Trump planea dejar sin permiso de trabajo a quienes pidan asilo en Estados Unidos, según CBS
La administración de Donald Trump está considerando una regulación que impediría otorgar nuevos permisos de trabajo a solicitantes de asilo, lo que representaría un cambio drástico en la política migratoria de Estados Unidos, según reveló el medio estadounidense CBS News, citando a dos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El plan en estudio implicaría una pausa indefinida en la entrega de autorizaciones de empleo a quienes piden asilo, hasta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pueda resolver sus casos en un promedio de 180 días, una meta considerada inalcanzable en el corto plazo debido al colapso del sistema.
Actualmente, los solicitantes de asilo pueden pedir un permiso de trabajo 150 días después de presentar su caso, y obtenerlo al cumplir 180 días. Esta política ha estado en vigor desde los años 90. Sin embargo, la propuesta de Trump busca elevar el plazo mínimo a un año completo desde la solicitud de asilo, incluso si USCIS logra mejorar sus tiempos.
Los que ya tienen permiso no serían afectados… por ahora
Según CBS News, la regulación afectaría solo a quienes aún no han recibido el permiso, no a quienes ya lo tienen vigente. Aun así, defensores de migrantes alertan que el cambio podría dejar a miles sin opción legal de empleo en un contexto ya precario.
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La medida, de ser implementada, golpearía directamente a quienes han presentado solicitudes de asilo y aún esperan que USCIS o los tribunales decidan sus casos. Incluye tanto a personas bajo procedimientos administrativos como a aquellas en procesos de deportación.
Nicaragüenses con parole enfrentan doble incertidumbre
La propuesta de Trump llega en un momento especialmente delicado para más de 93.000 nicaragüenses que han ingresado desde enero de 2023 con parole humanitario. La Corte Suprema de Estados Unidos avaló recientemente que el gobierno puede eliminar este estatus, dejando a estas personas en una situación legal incierta.
Muchos de ellos han solicitado asilo como alternativa para regularizar su permanencia, y siguen esperando sus permisos de trabajo, por los que deben pagar 470 dólares. Si la nueva regla entra en vigor, podrían quedar atrapados en un limbo migratorio y económico, sin la posibilidad de trabajar legalmente.
Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump ha retomado su política de mano dura contra la migración. Emitió una orden que permite deportaciones sumarias bajo el argumento de que el país enfrenta una "invasión", una medida que ya está siendo impugnada en tribunales.
No obstante, activistas y defensores de derechos humanos advierten que impedir trabajar a quienes buscan asilo no solo los empuja a la economía informal, sino que también afecta a sectores económicos que dependen de esa fuerza laboral, como la construcción, la limpieza y la salud.
“Los solicitantes de asilo desempeñan papeles cruciales en una amplia gama de empleos: son los médicos y quienes limpian los hospitales”, dijo Conchita Cruz, codirectora del Proyecto de Defensa de los Solicitantes de Asilo.