Nicaragua, entre los ocho países con «riesgo muy alto de tortura»

Solo siete países comparten con Nicaragua la categoría de riesgo «muy alto» de tortura en el Indice Global sobre la Tortura. El país entró a este grupo por un patrón de violaciones sistemáticas que incluye violencia sexual, descargas eléctricas, aislamiento prolongado, entre otros métodos de crueldad, que según la más reciente actualización.

El informe concluye que, ocho años después de la represión de las protestas ciudadanas que marcó el viro autoritario del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, estos métodos de tortura y otros malos tratos continúan documentándose en el país, una situación de tal gravedad que solo se vive en otros siete lugares del mundo: El Salvador, Rusia, Irán, Aganistán, Libia, Bielorrusia y Etiopía.

La evaluación señala Nicaragua que en Nicaragua la tortura se concentra principalmente en el centro de detención de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, la temida cárcel El Chipote y en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.

El Indice Global sobre la Tortura, presentado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) en vísperas del Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, es una herramienta elaborada con el apoyo de unas 90 organizaciones de la sociedad civil y especialistas que evalúa el riesgo de tortura y otros tratos crueles en 26 países. El estudio combina información jurídica, institucional y testimonios de víctimas para medir el nivel de riesgo y formular recomendaciones a los Estados.

40 métodos de tortura documentos

La conclusión del informe sobre Nicaragua se sustenta, entre otras evidencias, en más de 250 testimonios documentados por el Colectivo Nicaragua Nunca Más, que identificó al menos 40 métodos de tortura y otros malos tratos. Violencia sexual, descargas eléctricas, aislamiento prolongado, desapariciones forzadas temporales y largos periodos de incomunicación forman parte de ese catálogo de abusos.

El documento recuerda que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas concluyó que las autoridades del régimen sandinista han cometido crímenes de lesa humanidad y que, en su informe de 2025, identificó a 54 funcionarios que formarían parte de la cadena de mando responsable de esas violaciones.

El índice añade que al menos 46 presos políticos permanecían encarcelados hasta mayo de 2026 y que ocho personas han muerto bajo custodia estatal desde 2019, mientras persisten denuncias sobre condiciones de detención incompatibles con los estándares internacionales.

Un Estado en poder de un régimen sin controles

El informe atribuye el elevado riesgo de tortura al progresivo desmantelamiento de las garantías democráticas y los mecanismos de control del Estado.

Como muestra del deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, el informe recuerda que el régimen ha cancelado más de 5,600 organizaciones de la sociedad civil, ha despojado de la nacionalidad a más de 300 ciudadanos y mantiene cerrado el país al escrutinio internacional desde 2018 el ingreso de mecanismos independientes para inspeccionar centros de detención y verificar denuncias de violaciones de derechos humanos.

También recuerda que el régimen rechazó el examen del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas en 2022 y que, hasta la fecha, no ha implementado ninguna de las recomendaciones emitidas por ese órgano.

A ello suma la reforma constitucional de 2025, que, según el índice, consolidó la concentración del poder en el Ejecutivo y debilitó aún más la independencia de las instituciones encargadas de prevenir, investigar y sancionar la tortura.

Cuatro áreas en “riesgo muy alto”

El Global Torture Index califica a Nicaragua con riesgo muy alto en cuatro de los siete pilares analizados: compromiso político contra la tortura, lucha contra la impunidad, derechos de las víctimas y derecho a la defensa y espacio cívico.

En los apartados sobre brutalidad policial y violencia institucional, protección frente a la tortura en centros de detención y protección de grupos en situación de vulnerabilidad, el país obtiene una calificación de alto riesgo.

Entre sus diez recomendaciones, el informe insta al régimen a liberar de forma inmediata e incondicional a todas las personas encarceladas por motivos políticos, anular las condenas impuestas en violación del debido proceso y poner fin a toda forma de vigilancia, amenazas e intimidación contra quienes recuperen su libertad.

También reclama la restitución de la nacionalidad a las personas despojadas de ese derecho, la devolución de la personalidad jurídica y los bienes confiscados a las organizaciones civiles canceladas, el restablecimiento de las libertades de asociación, expresión y reunión, y el ingreso sin restricciones de mecanismos internacionales de derechos humanos al país.

El índice pide, además, crear condiciones seguras para el retorno de los nicaragüenses exiliados y exhorta a los Estados a recurrir a la jurisdicción universal para investigar y, cuando corresponda, juzgar a los responsables de graves violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua.

Reconocimiento a periodistas y defensores en el exilio

Como una de las pocas buenas prácticas identificadas en el caso nicaragüense, el informe reconoce la labor de defensores de derechos humanos, periodistas y medios independientes que, pese al exilio forzado, continúan documentando abusos y acompañando a las víctimas.

Destaca de manera expresa el trabajo del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, por mantener el registro de las denuncias y contribuir a visibilizar una práctica que, según concluye el Global Torture Index 2025, sigue representando uno de los mayores desafíos para los derechos humanos en Nicaragua.