Crímenes por encargo, una violencia camuflada como delincuencia común en Nicaragua
En menos de tres meses, al menos ocho asesinatos con características de sicariato han sido documentados en distintas zonas de Nicaragua. El secuencia de ataques dirigidos registrada vuelve a poner el foco sobre una modalidad de violencia que las autoridades niegan, pese a la reiteración de casos con patrones similares y la ausencia de informes oficiales concluyentes.
A Eliezer José Pichardo Castillo, de 27 años, lo mataron a tiros a la salida de una gallera en la zona 4 de Santa Rosa del Peñón, en el departamento de León. La noche del 28 de junio, un hombre armado lo esperó y le disparó en repetidas ocasiones hasta matarlo.
Ocho días después del crimen contra Pichardo, en el municipio de Sébaco, en Matagalpa, dos hombres fueron atacados por pistoleros. Ambos sobrevivieron.
Uno de los sobrevivientes fue identificado como Edwin David Martínez Flores, de 30 años, quien, según medios oficialistas, estaría vinculado al asesinato de Eliezer José Pichardo Castillo, en Santa Rosa del Peñón.
Martínez Flores registra antecedentes por tenencia ilegal de armas, tentativa de homicidio, posesión de estupefacientes y robo. Además, en su expediente consta que en marzo de 2025 ya había sido fichado como sospechoso de intento de homicidio contra Pichardo Castillo.
El patrón se repite
El asesinato de Pichardo no fue un hecho aislado. Dos días antes, el 26 de junio, Guadalupe Ernesto Sequeira Martínez, de 39 años, fue asesinado dentro de su camioneta, en Sébaco, Matagalpa. Hombres armados se acercaron al vehículo y le dispararon. Desde entonces, la Policía no ha informado sobre capturas ni avances en la investigación.
Con características similares, la madrugada del 15 de junio, Byron Saíd Blandón Lazo, de 23 años, fue interceptado por hombres armados en el sector de Apompuá, en Juigalpa, Chontales. Tras asesinarlo, los atacantes abandonaron la motocicleta de la víctima sobre la carretera hacia El Ayote.
Tres días antes, el 12 de junio, el docente universitario Edgar Antonio Montenegro Osegueda, de 46 años, también fue asesinado por sujetos armados. Viajaba junto a su pareja desde El Cuá, Jinotega hacia Matagalpa cuando sujetos armados interceptaron la camioneta en que se desplazaba y abrieron fuego. Las autoridades tampoco informaron sobre el móvil del crimen.
Una semana antes, el 5 de junio, Wilson Eunice Rodríguez Rodríguez, de 25 años, también murió en un ataque a balazos en la comunidad El Coyol, municipio de San Sebastián de Yalí, Jinotega. Pobladores atribuyeron el crimen a un presunto ajuste de cuentas, pero las autoridades no ofrecieron una versión oficial.
La cadena de ataques armados también alcanzó Managua. La madrugada del 24 de mayo, pistoleros que se desplazaban en dos motocicletas asesinaron de múltiples disparos a Karel Antonio Pineda Sánchez, de 34 años, en el barrio Reparto Schick. Tampoco en este caso existe registro público de un conclusivo policial.
Entre las víctimas de acciones sospechosas de crímenes por ecargo figura además el hondureño Wilmer Arturo Guillén, de 37 años, asesinado la noche del 20 de abril dentro de una vivienda en la comarca Flor de Caña, municipio de Wiwilí, Jinotega. Los atacantes llegaron directamente al inmueble y le dispararon antes de que la víctima pudiera huir.
stos casos vuelven a poner el foco sobre una modalidad criminal que gana terreno en Nicaragua: los asesinatos por encargo y vendetas entre grupos criminales.
Silencio oficial
Aunque los ataques ocurrieron en diferentes departamentos contra víctimas con diversos perfiles, comparten un elemento común: hombres armados que interceptan a sus víctimas, ejecutan los ataques con rapidez y escapan. En ninguno de los crímenes citados la Policía ha informado el conclusivo de las investigaciones.
La ocurrencia de homicidios con características de ejecuciones por encargo contrasta con el discurso oficial que presenta a Nicaragua como uno de los países más seguros de lCentroamérica. También vuelve a poner en evidencia la circulación de armas de fuego en manos de civiles, pese a las restricciones impuestas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2018 para obtener permisos de portación.
A finales de marzo el inspector general de la Policía, comisionado general Mauricio Soza presumió en medios oficialistas que Nicaragua «se considera en la región, el país más seguro», con una tasa del 4.5 de homicidios por cada 100 mil habitantes, 1.5 puntos menor que la reportada en 2024. El mando policial destaró, además, que los delitos de alta peligrosidad representan una proporción mínima de la actividad delictiva. «Del 100% de las denuncias el 97.3 corresponden a faltas penales, a delitos menores y problemas de convivencia. Y la menor cantidad de denuncias que es 2.7% aproximadamente, son de delitos peligrosos», sostuvo.
La reducción de los hechos delictivos que reporta la Policía así como el discurso de que en el país no existen maras o pandillas, ni células del crimen organizado contrasta incluso con la percepción ciudadana que alerta sobre un aumento de la inseguridad.
El 76 % de los nicaragüenses considera que ha aumentado la criminalidad en el país, según los resultados del sondeo de Percepción de la Realidad Política, Social y Económica de Nicaragua, del organismo Hagamos Democracia presentado en abril de 2026. El dato resultó 12.4 puntos porcentuales mayor que el arrojado en una encuesta que la misma entidad realizó en diciembre de 2025.
Una análisis de datos de 98 reportes semanales correspondientes al Plan de Enfrentamiento a la Delincuencia y el Plan de Seguridad en el Campo de la Policía durante 2025 realizado por DESPACHO 505 también desmonta el discurso de seguridad del oficialismo.
A través de la revisión de los datos se pudo identificar que en 2025 ocurrieron 4,827 delitos de «alta peligrosidad». La Policía cataloga de esa forma a los homicidios, atracos, tráfico y abastecimiento de drogas, abigeato, entre otros. El 67% de estos, fueron robos en todas sus modalidades: con intimidación, con fuerza y con violencia.
Ese trabajo periodístico también identificó casos de crímenes ejecutados por gatilleros que la Policía nunca esclareció y que fueron manejados como acciones de la delincuencia común.
