La madrugada de este lunes el régimen habría liberado a al menos 50 presos políticos, entre ellos el periodista Marlon Powel y la lideresa trans Victoria Obando. Todos han salido bajo la Ley de Amnistía, aunque la misma no ha entrado en vigencia.

El régimen ha insistido en llamar a la comunidad internacional a que cese la aplicación de sanciones, pero el hijo de Ortega y Murillo dice que no le afectan en nada, aunque las mismas le han declarado una especie de “muerte civil” en el sistema financiero.

Luego de celebrar la aplicación de una ley de amnistía que permitirá la liberación de los presos políticos, el eurodiputado Ramón Jáuregui aclaró que el régimen debe aplicar los acuerdos de desarrollo democrático y constitucional, de lo contrario “la Unión Europea adoptará sanciones”.

El miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dice que consultarán a al Nuncio y al representante de la OEA qué piensan sobre la ley aprobada por la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional.

La aprobación de la Ley de Amnistía por los diputados del régimen orteguista en la Asamblea Nacional pretende conseguir la impunidad de Daniel Ortega, por los crímenes de lesa humanidad, cometidas a través de sus instituciones, estructuras partidarias y paramilares, señaló la Alianza Cívica.

La iniciativa fue presentada el viernes por los 71 diputados sandinistas y el camaleónico Wilfredo Navarro, 24 horas después el Poder Legislativo, la convirtió en ley.

El proyecto de ley que pretenden aprobar este sábado la aplanadora orteguista en la Asamblea Nacional dejaría impune los asesinatos que cometió la dictadura de Daniel Ortega e impediría que se investiguen y procesen a los verdaderos responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, cometidos a partir de abril de 2018.

La ley manda a las autoridades a no impulsar procesos de investigación contra los responsables de los crímenes cometidos a partir del 18 de abril y ordena cerrar los procesos administrativos iniciados, frenar los procesos penales, así como la ejecución de sentencias.

El diputado Carlos Emilio López aseguró que con la Ley de Atención a Víctimas el régimen se convirtió en buen samaritano al atender a los afectados por el “intento de golpe de Estado”, “aunque no fue quien causó el daño”, ignorando los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura.

Pese a la política represiva del régimen, los “medios independientes se han fortalecido en sus plataformas digitales, mientras que los medios oficiales, pese a que tienen mayor cobertura y recursos, han bajado en sus niveles de audiencia y credibilidad”, señala un informe de Freedom House.