Jordy Estrada realizaba una transmisión para Radio Vos, cuando una simpatizante orteguista le arrebató el celular y lo lanzó donde se encontraban las turbas, al momento de querer recuperar su teléfono, lo golpearon.

Brasil sostiene que la liberación del asesino confeso de la estudiante de medicina, Raynéia Da Costa Lima, “demuestra el deterioro de las instituciones en Nicaragua y un patrón de violación sistemática de garantías individuales y derechos fundamentales”.

La Policía inició un despliegue desproporcionado en el centro de Mangua ante el llamado de estudiantes a salir a las calles para marchar contra la dictadura. OACNUDH insta a Ortega permitir que la gente exprese sus opiniones y los universitarios piden al sector privado dejar salir a sus trabajadores.

“No nos van hacer tomar el camino equivocado”, afirmó el jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, quien mostró su respaldo al régimen de Daniel Ortega, desconoció la existencia de paramilitares y dijo que a la institución castrense no le corresponde ejercer tareas del orden público .

Una vez más la Policía Orteguista no autorizó una manifestación contra el régimen prevista para este jueves en Managua. Sin embargo, líderes de estudiantiles sostienen que van a las calles para retar al dictador y piden al sector privado permitir que sus trabajadores se sumen a la manifestación.

Raynéia Da Costa Lima nunca participó en protestas y cuando ocurrió el crimen ya no había tranques. Pierson Gutiérrez fue presentado como un ciudadano común que disparó por la “actitud sospechosa” de la estudiante. Vilma Núñez advierte que “aquí ha empezado a funcionar la autoamnistía del régimen”.

Un total de 18 asesinatos con características de ejecuciones selectivas, por el vínculo de las víctimas a la protesta cívica, documentan organizaciones que dan seguimiento al alarmante deterioro de los derechos humanos en el país.

Las mujeres fueron detenidas por adornar sus casas con globos azul y blanco en señal de protesta contra la dictadura de Daniel Ortega.

El protocolo de libertad de expresión contempla la devolución de los medios de comunicación confiscados, restitución de personerías jurídicas, el retorno de los periodistas exiliados y reparación a los dueños de medios comunicación destruidos por el aparto gubernamental.

Entre las personas detenidas está la universitaria María Guadalupe Ruiz, a quien el régimen le impuso dos abogados que fungen como policías activos. Tras la liberación del último grupo de presos políticos, la dictadura no ha parado las detenciones ilegales y la persecución contra sus opositores.