Cae el telón sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala
El presidente Jimmy Morales ha cumplido su promesa de cerrar la Comisión respaldada por la ONU que lucha contra el crimen y la impunidad en Guatemala. Aunque ésta deja un legado vital, con la salida de la CICIG se corre el riesgo de fortalecer las redes criminales que operan con complicidad estatal.
La Comisión Internacional Contrala Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU, hoy cierra suspuertas, doce años después de embarcarse en la misión de ayudar al país ajudicializar delitos graves y apoyar el Estado de Derecho.
La CICIG trabajó con lasinstituciones judiciales y de seguridad de Guatemala para desmantelarorganizaciones criminales e impedir su colusión con funcionarios estatales. Laexpansión de estas redes criminales había contribuido a duplicar las tasas dehomicidios en el país más poblado de Centroamérica entre 1999 y 2006.
Para entonces, la tasa anual dehomicidios había alcanzado un máximo histórico de 43,6 asesinatos por cada 100,000 habitantes, lo que llevó a un relator de la ONU a lamentar que Guatemalafuera “un lugar indicado para cometer asesinatos, porque es casi seguro que eldelito quedará impune”.
El presidente saliente de Guatemala, Jimmy Morales, queinicialmente apoyó a la CICIG, hizo de su terminación una prioridad política enlos últimos dos años. Un novato político famoso por sus shows de comedia entelevisión, Morales asumió el cargo en 2015 ante una ola de indignación públicacontra la clase política luego de la renuncia y arresto del entonces presidenteOtto Pérez Molina por cargos de corrupción, en un caso de fraude aduaneropresentado por la CICIG, por los cuales aún no ha sido juzgado.
Aunque el caso contra Pérez Molina ayudó a allanar el camino para su elección, Morales luego argumentó que la Comisión pisoteó la soberanía de la nación y rutinariamente sobrepasó su mandato. Su hostilidad se intensificó notablemente después de que la CICIG decidió investigarlo a él, a su hijo y a su hermano por fraude, malversación de fondos y financiamiento ilegal de su campaña en 2017.
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Aunque el Congreso de Guatemala se negó a levantar lainmunidad del presidente Morales en septiembre de 2017 (en efecto protegiéndolode ser judicializado), y su hermano e hijo fueron absueltos recientemente, larelación de Morales con la CICIG se deterioró permanentemente.
En agosto de 2017, Morales declaró al jefe de la CICIG, eljurista colombiano Iván Velásquez, persona non grata. Luego, en 2018, anuncióque el mandato de la Comisión, que cumplía su término en septiembre de 2019, nosería renovado. El cierre de la Comisión hoy marca el cumplimiento de esapromesa.
¿CÓMO REACCIONÓ ESTADOS UNIDOS Y OTROS DONANTES?
Aunque la decisión de Morales de no renovar el mandato de laCICIG provocó revuelo a nivel nacional e internacional, Estados Unidos (el principal donante de la Comisión con casiUS$45 millones en contribuciones) decidió no objetar. En septiembre de 2018, elgrupo de donantes de la CICIG (conocido como el G13) emitió un comunicadolamentando la decisión del gobierno, el cual no fue firmado por Estados Unidos.
El cambio radical de Estados Unidos respecto a la Comisiónfue en parte producto de una efectiva campaña de influencia. Un intensocabildeo en Washington liderado por políticos y empresarios guatemaltecos,alarmados por las investigaciones sobre las acusaciones de colusión entrecompañías y líderes políticos, ayudó a que varios políticos estadounidenses sepusieran en contra de la Comisión. Acusaciones infundadas de que Moscú habíainfiltrado las investigaciones de la Comisión en 2015 en contra de la familiaBitkov, la cual llegó a Guatemala huyendo de la persecución rusa y luego fueacusada de conseguir sus documentos de residenciapor medios corruptos, ayudaron a dar fuerza a la campaña contra la CICIG en elCongreso de Estados Unidos.
Mientras tanto, el presidente Morales ganó el favor delgobierno de Trump al trasladar la embajada de Guatemala en Israel de Tel Aviv aJerusalén en febrero de 2018, y alineándose con los esfuerzos de Estados Unidospara deponer al presidente venezolano Nicolás Maduro. También cedió a la líneadura de Washington sobre el control de migración, firmando un acuerdo de“tercer país seguro” en julio de 2019. En caso de que sea ratificado por elCongreso de Guatemala, el acuerdo obligará a los solicitantes de asilo quetransitan por Guatemala (provenientes en gran parte de otros paísescentroamericanos), a presentar sus solicitudes allí en lugar de Estados Unidos.
El presidente electo, el derechista Alejandro Giammattei, ya ha declarado que no revertirá la decisión de Morales. Él tiene rencillas con la CICIG, que ayudó a condenarlo y encarcelarlo en 2010 por su presunta participación en la ejecución de siete prisioneros cuando se desempeñaba como director del sistema penitenciario de Guatemala, por lo que luego fue exonerado.
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Pero la popularidad de la CICIG entre los donantes y el pueblo guatemalteco (el 70 por ciento de los cuales apoya a la Comisión), ha persuadido a Giammattei para que al menos prometa la creación de un organismo de reemplazo. Éste estaría financiado por el Estado y encabezado por tres comisionados guatemaltecos, para no solo judicializar a los corruptos, como hizo la CICIG, sino que, en sus palabras, “entrar a corregir el sistema que fomenta la corrupción”.
Sigue habiendo dudas sobre la efectividad de un organismocompletamente nuevo, tanto porque necesitaría de años para llegar a seroperativo, como lo hizo la CICIG, y porque los comisionados serían designadospor el gobierno entrante, lo que genera interrogantes respecto a suindependencia, a pesar de la promesa de Giammattei de garantizar un proceso deselección transparente e inclusivo.
¿LA COMISIÓN LOGRÓSUS OBJETIVOS?
La CICIG logró progresos impresionantes, al desempeñar unpapel central en numerosos procesos judiciales de alto perfil y en la reducciónde la violencia en todo el país. Entre otras cosas, la CICIG dirigió reformaspara la creación de un programa de protección de testigos, controles de armasmás estrictos y la reglamentación de las órdenes judiciales parainterceptaciones telefónicas. Estimuló el establecimiento de tribunales paradelitos de alto riesgo, para así proteger la seguridad de las personasinvolucradas en la judicialización de delitos especialmente graves, y lacreación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) adscrita alMinisterio Público.
También capacitó a docenas de fiscales y oficiales depolicía en técnicas científicas de investigación criminal, logrando notoriedaden 2010 al demostrar que una presunta víctima de asesinato que afirmó en unvideo ampliamente difundido que altos funcionarios, incluido el ex presidenteÁlvaro Colom, habían amenazado su vida, en realidad había planeado su propioasesinato en un acto de desesperación.
Cientos de investigaciones gestadas o apoyadas por la CICIG han disuelto exitosamente fraudes que involucraban a funcionarios prominentes, líderes empresariales, narcotraficantes, extorsionistas y pandillas. Su trabajo ayudó a expulsar a una docena de jueces corruptos y condujo a la destitución de 1,700 policías acusados de corrupción e incompetencia. Según la CICIG, los casos de homicidio sin resolver cayeron del 95 por ciento en 2009 al 72 por ciento en 2012.
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Tal como Crisis Group reportó previamente, estoslogros salvaron vidas. En los primeros siete años de operaciones de laComisión, mientras que los vecinos y pares regionales del país experimentaronun aumento anual del 1 por ciento en promedio en las tasas de homicidio,Guatemala experimentó una disminución promedio del 5 por ciento, según cifrasdel Banco Mundial. En general, Crisis Group estima que la CICIG hacontribuido a una reducción neta de más de 4,500 homicidios entre 2007 y 2017.
¿QUÉ ENFRENTAGUATEMALA TRAS LA SALIDA DE LA CICIG?
El mayor peligro es que la impunidad por crímenes gravesvuelva a aumentar, así como las tasas de asesinatos y la emigración.
Según un informe reciente de la CICIG, las redes criminalesya han comenzado a retomar técnicas para obstruir las investigacionesjudiciales. Esto ha contribuido a un nuevo aumento en las tasas de impunidad,que regresaron al 94,2 por ciento para los casos de homicidio en 2018, lo queindica que las mejoras son frágiles y pueden erosionarse fácilmente a medidaque disminuya el apoyo político.
Si se hubiera renovado su mandato, la CICIG podría haberayudado a contener la marea, ya que su presencia trajo consigo el respaldo dela ONU, Estados Unidos y Europa en operaciones judiciales robustas y protecciónpara los fiscales y magistrados guatemaltecos. A medida que se acercaba el finde su mandato, las amenazas y ataques contra jueces de la Corte Constitucionalya se han incrementado. La fiscal general Consuelo Porras se ha comprometido aconsolidar el papel de la FECI, pero no ha confirmado si su fiscalía empleará alos muchos profesionales guatemaltecos que ya han acumulado una considerableexperiencia trabajando para la Comisión.
Con la salida de la CICIG, funcionarios y políticos de altonivel podrían sacar provecho de una menor supervisión, y recaer en patrones decorrupción y colusión estatal con el narcotráfico y otras organizacionescriminales que múltiples casos de la CICIG dejaron al descubierto. La violenciacontra activistas de derechos sobre la tierra y otros activistas políticos, dela cual Guatemala ya reporta la tasa per cápita más alta en las Américas,podría empeorar. “Ya estamos comenzando a ver un estancamiento en la tendenciaa largo plazo de reducción de homicidios”, dijo un analista del Observatorio deViolencia de Guatemala.
Aunque muchos guatemaltecos ya intentan emigrar a EstadosUnidos por razones principalmente económicas, es probable que un aumento en lacorrupción y la inseguridad acelere su huida hacia el norte, creandooportunidades para los delincuentes que se aprovechan de migrantes vulnerablesa través de la extorsión, el tráfico de personas y la explotación sexual.
¿QUÉ IMPORTANCIATIENE EL CIERRE DE LA CICIG PARA LA REGIÓN?
El cierre de la CICIG sienta un precedente alarmante. LaComisión tenía un mandato digno, mucho trabajo todavía por hacer y el apoyo delpueblo guatemalteco. Lo que le faltó, en los últimos años, fue apoyo suficientede los Estados Unidos. La evaporación del apoyo de Washington envía un claromensaje de que el gobierno de Trump está dispuesto a canjear la lucha contra lacorrupción y la protección del Estado de Derecho a cambio de otros objetivos,incluidos restricciones de la migración y el respaldo para su política sobreIsrael.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, podría sentirse tentado a seguir el ejemplo de Morales al considerar el destino de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad de Honduras (MACCIH), un organismo respaldado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato termina en enero de 2020. Aunque la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa ha reiterado su apoyo a la MACCIH, también ha respaldado la solicitud del gobierno hondureño de que la OEA evalúe el trabajo del organismo antes de tomar una decisión final. Será muy importante que Estados Unidos no repita la postura de indiferencia que condujo a la desaparición de la CICIG.
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Al mismo tiempo, la CICIG deja atrás un conjunto de logrosque otros en la región harían bien en imitar. Mientras que las campañasanticorrupción en otros países latinoamericanos, especialmente en Brasil, hanenfrentado críticas por su presunto enfoque selectivo, prejuicios políticos yla incapacidad de abordar las condiciones que permiten el florecimiento de lacorrupción y la impunidad, resulta mucho más difícil decir lo mismo de laCICIG.
De hecho, ambos candidatos en la segunda vuelta de las últimas elecciones presidenciales en Guatemala enfrentaron investigaciones de la CICIG, y la excandidata Sandra Torres fue detenida el 2 de septiembre, acusada de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita. Al sacudir a la clase política, la Comisión disparó su impopularidad entre funcionarios de alto nivel, lo que aceleró su desaparición, pero también aseguró un legado al que futuros reformadores pueden acudir al asumir el trabajo que ésta se vio obligada a abandonar prematuramente.
Nota: Este artículo fue publicado originalmente en International Crisis Group. El presente texto es responsabilidad exclusiva de su autor. La sección Voces es una contribución al debate público sobre temas que nos afectan como sociedad. Lo planteado en el contenido no representa la visión de Despacho 505 o la de su línea editorial.