El diálogo que siguió a la Rebelión

Al aproximarse el cuarto aniversario de la Rebelión de Abril, considero que es un buen momento para analizar detenidamente lo ocurrido en aquellos días para sacar las lecciones que nos ayuden a resolver la profunda crisis en la que el país se encuentra. Y hablar, por supuesto, del Diálogo Nacional.

Nicaragua hoy, más que nunca, está sufriendo los embates de la dictadura, las violaciones de los derechos humanos continúan y la libertad cada día se ve más limitada. Esto ocurre en un contexto internacional muy difícil que nos hace prever que se acercan días muy oscuros para un país con una economía muy débil y sin  un liderazgo con la autoridad suficiente, ni la competencia, para poder hacerle frente.

Es importante analizar lo sucedido en abril de 2018 desde las dos perspectivas con las que se han estado viendo estos sucesos. La primera es la visión del régimen de que lo ocurrido en abril del 2018 fue una conspiración para organizar un golpe de Estado financiado e inspirado desde el extranjero para derrocar al Gobierno legítimo de Daniel Ortega y Rosario Murillo; la otra visión es la de los que consideran que este fue un movimiento popular que debía haber derrocado a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero que fracasó y se atribuye en alguna medida al Diálogo Nacional en el que participó la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. 

Algunos sectores consideran que el diálogo únicamente sirvió para dar un respiro al régimen y darle tiempo para preparar la represión violenta de las protestas, que al final dieron un puntillazo para detener la protestas que habían iniciado a mediados de abril de 2018.

Sobre lo que el régimen sostiene, lo primero que hay que resaltar es que hasta ahora ni Daniel Ortega y Rosario Murillo, ni ninguno de los funcionarios del régimen, han presentado pruebas fehaciente de esa injerencia extranjera ni en los organismos internacionales en donde se ha discutido el tema de Nicaragua como en la Organización de Estados Americano y las Naciones Unidas. 

Tampoco en los juicios en los que se ha acusado a muchos de los dirigentes surgidos a raíz de esos movimientos se han presentado pruebas de esa injerencia extranjera. Sobre de que se trató de un intento de golpe de Estado es importante revisar de dónde viene esa acusación de intento de golpe de Estado. La primera vez que se mencionó la palabra golpe de Estado fue durante el Diálogo Nacional, exactamente el día 23 de mayo de 2018, cuando los obispos pusieron sobre la mesa la propuesta de agenda para el Diálogo Nacional.

Esa propuesta se supone que fue preparada con los aportes que dieron los dos grupos que estaban participando; por un lado, la Alianza Cívica, y por otro, la delegación del Gobierno encabezada por el canciller Denis Moncada.

El día antes de la presentación de ese documento los obispos solicitaron a los dos grupos que presentáramos una propuesta para la elaboración de la agenda y lo hicieron con un documento que tenía como título “Mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral libre y transparente en Nicaragua”.

Al finalizar la sesión de ese día, la Alianza Cívica entregó su propuesta a los obispos y al día siguiente recibimos ese documento. Es importante destacar varias cosas, primero que se suponía que estábamos en un proceso de diálogo en el que las dos partes íbamos a escuchar las opiniones de los del otro grupo y a tratar si verdaderamente estábamos interesados en encontrar una solución a la crisis, tratar de encontrar las coincidencias y si no había coincidencia, pues procurar ver qué consenso podíamos.

Es decir, ver si en realidad se estaba participando en ese diálogo con la voluntad de encontrar una solución a la crisis. Es importante que los obispos expliquen exactamente lo que ocurrió ese día: primero si la delegación del Gobierno entregó una propuesta para responder a esta solicitud que hicieron los obispos para elaborar la agenda con el título “Mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral libre y transparente en Nicaragua”. 

En segundo lugar, destacar que los obispos, claramente lo decían en el documento que pusieron a disposición de las dos delegaciones para elaborar la propuesta, buscaban “mecanismos constitucionales”; en ningún momento se hablaba de golpe de Estado ni nada parecido, era de discutir mecanismos constitucionales para organizar un proceso electoral libre y transparente que en ese momento se creía que era la solución más viable para solucionar la crisis. 

Por eso digo que es bueno que los obispos, o sería muy importante, aclaren si el Gobierno entregó alguna propuesta y si la entregó qué es lo que decía. El día 28 de mayo cuando íbamos a comenzar el Diálogo, encontramos sobre la mesa el documento con la propuesta de agenda.

El canciller Moncada levantó el papel y dijo esta es la receta para un golpe de Estado. Fue la primera vez que se hablaba de golpe de Estado y se hacía teniendo en la mano un documento que claramente decía en su encabezado “Mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral libre y transparente en Nicaragua”, o sea, que lo de golpe de Estado lo inventó la delegación del Gobierno y a partir de ahí el diálogo fracasó, pues ya no se pudo continuar, porque el Gobierno se negó a discutir esa propuesta de agenda y se cerró en que había que levantar los tranques.

Cuando se analiza en detalle el documento, naturalmente era una parada muy fuerte la que los obispos estaban presentando en esa propuesta de agenda. En la propuesta del “Mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral libre y transparente” se hablaba del adelanto y convocatoria de las elecciones, de la reducción del periodo de las autoridades nacionales, municipales y regionales, o sea, que al igual que ocurrió en el 89-90.

Se llamaba a organizar unas elecciones antes de la fecha establecida en la Constitución lo que significaba que se acortaría el período de Daniel Ortega. Naturalmente esto era un planteamiento muy fuerte, pero estaba sobre la mesa para discutirlo y el Gobierno lo que tendría que haber hecho era, pues si no estaba de acuerdo con eso, presentar su argumento y ver cuál era la propuesta a este punto que era el más importante.

Debemos recordar que en esos momentos todos los días estaba muriendo gente en las calles en Nicaragua, gente inocente que había salido a protestar ejerciendo un derecho constitucional y que el Gobierno había dado órdenes de ir con todo, de disparar, sin ninguna contemplación a los manifestantes desarmados.

La pregunta, y que seguramente es lo que se debió haber discutido ahí, es: ¿si no se van a aceptar adelantar las elecciones que va a pasar?, ¿vamos a seguir con esta matancina hasta que llegue la fecha para las elecciones según  el período establecido en el 2021?

Esa era la verdadera pregunta, porque el reclamo de poner fin al Gobierno de Ortega de manera anticipada es porque la gran mayoría de la población en ese momento consideraba que una persona que está ordenando mandar a asesinar a gente inocente, que estaba protestando en las calles, no podía seguir más al frente del Gobierno y era una cuestión lógica.

O sea,  la única manera de que este reclamo no se siguiese haciendo era que el Gobierno diera garantías de que iba a terminar con la matancina y que iba aplicar la justicia con los responsables. 

Otra alternativa era difícil verla en ese momento, pero obviamente al cerrarse Ortega al diálogo, lo que estaba haciendo era prácticamente diciendo “aquí nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo y aquí se va a terminar la protesta al costo que sea y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para que esto no se vuelva a repetir”. 

Y eso fue lo realmente ha ocurrido a partir del fracaso de ese intento de diálogo en el 2018. Esto es importante analizarlo. 

Sería muy importante que los obispos de la Conferencia Episcopal expliquen exactamente cómo se llegó al Diálogo porque entendemos que ellos aceptaron ser testigos y organizar el Diálogo Nacional y que la sede fuese en un local de la iglesia Católica.

Los detalles de esa reunión deberían de conocerse, por todo lo que ha sucedido después. Es bueno que la Conferencia Episcopal primero deslinde su responsabilidad en todo lo que ha ocurrido después y que los nicaragüenses sepamos la verdad: ¿qué fue lo que ocurrió?, ¿en qué condiciones la Conferencia Episcopal aceptó participar y jugar el papel que jugó en este primer Diálogo Nacional?

Otro hecho muy importante relacionado con el diálogo y con lo que ocurrió en esos días de mayo de 2018, es que primero el Gobierno se puso de acuerdo con la Conferencia Episcopal para llamar al diálogo; segundo, que los participantes en el diálogo fueron acordados con el Gobierno, o sea, los obispos debieron haberle presentado a Ortega la lista de las personas que ellos están invitando y el Gobierno los aceptó o los vetó y digo esto por mi experiencia personal.

A mí los obispos me invitaron a participar en el diálogo como parte de la delegación del sector académico junto con el padre José Alberto Idiáquez, rector de la UCA, y luego los obispos me comunicaron que yo no podía participar porque el Gobierno había dicho en una de las reuniones que ellos tuvieron, previo al inicio del diálogo, que yo no podía participar. Es decir que el Gobierno tenía en ese momento el poder de decidir quién participaba y quién no.

De hecho los que participaron lo hicieron con el visto bueno del Gobierno. La Conferencia Episcopal debe explicar un poco cómo fueron esas reuniones, con quiénes fueron estas conversaciones para definir la conformación del equipo que iba a negociar con el Gobierno. 

Yo creo que eso debe aclararse lo más pronto posible, pero resumiendo, todo lo que estuvo vinculado con la organización del Diálogo Nacional demuestra de que en realidad no hubo nunca ninguna conspiración ni ningún intento de golpe de Estado, hubo un intento de buscar una salida por el diálogo, por lo menos la Conferencia Episcopal si creía firmemente de que esta era la salida posible a la crisis.

Como dije, el tema que pusieron los obispos sobre la mesa, que era encontrar mecanismos constitucionales para la celebración de un proceso electoral libre y transparente en Nicaragua, se enmarcaba dentro del marco constitucional y, por lo tanto, jamás se pensó en un golpe de Estado.

Ahora sobre el papel de la oposición: a la Alianza Cívica a posteriores se han hecho muchos señalamientos, muchas críticas, por haber participado en el diálogo, por la forma en que se condujo el diálogo. Muchas de estas críticas tal vez son ciertas, pero la verdad es que en esos momentos como dije, ya teníamos una situación trágica en las calles, la gente estaba muriendo, la policía y los paramilitares tenían órdenes de asesinar a todo aquel que estuviera protestando y que el Gobierno no iba a parar ante nada.

Había una necesidad de ponerle fin a esa matancina y obviamente, creo que los sectores que fuimos invitados a participar en el diálogo estábamos convencidos que había que hacer el intento de ponerle fin a esto mediante un diálogo. Yo creo que en esos momentos era la única alternativa y se participó de buena fe, en mi opinión hubo muchos problemas con la organización del diálogo: cada día el Gobierno llevaba personas diferentes a sentarse a la mesa y los obispos dejaron que sucediera, lo cual me parece que no fue correcto.

Tampoco ayudó el haber transmitido en vivo. De cara al público obviamente había un parte de show que le quitó fuerza y seriedad al diálogo, por otro lado, estaba la realidad de que se pensaba que la gente tenía todo el derecho de saber qué era lo que se estaba discutiendo después de las experiencias que ha habido en Nicaragua de diálogos y componendas a espaldas al pueblo.

Era natural de que se pidiera que el pueblo estuviese participando y viera lo que está ocurriendo, pero obviamente en un diálogo tan serio, con un tema tan serio y en condiciones tan complejas como la que se estaban viviendo en ese momento, habría que discutir y pensar si esa fue la mejor decisión.

El tema de la agenda también es un tema de discusión y aquí hay que tener o sería bueno tener claro cuál fue el acuerdo entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal para llamar al diálogo, porque la impresión que yo tengo  es que fue para participar en un diálogo que pretendía ser un diálogo sectorial, o sea, a nosotros, el padre Idiáquez y a mí como representante del sector académico se nos pidió que preparamos una agenda sectorial,  con los problemas que en aquellos momentos tenían las universidades y que creíamos que se podían resolver en un diálogo con el Gobierno. Me imagino que el mismo planteamiento se le hizo a los otros sectores.

Cuando hablamos con los representantes de los otros sectores estuvimos de acuerdo en que en ese momento no se podía discutir ninguna agenda sectorial, mientras no se resolvieran los problemas de fondo que eran los que estaban pasando en la calle, que era el tema de la justicia, de la restauración de la democracia y del fin de la represión y en eso hubo un acuerdo total.

Pero no sabemos la conversación que los obispos tuvieron con los representantes del Gobierno antes y durante la preparación del diálogo: qué era lo que el Gobierno estaba dispuesto a discutir y si no lo habían dicho fue un error también haber comenzado un diálogo sin saber exactamente cuáles eran las expectativas del Gobierno.

Sobre los temas que podían poner fin a la crisis: para cualquier diálogo que se pueda o quiera dar con la dictadura no se puede ir a un diálogo por ir a un diálogo. Tienen que estar claramente definidas las reglas del juego, los temas que el Gobierno está dispuesto a discutir y si no quiere discutir los temas de fondo no tiene ningún sentido sentarse a dialogar, pero creo que esa es la principal lección.

El otro tema, es el papel de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. A la Alianza se le critica de haberse prestado a lo que pareció ser una farsa para darle tiempo al Gobierno para que se recompusiera su fuerza y avanzar en la represión y ponerle fin a las protestas, pero la verdad es que primero la Alianza Cívica no existía antes del 16 de mayo de 2018.

A los que después conformamos la Alianza Cívica se nos llamó y se nos invitó por separados, se nos invitó por sector, porque como dije antes, todo indica que la pretensión del Gobierno y que parece que los obispos estaban de acuerdo, era  tener un diálogo sectorial y por lo tanto, éramos grupos separados lo que estábamos ahí.

Los estudiantes eran una fuerza nueva, algunas caras conocíamos, pero tampoco nos habíamos sentado nunca a conversar con ellos, entonces, comenzamos a vernos hasta que tuvimos las primeras reuniones que fueron promovidas por nosotros mismo.

El doctor Tünnermann fue quien propuso el nombre de Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y todo mundo estuvo de acuerdo y así surgió la Alianza Cívica, surgió en el marco de una negociación, surgió entre grupos que fuimos llamados para dialogar y esa fue la identidad de la Alianza Cívica en sus inicios, era de un equipo para buscar una salida negociada a la crisis y eso es parte del ADN de la Alianza; y la Alianza costó que asumiera una identidad diferente a la de un equipo de diálogo y que fue algo que se comenzó a plantear hasta que el diálogo había fracasado y se miraba que la cosa iba a seguir de mal a peor y entonces ahí se comenzó a plantear que la Alianza debía asumir un papel diferente, o sea un papel más político.

Eso fue lo que se comenzó a plantear, pero esto fue parte de un proceso, porque a la Alianza se seguía viendo como un equipo negociador y esto se confirmó cuando se hizo el llamado nuevamente a otro intento de diálogo a inicios de 2019 donde nuevamente se invitó a la Alianza a ser la contraparte del Gobierno en el diálogo, lo que reafirmó más esa identidad como un equipo de diálogo.

El fracaso de ese segundo diálogo fue el que empujó a que la Alianza asumieron un papel político y esto se dio en el marco de los llamados que estaban haciendo otros sectores que habían surgido a partir de las luchas de abril para que se conformara un grupo en el que participaran esos sectores y continuar con la lucha en las condiciones que ya estaban planteadas después del fracaso de los diálogos y después de las operaciones limpiezas y todo lo que esto significó para el movimiento de protesta y para Nicaragua.

Debe quedar claro que: primero, la alianza no fue en su inicios una agrupación que pretendía ser la dirigente política de la protesta, o sea, nunca se planteó eso por lo menos hasta el final del segundo diálogo, pero la Alianza se identificaba como un grupo para negociar y esto definitivamente tuvo mucho que ver con la forma en que se desarrolló la protesta.

La forma que se desarrollan la protesta también es importante tratar de analizar más fríamente, descartando, como ya se dijo antes, de que esto fue un complot organizado desde fuera.

Los que estuvimos participando desde los primeros días y los que vimos cómo se desarrollaron los acontecimientos estamos claro de que ese fue un movimiento espontáneo que se desarrolló por la torpeza del Gobierno. Tras la represión, la gente comenzó a señalar que estos señores tenían que irse, pues nadie con dos dedos de frente podía concebir que siguieran al frente del Gobierno.

Por eso fue que comenzó la protesta con el tema: ¡De que se van, se van!, pero todo esto fue una reacción espontánea, natural, de la gente que estaba indignada, enojada porque lo que está viendo la calle y por la reacción torpe por parte del Gobierno.

En ningún momento hubo un plan de derrocar al Gobierno. Fue el mismo gobierno el que fue ampliando la brecha entre la gente que estaba en las calles y ellos que están atrincherados en su fortaleza de El Carmen, rodeado de policías y paramilitares.

Ellos fueron los que crearon la división y obviamente, fueron ellos los que crearon una situación en la que la gente creía que ya no podían seguir ellos al frente del Gobierno. 

*El autor fue miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y exrector de la Universidad Americana