Purga de abogados alcanza a jueces y exmagistrados sandinistas: el veto es de por vida y tienen 15 días para entregar títulos, sellos y protocolos
La purga masiva de abogados emprendida por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua también alcanzó a antiguos operadores de su aparato judicial. Exmagistrados, exjueces y otros exfuncionarios del Poder Judicial que durante años sirvieron al régimen figuran entre los profesionales a quienes se les canceló el derecho a ejercer la abogacía y el notariado, confirmó a DESPACHO 505 una fuente judicial.
Según la información obtenida por este medio, la operación fue ordenada por Murillo y se ejecuta a partir de listados elaborados previamente en cada departamento, con los que las autoridades judiciales identifican a los profesionales cuya habilitación será cancelada.
Los documentos que comenzaron a recibir decenas de abogados este jueves establecen que la cancelación tiene carácter definitivo, no admite recurso de apelación alguno y obliga a los afectados a entregar todas sus acreditaciones y protocolos, incluidos sus títulos profesionales en un plazo de 15 días contados desde la notificación.
«Entre los purgados hay exmagistrados, exjueces y exsecretarios de la Corte Suprema de Justicia. No solo aparecen abogados considerados opositores o que se encuentran fuera del país; también figuran antiguos cuadros sandinistas, entre ellos la exmagistrada Ileana Pérez», aseguró la fuente.
La resolución justifica la cancelación del ejercicio de abogacía y notariado en supuestas quejas o presuntos delitos cometidos durante el ejercicio profesional. Sin embargo, abogados consultados por DESPACHO 505 sostienen que, aun cuando existieran denuncias, la legislación nicaragüense exige la tramitación de un procedimiento disciplinario con garantías de defensa antes de imponer una sanción de esa naturaleza.
La «sorpresa» de ya no estar en el registro
«Algunos se enteraron de que les habían anulado el título cuando fueron a comprar papel sellado y les dijeron que ya no aparecían registrados en el sistema como abogados. Otros ya fueron notificados oficialmente», explicó el informante.
El designado para ejecutar esta medida es el secretario general administrativo del Poder Judicial, Roger Eduardo Martínez, cuya firma consta en las notificaciones remitidas a los profesionales afectados.
En esas comunicaciones se ordena a los abogados entregar sus títulos de abogado y notario público, sello, carné, protocolos y libros notariales en las Oficinas de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE) de la Corte Suprema de Justicia. La orden implica, en la práctica, su salida definitiva del ejercicio profesional.
Las notificaciones citan como fundamento la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Carrera Judicial y el Decreto 1618 sobre sanciones a abogados y notarios públicos por delitos cometidos en el ejercicio de su profesión.
Entre los afectados también figuran abogados que residen fuera de Nicaragua, quienes han podido comprobar en el sistema en línea que sus registros como profesionales fueron anulados.
Inseguridad jurídica
Una abogada consultada por DESPACHO 505 calificó la medida como «un error garrafal del régimen» y sostuvo que constituye «un ataque sin precedentes contra el ejercicio de la profesión jurídica en Nicaragua».
A su juicio, las consecuencias trascienden a los profesionales afectados y comprometen la seguridad jurídica de los ciudadanos. Explicó que el registro del Poder Judicial no solo acredita la habilitación de abogados y notarios para ejercer la profesión, sino que también permite a jueces, instituciones y particulares verificar que quienes actúan en un proceso judicial o autorizan un acto notarial cuentan con facultades legales para hacerlo. «La exclusión masiva de profesionales sin una explicación oficial introduce incertidumbre sobre ese sistema de control y verificación», agregó.
La jurista advirtió además que la medida restringe el ejercicio de una profesión legalmente habilitada y resulta incompatible con las garantías del debido proceso administrativo si, como sostienen los afectados, no existió una notificación previa, la apertura de un procedimiento, la posibilidad de ejercer el derecho de defensa ni una resolución motivada que justificara la exclusión del registro.
También señaló que la decisión profundiza el deterioro de la independencia del ejercicio profesional en Nicaragua. A diferencia de otros países, donde los colegios de abogados cuentan con autonomía y facultades para representar y defender a sus agremiados, en Nicaragua la habilitación para ejercer la abogacía y el notariado depende de la Corte Suprema de Justicia. Esa concentración de competencias deja a los profesionales sujetos a las decisiones administrativas del máximo órgano judicial, sin una instancia gremial independiente que pueda intervenir en su defensa.
Hasta ahora, la Corte Suprema de Justicia no ha emitido una resolución ni un comunicado público que explique el alcance de la depuración ni las razones por las que miles de abogados han sido excluidos del registro nacional
