El régimen que le teme a un voto, no proyecta dominio, confiesa su miedo
Daniel Ortega escogió el escenario del 19 de julio para anunciar que en Nicaragua nunca volverá a haber elecciones. Muchos leyeron esa frase como una exhibición de fuerza. Yo la leo al revés. Un gobernante que ya destruyó las libertades públicas, sometió a los poderes del Estado y encarceló a sus adversarios no necesitaría clausurar de forma tan tajante la última puerta simbólica si de verdad se sintiera seguro. Al jurar que jamás permitirá que el pueblo vuelva a votar, Ortega no proyecta dominio. Confiesa su miedo.
En Nicaragua hace tiempo que no existen elecciones auténticas. Lo que el régimen organiza desde hace años son votaciones controladas, sin competencia real, sin garantías y con resultados escritos de antemano. Convirtió al Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional, la Policía, la justicia y la administración pública en instrumentos de la familia gobernante. Y aun así, ese control absoluto no le basta para calmar su paranoia.
Dudo que Ortega elimine de inmediato y de manera formal toda referencia a las elecciones. Tampoco puede descartarse que la frase haya sido, en parte, un exabrupto lanzado ante una multitud diseñada para obedecer y aplaudir. El régimen todavía puede necesitar votaciones rituales, partidos colaboradores y una fachada institucional que le permita repartir cargos, administrar lealtades y simular alguna forma de legalidad.
Pero esa discusión no toca el fondo del asunto. Ortega dijo con claridad qué tipo de régimen desea: un modelo de partido único, quizá acompañado por pequeños espacios reservados a organizaciones colaboracionistas que en la práctica funcionarían como apéndices del Frente Sandinista. Nicaragua ya vive bajo la lógica material de un partido único, aunque conserve nombres, siglas y procesos electorales vaciados de todo contenido democrático.
La semiótica del acto del 19 de julio refuerza esa lectura. La escenografía monumental, la masa disciplinada, la repetición de consignas y la centralidad absoluta del caudillo evocan la liturgia política de Corea del Norte. No porque Nicaragua haya alcanzado el mismo grado de aislamiento, sino porque el mensaje simbólico es el mismo: el ciudadano desaparece y una multitud cuya única función es obedecer ocupa su lugar.
Las camisetas con la frase “Lo que ordene el comandante” condensan esa transformación. No hablan de Constitución, derechos, instituciones ni proyecto nacional. Hablan de obediencia personal.
Resulta significativo, además, que no mencionen a Rosario Murillo. Aunque el régimen modificó su estructura jurídica para convertirla en copresidenta y preparar una eventual sucesión familiar, la autoridad simbólica sobre el Frente Sandinista sigue concentrada en Ortega. Murillo controla áreas decisivas del Estado, pero todavía no ejerce el dominio total sobre el partido que el dictador conserva para sí.
El modelo económico que se perfila combina centralismo político con márgenes selectivos de libertad económica. Es una imitación rudimentaria del esquema chino: monopolio del poder, vigilancia social y represión política, mientras se tolera la actividad privada siempre que no cuestione a la dictadura. Pero Nicaragua carece de la capacidad burocrática, tecnológica, productiva e institucional de China. El resultado probable no sería un “modelo chino” sino un capitalismo autoritario, familiar y extractivo, en el que la propiedad y la iniciativa privada sobreviven solo mientras resulten funcionales a la estabilidad del régimen.
Las palabras de Ortega admiten, también, que no ha logrado desmontar a la oposición democrática. Dentro de Nicaragua, pese a la vigilancia, las amenazas y el miedo, ciudadanos y estructuras políticas siguen organizándose en silencio. Fuera del país, quienes fuimos desterrados o forzados al exilio seguimos articulando propuestas, formando liderazgos y tejiendo redes para una transición democrática.
Esa realidad desmiente la narrativa según la cual en Nicaragua ya no existe oposición. Si no la hubiera, el dictador no necesitaría exhibir semejante paranoia. No tendría que cancelar organizaciones, perseguir activistas, vigilar comunidades, encarcelar voces críticas, impedir cualquier reunión independiente ni anunciar que jamás dejará que el pueblo vuelva a elegir. Ortega teme a la oposición precisamente porque sabe que no ha podido eliminarla.
Ruta del Cambio es apenas un ejemplo entre las distintas expresiones de esa resistencia política. No cuenta con reconocimiento legal dentro de Nicaragua y no pretende presentarse como la única ni como la principal fuerza opositora. Igual que otras organizaciones democráticas valiosas, algunas despojadas arbitrariamente de su personería jurídica y otras impedidas de obtenerla, se organiza como partido político porque esa definición expresa una vocación concreta: contribuir, junto con otras fuerzas, a construir una alternativa de poder y aspirar a gobernar por la vía democrática.
Un partido político no existe solo porque un organismo electoral controlado por una dictadura le conceda una inscripción. Existe cuando organiza ciudadanos, articula intereses, forma liderazgos, propone un programa y manifiesta la voluntad de competir por el gobierno mediante elecciones libres. En nuestro caso, esa vocación incluye el deseo de integrar una amplia coalición o alianza democrática que trabaje en la transición, en la recuperación de las instituciones y en la reconstrucción del país. Organizarse como partido no significa legitimar los circos electorales del régimen ni reclamar exclusividad. Significa prepararse para aportar, junto a otras organizaciones, a una Nicaragua democrática.
Ortega calcula, además, su margen internacional. Apuesta a que Nicaragua se mantenga fuera de las prioridades más urgentes de Estados Unidos. El país no posee una capacidad militar significativa ni recursos energéticos comparables con los de Venezuela. El dictador supone que esa relativa falta de peso estratégico le permite reprimir, acercarse a China y Rusia y profundizar su autoritarismo sin convertirse en una amenaza inmediata para la seguridad nacional estadounidense.
Ese cálculo puede darle tiempo, pero no le dará ni legitimidad ni permanencia. Ningún gobierno seguro de sí mismo necesita prohibir hasta la simple idea de una elección. Quien lo hace admite, sin proponérselo, que teme el veredicto de su propio pueblo. La frase de Ortega no anuncia el final de la oposición nicaragüense. Anuncia que él sabe, con exactitud, lo que ocurriría el día en que los nicaragüenses vuelvan a decidir en libertad. Su miedo de hoy es la mejor prueba de que ese día llegará.
