Al cerrar la puerta al diálogo Daniel Ortega se arriesga a que se aceleren las sanciones del bloque europeo por no frenar el deterioro de las libertades en el país, algo que han advertido los europarlamentarios que constataron en Nicaragua la gravedad de la situación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó la decisión del régimen de Daniel Ortega de no continuar en la Mesa de Negociación con la Alianza Cívica, al considerar que el diálogo “es un elemento indispensable en las reformas institucionales que requiere Nicaragua” y recuerda que en el país persiste la represión.

La Cepal precisa que Nicaragua, Venezuela y Argentina son las únicas economías que experimentarán contracciones en América Latina.

Este sería el tercer encuentro en el marco de este mecanismo, iniciado en las dos primeras semanas de julio.

Eliseo Núñez sostiene que Funes no cumplió con los requisitos para su nacionalización y calificó como un grave error político la decisión del mandatario nicaragüense.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a la administración Trump a garantizar el derecho al trabajo, vivienda, educación y seguridad social de los nicaragüenses que llegan legal e ilegalmente, desde el momento en que presentan su solicitud de protección internacional.

La Alianza Cívica se quedó esperando a la delegación del régimen para retomar las negociaciones. La negativa al diálogo y el incumplimiento de los acuerdos por parte de Ortega “castiga a toda la población, incrementa la pobreza, el desempleo, la necesidad de emigrar y la desesperanza”, advierten.

La embajadora argentina Paula Bertol lidera el grupo de trabajo para integrar la Comisión de alto nivel de la OEA que realizará gestiones diplomáticas y que dará un plazo de 75 días a Daniel Ortega para mostrar voluntad de buscar una salida a la crisis.

El decreto de Ortega contempla que el Gobierno Central podrá endeudarse a nivel externo hasta US$730.4 millones en 2020, es decir US$161.2 millones menos que este año.

El Cenidh denunció que el trato preferencial de las autoridades migratorias hacia Funes Cartagena contrasta con la deportación ilegal de la activista y defensora de los derechos humanos de las mujeres Ana Quirós.