Seguridad jurídica en riesgo: las consecuencias de la cacería de abogados en Nicaragua

La cancelación del registro de abogados y notarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no solo deja sin posibilidad de ejercer a cientos de profesionales dentro y fuera de Nicaragua; sino también abre un escenario de incertidumbre jurídica para miles de ciudadanos, ya que el régimen podría desconocer la validez de los actos jurídicos a los abogados afectados.

Así lo consideran el defensor de derechos humanos Braulio Abarca, cofundador del Colectivo Nicaragua Nunca Más, y el politólogo y exreo político, Félix Maradiaga, quienes advierten que la decisión tiene implicaciones jurídicas, institucionales y económicas que trascienden a los abogados afectados.

Para Abarca, la medida constituye una violación al debido proceso y al derecho al trabajo de quienes ejercían la abogacía y el notariado como su principal medio de subsistencia.

«Muchas personas dependen del ejercicio de la abogacía y el notariado para sostener a sus familias. Al cancelarles arbitrariamente su autorización para ejercer, el Estado les está privando de su derecho al trabajo sin las garantías que exige el debido proceso», afirmó el defensor de derechos humanos.

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Sin embargo, el impacto no se limita al gremio jurídico. Abarca sostiene que la decisión también afecta a quienes tenían procesos o documentos en manos de los profesionales sancionados, como escrituras públicas, compraventas, poderes, sucesiones y otros actos notariales.

A su juicio, el efecto más grave recae sobre la seguridad jurídica. «Si el Estado puede impedir que abogados y notarios ejerzan sin un procedimiento que garantice sus derechos, se debilita la confianza en las instituciones encargadas de brindar certeza jurídica», señaló.

El defensor recordó que Nicaragua carece de un colegio de abogados independiente y que es el propio Estado el encargado de regular el ejercicio de la profesión, por lo que debería garantizar protección y no actuar de manera arbitraria. Añadió que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas ya había advertido sobre la falta de garantías para los profesionales del derecho en el país.

«Eliminar cualquier espacio de independencia»

Para Félix Maradiaga, la cancelación masiva forma parte de una política de persecución que el régimen ha ampliado desde las protestas de 2018.

«La eliminación de los registros de abogados y notarios forma parte de una política de castigo que la dictadura viene aplicando desde 2018 y que, con el paso del tiempo, se ha vuelto más amplia, más arbitraria y prácticamente masiva», expresó.

Según el politólogo, el objetivo ya no es únicamente castigar a abogados exiliados o identificados como opositores, sino someter la abogacía a los designios de la dictadura.

«El propósito es dejar a Nicaragua sin abogados capaces de actuar con autonomía frente al poder, intimidar al gremio entero y convertir la defensa jurídica y la función notarial en actividades subordinadas a la voluntad política de la dictadura», afirmó Maradiaga.

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Abarca, por su parte, coincide en que la decisión de la dictadura responde a un patrón de control que el régimen ha extendido a distintos sectores profesionales.

Recordó que en años anteriores fueron despedidos trabajadores de la salud, perseguidos artistas y depurados funcionarios del sistema judicial, mientras que ahora las medidas alcanzan al gremio de abogados y notarios.

Incertidumbre sobre contratos y propiedades

Maradiaga alertó que el mayor riesgo sería que las autoridades desconocieran, incluso de manera retroactiva, actuaciones realizadas por abogados y notarios que estaban legalmente autorizados al momento de emitirlas.

De ocurrir, podrían quedar bajo cuestionamiento compraventas, hipotecas, poderes, testamentos, sucesiones, constituciones de sociedades, garantías bancarias, inversiones y títulos de propiedad.

«Ninguna persona podría tener certeza de que un acto jurídico válido hoy será reconocido mañana», advirtió. El analista considera que ese escenario profundizaría la inseguridad jurídica y tendría efectos directos sobre la economía.

«Una economía no puede funcionar cuando no existe certeza sobre la propiedad, el cumplimiento de las obligaciones o la validez de los documentos. Estas decisiones elevan el riesgo país, desalientan la inversión, encarecen el crédito y aceleran la salida de capitales y profesionales», sostuvo.

Para ambos especialistas, la cancelación masiva de abogados y notarios representa un nuevo paso en el desmantelamiento del Estado de derecho en Nicaragua, y donde la ley ha dejado de ser un mecanismo de protección para convertirse en un instrumento de control político.