Crece la alarma entre pequeños negocios por posibles aranceles de Estados Unidos a productos nicaragüenses
Crece la incertidumbre entre pequeños negocios, importadores y empresarios del sector café, textiles y tabaco en Estados Unidos ante la posibilidad de que la administración Trump imponga nuevos aranceles o suspenda los beneficios del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA-DR) para Nicaragua.
Más de 400 comentarios enviados a la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) durante la consulta pública abierta piden mantener los beneficios del acuerdo y evitar sanciones generalizadas que —advierten— castigarían a trabajadores, agricultores y pequeñas empresas, más que al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La investigación del USTR, realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, determinó que las prácticas del régimen nicaragüense son “irrazonables” y violan derechos humanos y laborales. Ahora, Washington evalúa dos caminos: suspender los beneficios del CAFTA-DR, eliminando las ventajas arancelarias o imponer aranceles punitivos de hasta el 100 % a productos nicaragüenses.
Los aportes servirán de base para definir las medidas comerciales que la administración Trump adoptará tras la investigación del USTR bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Café, tabaco y textiles: los sectores que alzan la voz
Los mensajes provienen sobre todo de pequeños importadores estadounidenses y emprendedores nicaragüenses que viven del comercio bilateral. El tono dominante es de zozobra económica y pedido de prudencia.
“Los aranceles al café perjudicarán a los pequeños caficultores más que al gobierno”, escribió Zachary Ray, propietario de Desert Sun Coffee Roasters, quien pide exenciones para el café nicaragüense.
“Unos aranceles del 100 % al café nicaragüense podrían llevarme a la quiebra”, advirtió 817 Coffee Roasters, que señala que Estados Unidos no produce café fuera de Hawái y que los aumentos afectarían directamente a los consumidores estadounidenses.
En el sector tabacalero —que representa casi el 12 % de las exportaciones bajo el régimen de zonas francas los reclamos son similares: “Estos altos aranceles afectarán la economía nicaragüense donde más le duele, causando devastación tanto a agricultores familiares como a fabricantes de puros”, expresó Greg Lynch, de Stormtrooper Ranch.
“Por favor mantengan a Nicaragua dentro del CAFTA-DR”, escribió Masaya Trading Company, dedicada a importar muebles. “Permitir el ingreso de productos libres de impuestos ayuda a nuestras operaciones y a los trabajadores nicaragüenses”.
Incluso ciudadanos nicaragüenses han intervenido directamente en el proceso. Uno de los comentarios más extensos, firmado por un grupo de emprendedores locales, advierte:
“La exclusión de Nicaragua del CAFTA afectaría principalmente a las comunidades rurales y a los pequeños negocios. Quitar ese soporte sería como quitar el oxígeno a una economía frágil pero trabajadora”.
También alertan sobre el posible acercamiento de Managua con China si se rompe el vínculo comercial con Estados Unidos.
Los aranceles ya pesan sobre Nicaragua
Desde agosto, los productos nicaragüenses pagan un arancel del 18 %, el más alto aplicado por Estados Unidos a un país de América Latina.
Ese incremento, adoptado antes de la conclusión de la investigación, ya afecta especialmente al tabaco, los textiles y el café, pilares de las exportaciones nicaragüenses bajo el régimen de zonas francas, que en 2024 alcanzaron 3,331 millones de dólares, el 44 % del total exportado por el país.
Estados Unidos continúa siendo el principal destino de los productos nicaragüenses, con una participación del 48.4 % del total de las exportaciones (3,640 millones de dólares).
Un endurecimiento de las sanciones podría desestabilizar por completo el comercio bilateral, en el que más de 140,000 trabajadores dependen de industrias como las zonas francas.
Un escenario provocado por el régimen
La investigación de la Oficina del Representante Comercial (USTR) concluyó que el régimen de Ortega y Murillo ha desmantelado el Estado de derecho, reprimido sindicatos, confiscado propiedades y permitido el trabajo infantil, generando un entorno “hostil e irrazonable” para el comercio y la inversión extranjera.
Por eso, aunque la mayoría de comentarios pide mantener el CAFTA-DR, la decisión final no depende de los empresarios, sino de la voluntad política de la Casa Blanca de cómo sancionar al régimen sin castigar al pueblo nicaragüense.
El plazo para enviar observaciones vence el 19 de noviembre, tras lo cual la administración Trump deberá decidir si opta por el castigo económico o por mantener el vínculo comercial con condiciones reforzadas.
