Los recapturados de la dictadura: 41 opositores repiten como presos políticos

De los 170 opositores encarcelados por la dictadura Ortega-Murillo en los últimos dos años al menos 41 sufren cárcel política por segunda vez, ya que fueron parte de los más de 900 ciudadados encarcelados durante el estallido social de abril de 2018 que marcó el inicio de la crisis sociopolítica -todavía sin resolver- en Nicaragua.

Este grupo recuperó su libertad en junio de 2019 bajo la Ley de Amnistía promovida por Daniel Ortega, pero fueron nuevamente encarcelados, la mayoría bajo cargos sustentados en la Ley Especial de Ciberdelitos y laLey de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, Ley  1055.

Esas recapturas generan desconfianza entre algunos familiares de presos políticos ante la posibilidad de una negociación que resulte en la excarcelación de los opositores.

En junio de 2019, los diputados orteguistas en la Asamblea Nacional promulgaron una Ley de Amnistía con el fin, supuestamente, de excarcelar a por lo menos 600 opositores que hasta ese momento estaban en las cárceles de la dictadura por haber participado en las protestas sociales iniciadas en abril del 2018.

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Sin embargo, la libertad nunca fue efectiva, ssotienen defensores de derechos humanos, porque todos los excarcelados siguieron siendo asediados, perseguidos y capturados, algunos para ser interrogados y luego dejados en libertad y otros, como el caso de los 41 que aún están en la cárcel, según los registros del Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas.

Del total de opositores recapturados, 31 ya están condenados y 10 aún están en proceso judicial. Los delitos por los que más los han acusado son tráfico de drogas y tenencia de armas. 

RECAPTURADOS SUFREN MÁS TORTURAS

De acuerdo con el monitoreo de los opositores encarcelados que lleva a cabo el Mecanismo, durante el 2021, fueron capturadas 10 personas que ya habían estado en la cárcel por razones políticas.

Entre los casos más visibles de recapturas de opositores que ya habían sido excarcelados están el líder campesino y precandidato presidencial Medardo Mairena, el periodista y aspirante a la presidencia Miguel Mora, los campesinos Pedro Mena y Fredy Navas, y Jaime Navarrete.

Además hay tres mujeres que también han sido arrestadas de nuevo y que enfrentan condenas. 

De acuerdo con el mas reciente informe del Mecanismo de Reconocimiento de las Personas Presas Políticas, todos los reos de conciencia sufren en las cárceles pero, en el caso de los recapturados y los que muestran resistencia a someterse a los guardias penitenciarios, son sometidos a mayor y más intensos métodos de maltrato.

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Según denuncias de familiares, sufren mayor número de golpizas, incomunicación con sus familias por largos períodos o suspensión injustificada de las visitas, amenazas por parte de carcelarios o reos y reas comunes, aislamiento total en celdas empernadas, limitado suministro de alimentos, insuficientes salidas al patio de sol, retiro de Biblias, luces encendidas todo el día, entre otras.

Para el coordinador del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, Gonzalo Carrión, los presos políticos recapturados, en la realidad nunca fueron beneficiados por la Ley de Amnistía promulgada por la dictadura.

Asegura que en realidad esa Ley de Amnistía no fue diseñada como para liberar a los presos políticos en ese momento, pues “el régimen la concibió para dejar en total impunidad los crímenes de lesa humanidad”. Agrega Carrión que  el régimen Ortega-Murillo no buscaba beneficiar a los que reclamaban democracia sino “a los criminales al servicio de su dictadura”.

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Recordó que los opositores excarcelados nunca han dejado de ser asediados y por ello se han visto obligados a emigrar en busca de seguridad y ponerse a salvo de la represión.La libertad de los de los protestantes fue de mentira. “El Colectivo tiene más de 120 testimonios de los horrores que han vivido los recapturados. Se siguen violentando los derechos humanos y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad”, señaló el defensor. 

Por su parte, Vilma Núñez, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) advirtió que todas esas recapturas de los opositores y ahora nuevamente presos políticos, algunos bajo proceso y otros ya condenados bajo delitos comunes inventados, representan “un retroceso en la ‘autoamnistía’ que se recetó el régimen para proteger a sus fuerzas represivas”. 

Argumentó que “los opositores que salieron bajo la amnistía debieron ser beneficiados además con la extinción de la responsabilidad penal en los casos que estaban siendo ya acusados. La Amnistía es un medio legal para la extinción de la responsabilidad penal y no se conoce que alguno de los excarcelados haya pasado por esos procesos, muy por el contrario, algunos han sido capturados de nuevo”. 

La directora del Cenidh considera que las recapturas son revictimizaciones de los oposotores que además siguen sufriendo cárcel y tortura. “En el afán de continuar con la represión contra los nicaragüenses que se sumaron a las protestas sociales, la dictadura ha usado el subterfugio de importarle delitos comunes que nunca han cometido para justificar su encarcelamiento”, denunció.

NO CONFÍAN EN LIBERACIONES SIN GARANTÍAS PLENAS

Ana Lucía Álvarez Vijil, familiar de presos políticos, aseguró que las excarcelaciones que promovió el régimen no garantiza que sea una libertad duradera y plena, lo que ya está demostrado, según dijo, con la recaptura y encarcelamiento de más de 40 opositores que ahora han sido acusados por delitos comunes. “La libertad de los reos de conciencia debe ser con garantías plenas de respeto al principio de legalidad para que no sean apresados de nuevo”, dijo. 

Según el mecanismo para el reconocimiento de los presos políticos, del total de 160 opositores encarcelados por las protestas iniciadas en abril de 2018, 120 se encuentran en los distintos centros del Sistema Penitenciario Nacional; 35 en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) conocida como «El Chipote» en Managua. Además, 3 están en delegaciones municipales de la policía y 2 en arresto domiciliario. De ellos, 147 son hombres y 13 mujeres. Además hay 10 reos considerados políticos de antes del 2018.