueces y otros exfuncionarios del Poder Judicial que durante años sirvieron al régimen y que ahora aparecen en la lista de profesionales despojados de su habilitación para ejercer. Este medio ha confirmado que en la lista de inhabilitados del ejercicio están las exmagistradas Ileana Pérez y Yadira Centeno, quienes habían salido de Corte Suprema de Justicia mediante renuncia forzada.

Experto de la ONU condena arremetida del régimen

La cancelación masiva de abogados en Nicaragua también provocó la reacción del abogado húngaro Reed Bródy, integrante del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, quien denunció que la exclusión de profesionales del registro de la Corte Suprema de Justicia se ejecutó sin notificación ni debido proceso, dejándolos, en la práctica, imposibilitados de ejercer la profesión.

«Hemos hablado con varios de los abogados afectados. Nos cuentan que se enteraron sin notificación previa y sin ningún proceso. Simplemente ya no aparecen en el sistema, y con eso quedan impedidos de ejercer», afirmó Bródy a la agencia de noticias EFE.

El jurista, conocido por su trabajo en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos, advirtió que la medida forma parte del mismo patrón de represión aplicado por la dictadura contra otros sectores de la sociedad. «Ya cerraron las ONG, las universidades, los medios, las iglesias. Ahora le toca a la abogacía. Es el mismo método: eliminar, sin proceso alguno, a todo aquel que pueda interponerse entre el poder y el ciudadano», sostuvo.

Bródy recordó además que participó en la redacción de los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la función de los abogados, que establecen que ninguna sanción disciplinaria puede imponerse sin un procedimiento tramitado ante un órgano independiente y con garantías de revisión judicial. «En Nicaragua no hubo proceso, no hubo órgano, no hubo nada», criticó.

Bródy citó el texto del Principio 28: «Las actuaciones disciplinarias contra abogados se sustanciarán ante un comité disciplinario imparcial establecido por la profesión jurídica, ante un organismo independiente establecido por la ley o ante un tribunal judicial, y serán objeto de revisión judicial independiente».

La medida no solo afecta a los profesionales dentro de Nicaragua, la investigadora exiliada Martha Patricia Molina, contó en sus redes sociales que se dio cuenta de que la Corte Suprema de Justicia la eliminó arbitrariamente del Registro de Abogados y Notarios de Nicaragua y no conoce el motivo.

«¿Cuál es el motivo? No lo sé. No he recibido ninguna notificación ni explicación por parte del Poder Judicial. He pedido explicación mediante correo electrónico, pero como es costumbre de ellos (la Corte), nunca responden», dijo la letrada, que es abogada y notaria desde agosto de 2013, graduada de la expropiada y clausurada Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua y con maestría en la Universidad de Salamanca, España.

Ni el régimen de Ortega y Murillo, ni el Poder Judicial, han ofrecido una explicación sobre la eliminación masiva de abogados del registro judicial. En las notificaciones de baja profesional se ordena que entreguen sellos, protocolos, carnés y hasta el título que acredita su formación