El CSE organizó las votaciones más caras de la historia sin ninguna transparencia y bajo un sinnúmero de violaciones a la Ley

El Consejo Supremo Electoral, utilizado por la dictadura de Daniel Ortega para organizar lo que la comunidad internacional ha llamado “farsa electoral” del 7 de noviembre, acumuló durante el proceso de votaciones, un sinnúmero de violaciones a las leyes del país que van desde corrupción, falta transparencia hasta el robo de votos al partido político Camino Cristiano Nicaragüense (CCN).

Así lo documentó el más reciente estudio del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción que puso el foco al Poder Electoral. La organización independiente apuntó una serie de anomalías como la violación a la Ley Electoral al recortar los días de campaña, la falta de sanciones a funcionarios y el Frente Sandinista que incumplieron con la norma electoral al usar so los bienes y edificios públicos para proselitismo político, y la cancelación arbitraria de personerías jurídica a partidos.

Además, los resultados del estudio revelan que los magistrados orteguistas del CSE han actuado con falta de transparencia en la adjudicación de los escaños a la Asamblea Nacional, a la vez que señalan que ese poder del Estado, durante todo este año, realizó diecinueve contrataciones simplificadas, según información publicada en Portal Nicaragua Compra. Esa modalidad de compra, agrega, no se ajusta a los parámetros establecidos por la Ley de Contrataciones del Estado y Reglamento.

ANOMALÍAS EN ASIGNACIÓN DE ESCAÑOS Y “ROBO” DE VOTOS A CCN

Otra de las anomalía que se le achaca a los jueces electorales subordinados a Daniel Ortega y Rosario Murillo, es que de sus propios informes, pasadas las votaciones, se desprende que le “arrebataron” votos al partido CCN para adjudicarlos al Partido Liberal Independiente (PLI), calificado como colaboracionista de la dictadura.

Una acusación similar ya había sido hecha por el presidente del CCN y candidato presidencial de esa organización, Guillermo Osorno, quien aseguró que el CSE “le robó” votos en el departamento de Managua para perjudicarlo y de esa manera quitarle diputados. La denuncia le costó a Osorno las licencias para operar un canal de televisión y una radio que le fueron canceladas, según el reverendo, como represalia. Además no le proclamaron el diputado que había ganado en la capital.

La presidenta del CSE, la sandinista Brenda Rocha, a partir del segundo informe de los resultados de las votaciones había dicho que CCN tenía más de 27 mil votos y era ganador de al menos un diputado departamental por Managua, sin embargo, en los resultados finales y el la proclamación de electos, los jueces electorales ya no adjudicaron el legislador para el partido de Osorno.

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En el segundo informe los jueces electorales revelaron que con el 99.41% de las JRV ya contadas y solo faltando 19 por escrutar en Managua, Camino Cristiano tenía 27 mil 810 votos a su favor, lo que representaba el 3.69% del total de boletas mientras que el PLI acumulaba solo 13 mil 952 votos para un 1.85%

Mientras que en el tercer informe del departamento de Managua, y último preliminar, ya CCN aparece con 20,029 votos y el PLI con 37,027. “Si se suman las 19 JRV que faltaban por escrutar que son 7,600 votos y aunque todos votaran por el PLI, no obtendría una cantidad superior de votos que el Partido CCN”, denuncia Pro Transparencia poniendo en evidencia el fraude cometido por el propio Consejo Electoral.

Asimismo, denuncian que en cuanto a la asignación de escaños para diputados, al comparar la lista oficial de candidatos publicada en La Gaceta, el diario oficial, el 10 de septiembre del 2021 con la lista de los proclamados como nuevos diputados electos, se puede comprobar que fueron «invertidos», es decir, los propietarios pasaron a suplentes.

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Esto fue en los casos de los candidatos del PLI a diputado nacional Propietario Pedro Treminio y su suplente Ana María Velazaques, así como el propietario al Parlacen Rodolfo Martínez y su suplente Margine Trujillo, también el de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) Harold Sánchez y su suplente Yolanda Zavala, todos fueron «invertidos», según Protranparencia.

Para el Observatorio Anticorrupción, la falta de transparencia en Nicaragua ha crecido vertiginosamente en un corto tiempo debido, entre otras cosas, a la centralización del poder en manos de la pareja dictatorial Ortega-Murillo y al poco acceso que existe sobre las ejecuciones presupuestarias de cada institución.

El CSE, este año publicó 27 boletines informativos, todos sobre el proceso electoral y en ninguno hace mención de las adquisiciones de bienes o servicios que serían utilizados durante todo el proceso. El informe indica que cada día se practica más el secretismo sobre los temas de transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios públicos y esto se ve reforzado por no existir una Contraloría beligerante.

LA MAYOR ABSTENCIÓN EN LAS VOTACIONES MÁS CARAS DE LA HISTORIA DE NICARAGUA

El análisis realizado al pasado proceso de votaciones en el que el dictador Ortega impuso su tercera reelección para un cuarto periodo consecutivo recuerda que desde el inicio se observó apatía entre los ciudadanos para participar en el remedo de elecciones.

De acuerdo con el monitoreo realizado el día de las votaciones por el organismo Urnas Abiertas, la abstención alcanzó aproximadamente el 81 por ciento, aunque el régimen asegura que la participación en las votaciones fue de 65 por ciento. En lo que llama la atención el organismo anticorrupción es que se está ante una de las más altas abstenciones en la historia republicana de Nicaragua, pero además también ante uno de los procesos electorales más caros.

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El régimen destinó un presupuesto al CSE de 773 millones 428 mil córdobas para organizar las elecciones, además destinó un monto que se reembolsará a los partidos políticos de 806 millones 700 mil córdobas, lo que suma un total de 1 mil 580 millones 128 mil córdobas.

De acuerdo con el padrón electoral, estaban habilitados 4 millones 478 mil 334 votantes y según el CSE acudieron a votar 2 millones 922 mil 561 personas (65.26%) por lo que cada voto le costó a la ciudadanía 15.27 dólares, aunque el costo real debe ser mayor porque en realidad fue menor el número de votantes.

Las votaciones de noviembre han sido desconocidas por al menos 50 países del mundo que advierten que el dictador Ortega se “reeligió” mediante una “pantomima” de elecciones y otros la llaman “farsa electoral”. En definitiva, la comunidad internacional califica el nuevo mandato de los Ortega-Murillo como “ilegítimo”.