Expertos de la ONU tras la purga de abogados en Nicaragua: “Es un clavo más en el ataúd de la justicia”
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN) denunció este lunes la eliminación repentina y masiva de abogados y notarios públicos del registro del Poder Judicial por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La ONU advirtió que esta medida representa una «nueva escalada» en el desmantelamiento del sistema de justicia, la cual priva de forma inmediata a la población de su derecho a la defensa.
A través de un comunicado, Grupo de Expertos denunció que la inhabilitación se ejecutó sin notificación previa, sin fundamento jurídico y sin ninguna explicación oficial por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La mayoría de los juristas se enteró de la sanción de facto al intentar ingresar a un tribunal, presentar escritos judiciales o al verse bloqueados del registro digital de la institución.
«Durante la última semana, se ha acumulado evidencia que corrobora motivos razonables para considerar que el gobierno nicaragüense está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión», afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
Un proceso de control absoluto
El GHREN contextualizó que esta medida es la continuación de una amplia depuración del sistema judicial que inició en octubre de 2023, cuando la Policía tomó el control de la CSJ. Desde entonces, el proceso ha dejado como saldo la destitución o renuncia forzada de ocho magistrados y el despido de más de un millar de funcionarios judiciales.
Asimismo, los expertos recordaron que este control absoluto se consolidó con la reforma constitucional de 2025, la cual despojó formalmente al Poder Judicial de su condición de poder independiente del Estado, redefiniéndolo como un «órgano» coordinado directamente por la Presidencia y reduciendo el número de magistrados de 16 a 10, todos propuestos por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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“Esta depuración silenciosa de la profesión jurídica es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua: primero fueron los jueces; ahora son los abogados y las abogadas”, sentenció Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.
Brody enfatizó que las normas internacionales son inequívocas al prohibir que se prive a alguien del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente. «En este caso no hubo audiencia, ni órgano independiente; solo una tecla de borrar”, fustigó el jurista.
Persecución sin distinción política
El comunicado de los expertos de Naciones Unidas coincide con los reportes independientes que señalan que la purga ha alcanzado tanto a abogados en el exilio y opositores, como a exmagistrados y antiguos miembros del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Ariela Peralta, también integrante del Grupo de Expertos, recordó que el gremio de juristas ha sido blanco de persecución política desde el año 2018 a través de amenazas, hostigamiento, detenciones y exilio. «Se les ha negado sistemáticamente el acceso a sus clientes y ahora también se les priva del ejercicio mismo de su profesión”, lamentó.
Finalmente, el organismo de la ONU alertó que la exclusión arbitraria de los profesionales de los registros oficiales tiene graves consecuencias colectivas, ya que debilita aún más la administración de justicia, dejando a la ciudadanía en la vulnerabilidad al impedirles obtener representación legal o realizar trámites jurídicos esenciales ante los tribunales.
