La Comisión Internacional contra la Impunidad

Ahora que hay un convencimiento profundo sobre la necesidad de crear una gran coalición nacional opositora para ir a elecciones libres, es imperativo empezar a discutir primero el programa de gobierno del cambio democrático, que puede unir a todos los nicaragüenses.

Una investigación periodística publicada por Confidencial, “Usaron fiscalía para fabricar casos contra presos políticos”, ha documentado cómo funciona el modus operandi de los juicios políticos y quiénes son sus responsables intelectuales y ejecutores directos.

La cadena de mando empieza en El Carmen, con la pareja presidencial, pasa por la fiscal general, Ana Julia Guido, y el inspector general del Ministerio Público, Douglas Vargas, y se ejecuta a través de Javier Morazán, el fiscal jefe de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (Uecdo).

A partir de la Uecdo, coordinada por Morazán, se convocó a un grupo de fiscales orteguistas que se reunieron con los investigadores de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía, para fabricar todos los expedientes de los presos políticos. Incluso les alquilaron habitaciones y locales en un hotel con gastos pagados de transporte, alojamiento y alimentación, para que trabajaran con mayor comodidad, en la fabricación de los casos, entre julio y octubre del año pasado.

Según fuentes de la propia Fiscalía y exfiscales que renunciaron a esta institución, una vez armados los casos y fabricadas las pruebas, el equipo del fiscal Morazán se encargó de seleccionar y llamar a otros fiscales, que solamente debían rubricar el libelo acusatorio y el intercambio de pruebas.

Mientras unos fabricaron los casos, otros se limitaron a firmar las acusaciones, ya sea por miedo o por cooptación, pero a final de cuentas estos últimos son los que están asumiendo la responsabilidad del delito penal en que han incurrido. Y de acuerdo con las mismas fuentes de la Fiscalía, la cocina de juicios políticos no se limitó a fabricar casos e imputar delitos inexistentes, sino que además se convirtió en una maquinaria para borrar pruebas y evidencias que implican a los verdaderos perpetradores de la matanza de más de 300 ciudadanos.

Ese es el legado de impunidad que Ortega pretende imponerle a Nicaragua, que se refuerza con el colapso de todas las instituciones democráticas que están controladas por el sistema Estado-Partido-Familia. De manera que cuando venga el cambio político, después de unas elecciones libres, el nuevo gobierno democrático no solamente tendrá que desarmar y desmantelar a los paramilitares y hacer un cambio total de la Policía Nacional, sino que también debe cambiar desde la raíz al Ministerio Público. Y la única manera de realizar estos cambios, mientras se sientan las bases de una investigación sobre los crímenes de la dictadura, la corrupción, y hacer justicia, es con el apoyo de una entidad supranacional, con el respaldo de Naciones Unidas y la OEA. De lo contrario, aunque pierdan una elección, Ortega y Murillo seguirán “gobernando desde abajo”, haciendo que este país sea ingobernable

Por eso ahora que hay un convencimiento profundo sobre la necesidad de crear una gran coalición nacional opositora para ir a elecciones libres, es imperativo empezar a discutir primero el programa de gobierno del cambio democrático, que puede unir a todos los nicaragüenses. Uno de los puntos imprescindibles en ese programa, debería ser la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Nicaragua (Cicin), que contribuya a desmantelar las estructuras heredadas por la dictadura.

Los nicaragüenses debemos aprender de las mejores experiencias de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), auspiciada por la ONU, y de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), creada con el apoyo de la OEA. Analizar el balance de la Cicig y la Maccih, con sus logros y errores, ayudará a diseñar una entidad que responda a las particularidades de la crisis nacional y las tareas monumentales a realizar, después de más de una década de dictadura.

En un informe preparado por el experto Charles Call, profesor de Pacificación Internacional y Resolución de Conflictos en American University, resume así el balance de la Cicig y la Maccih: “Ambas misiones han alcanzado históricos logros fiscalizadores y procesales, llevando a funcionarios anteriores y actuales a rendir cuentas como nunca antes, advirtiendo a poderosas élites que no habrá tolerancia ante la impunidad. Cicig ha desmantelado redes de corrupción, exponiendo su alcance en el Congreso y en el gabinete y procesando a cientos de acusados. Maccih ha respaldado acusaciones contra docenas de legisladores y una exprimera dama. A través de una labor junto a unidades especializadas de fiscales, también han contribuido a desarrollar la capacidad institucional para erradicar la corrupción”.

La transición democrática en la Nicaragua pos-Ortega no puede fundarse en otra amnistía, sino en la justicia sin impunidad. Sin embargo, no se puede esperar que concluya el largo y complejo proceso de refundación de todas las instituciones democráticas, para iniciar el cambio. Mientras se realiza una reforma total en la Fiscalía, la Policía, la Justicia, el Poder Electoral, la Contraloría, y la Administración pública, será necesario empezar a desmantelar las mafias que están incrustadas en el Estado, con el apoyo de una asistencia internacional extraordinaria y la Cicin. Y la coalición nacional opositora requiere ganar una elección con una mayoría abrumadora en las urnas, para obtener un mandato político inequívoco para el cambio y convocar a esa ayuda internacional extraordinaria. A final de cuentas, la razón de ser de la unidad opositora, consiste en desmantelar las estructuras de la dictadura, para que Nicaragua vuelva a ser República.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en el sitio web de Confidencial. La sección Voces es una contribución al debate público sobre temas  que nos afectan como sociedad.