El régimen dice que se retiró la demanda contra Israel por "el alto costo financiero"

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó este sábado su decisión de retirarse de la causa contra Israel por supuesto genocidio ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, por "el alto costo financiero" que representaba continuar en dicho proceso.

"La decisión obedece al alto costo financiero que implica para un país en desarrollo y con las restricciones económicas que sufre Nicaragua", justificó la dictadura en una nota de prensa divulgado en los medios oficialistas.

Según la dictadura, el pasado 1 de abril "Nicaragua informó a la Corte de su decisión de retirar la solicitud de permiso para intervenir", en el caso relativo a la aplicación del Convenio para la prevención y represión del crimen de genocidio en la Franja de Gaza, querella que había iniciado Sudáfrica contra Israel.

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El respaldo de Ortega y Murillo a Palestina será ahora de manera política, ya que descontinuó su participación en el proceso judicial en La Haya. La dictadura nicaragüense exigía que se declarase que el Estado de Israel "ha violado y continúa violando sus obligaciones" bajo la Convención y "debe cesar de inmediato cualquier acto y medida que viole esas obligaciones, incluidos aquellos actos o medidas" que podrían causar la muerte de civiles palestinos en Gaza..

El régimen también hizo un llamado a los países con mayores recursos para que utilicen las vías judiciales internacionales para defender los derechos de Palestina.

¿Ortega y Murillo en crisis?

Opositores han puesto en duda el argumento del régimen para descontinuar el proceso. Explican que los costos económicos los conocen los países de antemano y más cuando el representante del régimen ante el Reino de los Países Bajos, donde tiene su sede la CIJ, es el decano del cuerpo diplomático y agente de Managua en los casos que ha conocido el máximo tribunal de justicia, Carlos José Argüello.

Aunque la dictadura insiste en su compromiso con el derecho internacional, esta decisión pone de relieve las limitaciones que enfrentan algunos países en desarrollo para acceder de forma efectiva a mecanismos judiciales internacionales.

En una fase preliminar del caso, la CIJ exigió el año pasado a Israel evitar "la destrucción física total o parcial" de los palestinos en Gaza; "detener de inmediato su ofensiva militar" en Rafah, en el sur de la Franja, y "tomar medidas efectivas para asegurar la entrada sin impedimentos" de ayuda humanitaria.

Además, le exigió garantizar el acceso de misiones de expertos para investigar las denuncias de genocidio.

Hasta la fecha, han solicitado formalmente intervenir en este mismo procedimiento Irlanda, Colombia, Cuba, Libia, México, Palestina, España, Turquía, Chile, Maldivas y Bolivia.