Y después de las protestas, ¿qué?
La incapacidad de las agrupaciones a institucionalizarse y organizarse es el talón de Aquiles que puede acabar, incluso, con las demandas de las protesta iniciales. Es esa necesaria institucionalización, que pasa por la unidad en la diversidad, la que hay que perseguir después de la oleada de manifestaciones.
- septiembre 17, 2019
- 10:03 AM
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La incapacidad de las agrupaciones a institucionalizarse y organizarse es el talón de Aquiles que puede acabar, incluso, con las demandas de las protesta iniciales. Es esa necesaria institucionalización, que pasa por la unidad en la diversidad, la que hay que perseguir después de la oleada de manifestaciones.
La oleada de protestas ciudadanas de 2018 dejó un resultado que muchos en el país están subestimando: un movimiento social nacional azul y blanco. Lo acontecido en Nicaragua no es una “revuelta aplastada” con demandas que no sobrevivieron a la represión, sino que se trata del génesis de un movimiento nacional con amplio apoyo popular, con demandas organizadas, con acciones sostenidas y con identidad sólida, a pesar de la multiplicidad de actores.
Cabe aclarar que no en todos los casos, las oleadas de protestas generan per se un movimiento social; y esta ha sido una excepcionalidad. Aunque podemos hablar de la existencia de un movimiento social nacional con símbolos y demandas comunes de democratización y justicia, la evidencia encontrada en una investigación de este autor, sugiere que dentro del movimiento azul y blanco existen tres facciones: los institucionalizados, los agrupados en organizaciones no gubernamentales para prestar servicios y los radicalizados.
LOS INSTITUCIONALIZADOS.
Se refiere a los grupos que combinaron procesos de organización interna, moderación de sus objetivos y demandas, adaptación a formas más convencionales de protestas, y que apuntan a salidas negociadas para la crisis sociopolítica resultante de la oleada. Son aquellos que han conformado amplias coaliciones que aglutinan diferentes sectores de la sociedad, evidenciando un amplio consenso social sobre la demanda que se insiste: democracia y justicia.
Esta facción trabaja en tres direcciones: diagnostica y define los problemas y amenazas, identificando al gobierno del presidente Daniel Ortega como causante; planifica y genera estrategias de resistencia y movilización; y motiva a la población al reafirmar las demandas no resueltas.
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Con estas características es posible identificar a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (AC) y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB). Desde sus creaciones, estas coaliciones -hasta cierto punto la primera superpuesta en la segunda- han recibido certificación internacional y han permanecido como interlocutores en los intentos de negociación con el gobierno. Su tendencia a la institucionalización se evidencia en declaraciones de sus miembros. El doctor Carlos Tünnermann, coordinador general de la Alianza, por ejemplo, en una reciente entrevista señaló: “Para lanzarnos a la tarea de promover una gran unidad nacional (…) teníamos que ordenar la casa. Eso significa tener una organización. Necesitamos (…) ir elaborando una especie de plan de nación.”
LOS AGRUPADOS EN ONG PARA PRESTAR SERVICIOS
Dentro de esta facción se observan aquellos grupos que, aunque evocan las mismas demandas que los originaron, actualmente se encuentran prestando servicios o permanecen agrupados sin estrategias y organizaciones concretas. En las visitas de campo del autor, pudo constatarse esta tendencia en comunidades de exiliados en Costa Rica y Estados Unidos, donde las agrupaciones prestan servicios de atención humanitaria (en sus diversas formas) a aquellos que huyeron del país en el contexto de la represión y/o la recesión económica.
LOS RADICALIZADOS
Durante la oleada de protestas, esta facción apeló y recurrió al uso de medios armados como alternativa para la consecución de las demandas, pero carecieron de organización, planificación, difusión y número. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y entrevistas del investigador documentaron, por ejemplo, el uso de armas en determinados tranques en la zona pacífica, central y norte del país. En Monimbó, Masaya, de acuerdo con entrevistas, también se identificó indicios de radicalización que, entre otras cosas, puede asociarse a la tradición combativa y revolucionaria del barrio.
Sin embargo, es posible advertir que a pesar de la documentada presencia de manifestantes armados en algunos puntos específicos de protesta, sobre todo a medida que escalaba la represión, el registro muestra la presencia mayoritaria de personas que se manifestaban de forma pacífica.
Positivamente, durante y después de la oleada de protestas, la viabilidad y el número de esta facción se redujo. La presencia mínima de facciones radicalizadas es determinante para incrementar el grado de apoyo de la comunidad internacional, que es más propensa a denunciar y sancionar a Estados que reprimen a manifestantes si los grupos que protestan no recurren a la violencia y usan mecanismos civiles para canalizar sus demandas. Reducir la radicalización es también clave para estimular el apoyo entre la población general, que percibe a la resistencia civil y pacífica como menos extrema y por ende más atractiva.
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Ante el escenario post oleada de protestas, con demandas no resueltas, acuerdos sin alcanzar y peligrosos escenarios futuros como la agravada represión, la galopante crisis económica, y posibles sanciones internacionales escaladas, estas tres facciones están adquiriendo un rol determinante.
Pero, es importante hacer notar que, de acuerdo con varios teóricos e investigadores, solo los grupos que tienen objetivos claros y fuerte estructura organizacional serán exitosos en la consecución de sus demandas. De hecho, se puede afirmar que la incapacidad de institucionalizarse y organizarse es muchas veces el talón de Aquiles que puede acabar incluso con las demandas de protesta iniciales. Es esa necesaria institucionalización, que pasa por la unidad en la diversidad, la que hay que perseguir después de la oleada de protestas.