Deuda, INSS y proyectos sin avances exprimen el Presupuesto de 2026
Para 2026, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo destinará un 20 % del Presupuesto General de la República únicamente al pago de la deuda interna y externa, una porción millonaria que compromete recursos públicos que podrían ser destinados al gasto social. Otro 5 % se reservará para sostener al "quebrado" Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Además, volverá a inyectar dinero en el Aeropuerto Punta Huete, un proyecto patrocinado por socios chinos que, pese a haberse anunciado en agosto de 2024, aún no muestra avances visibles.
En cifras concretas, el régimen planea destinar 13,274,839,000 córdobas al pago de la deuda pública y 19,229,474,000 córdobas a la amortización de deudas internas y externas. Según el economista Juan Sebastián Chamorro, estas cifras reflejan el "enorme endeudamiento al que Ortega ha sometido al país".
Hasta el primer trimestre de este 2025, Nicaragua acumulaba una deuda pública total de 10,373.2 millones de dólares, es decir, unos 379,911.1 millones de córdobas, al cambio oficial del dólar. De estos, el 83.8% corresponden al saldo de la deuda externa y el 16.2% a la interna, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
"Este año el 20% del Presupuesto General de la República se va al pago de deuda externa y deuda interna. Pago de intereses y amortizaciones del principal de la deuda", critica Chamorro.
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Intentan sostener el INSS
El régimen también proyecta mantener con vida al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Solo en concepto de aporte estatal, destinará 2,849.9 millones de córdobas, además de otros 95,746,000 córdobas para "pensiones especiales", cifras que intentan sostener un sistema en crisis.
"Llama mucho la atención el incremento al INSS, que en adición a otra partida que ya se venía arrastrando desde el año pasado, totalizan estas dos partidas en el Presupuesto del próximo año de 220 millones de dólares. Es decir, la institución, quebrada técnicamente, sin reservas financieras, está absorbiendo el 5% del Presupuesto general, alcanzando a las alcaldías, transferencias municipales, el 6% de las universidades y sobrepasó al Ejército sandinista, a la Policía sandinista y al Poder Judicial", expone el economista.
Para 2026, la dictadura también incrementó el presupuesto para la construcción del Aeropuerto Internacional Punta Huete, en San Francisco Libre. En 2025 se destinaron 5,585 millones de córdobas (152 millones de dólares) y para el próximo año la partida será de 7,288.1 millones de córdobas (198 millones de dólares).
"Si sumamos los montos del 2025 y las que se van a hacer el próximo año totalizan 350 millones de dólares en esta inversión. Un aeropuerto que probablemente esté en los planes, si es que alguna vez se hace", cuestiona Chamorro.
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La duda sobre el megaproyecto del régimen surge de un historial de promesas incumplidas que solo han quedado en papel. El canal interoceánico, abortado hace años, sigue drenando recursos del Presupuesto sin que se rinda cuentas sobre el destino de los mismos.
A esto se suma que, aunque el Aeropuerto Punta Huete supuestamente está en construcción y el régimen promete tenerlo listo y operativo para 2028, los informes de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda correspondientes al primer semestre de 2025 muestran un avance pírrico: no se ha invertido ni el 10 % de los fondos asignados.
Otro proyecto que exprime los fondos públicos 2026 es la Pista Juan Pablo II, rebautizada por la dictadura como Pista Héroes y Mártires de la Insurrección, para la cual se destinarán 1,189.5 millones de córdobas, consolidando un patrón donde el dinero fluye más hacia promesas que hacia obras terminadas.
El PGR 2026 debe aprobarse antes del 15 de diciembre de este 2025. Sin embargo, Chamorro advierte que podría sufrir modificaciones si Estados Unidos decide suspender a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR) o si impone aranceles del 100% a los productos nicaragüenses.
"El Presupuesto General de la República va a tener que ser revisado si la investigación de la Sección 301 relacionada al CAFTA se materializa", concluye el Juan Sebastián Chamorro haciendo referencia a la investigación que Estados Unidos realizó sobre las acciones, políticas y prácticas represivas del régimen Ortega-Murillo.
