Comunidades indígenas exigen desalojar a colonos y acabar con la violencia en sus territorios
Defensores de los derechos de los pueblos autóctonos del Caribe de Nicaragua denuncian que más de 50 nativos han sido asesinados por “colonos mestizos” que llegan a invadir sus tierras. En sus comunidades la violencia es cada vez más cruel, pero “las autoridades regionales y nacionales no hacen nada».
Limborth Bucardo, vicecoordinador del Organismo Prilaka, que se dedica a promover y defender los derechos humanos de los pueblos del Caribe, manifestó que “desde los territorios indígenas, en la Costa Caribe de Nicaragua, en las tierras misquitas denunciamos las difíciles circunstancias que vivimos desde hace muchos años, resistiéndonos a la colonización” y demandan que cesen los asesinatos, los secuestros, las violaciones sexuales contra las mujeres indígenas y las ejecuciones extrajudiciales.
El activista, originario de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN), advierte que el proceso de invasión, colonización y violencia que se vive en los territorios caribeños “atenta contra el armonía, el desarrollo económico y la autonomía de las comunidades indígenas”.
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Además de resistirse a la invasión de colonos, tienen que enfrentar las afectaciones climáticas y la imposición de autoridades tradicionales por parte de los políticos. “Todo esto deteriora el tejido social de nuestras comunidades”, denuncia.
El proceso de colonización violenta de las tierras indígenas, según el dirigente comunitario, se recrudeció a partir del 2010. “Vivimos un apocalipsis, una crisis grave y cruel. La oleada de invasiones de colonos es cada vez más numerosa y continua y entran cometiendo crímenes contra las comunidades miquitas y mayangnas y estos crímenes no se dan a conocer por las autoridades”.
¿QUIÉNES SON LOS COLONOS?
Bucardo explica que la “expropiación” ilegal y violenta de sus tierras es ejecutada por los colonos que “son campesinos mestizos provenientes de otras zonas del país, principalmente del norte, centro y occidente, los que invaden los territorios usando la fuerza, armados con equipos de guerra de alto calibre».
“Todos los días, en los diferentes territorios, han estado expropiando nuestras tierras. Al menos 15 territorios en la RACCN están invadidos, nos despojan de áreas productivas y boscosas y ahora están invadiendo las parcelas comunales, ya muy cerca de las comunidades”, denuncia el dirigente indígena.
Señaló que hasta ahora, más de 50 pobladores nativos han sido asesinados y ninguno de los autores ha sido detenido ni procesado. “Hay secuestros, violaciones sexuales, desplazamientos forzosos de las comunidades y las autoridades no nos prestan atención”, denuncia.
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Recordó que en el 2015, grupos de colonos ocuparon una comunidad completa en el municipio de Waspam, en el territorio Li Aura y hasta la fecha nadie hace nada por detener a los invasores.
“Por ninguna de las víctimas se ha hecho justicia. Ellos (los colonos) tienen armamento pesado, que se usa en guerras, como Fal, AR-15, ametralladoras. Si solo el Ejército y la Policía pueden portar armas de guerra, ¿por qué estos civiles andan fuertemente armados y nadie hace nada por desarmarlos?”, cuestiona.
El defensor de los derechos indígenas indicó que el Batallón Ecológico (BECO), del Ejército de Nicaragua fue creado y establecido en la Región Autónoma para resguardar los territorios y las reservas pero “no hace su trabajo».
La Corte IDH y la CIDH han dictado medidas de protección en favor de esas comunidades, además, territorios como Li Lamni han sido declarados patrimonio de la Humanidad. “En consonancia con las medidas de protección de la CIDH el estado está obligado a desalojar a los colonos, dar protección y garantizar la seguridad de las comunidades”, dice el defensor.
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El último ataque de gran magnitud contra comunidades nativas de la Costa Caribe ejecutado por los colonos en agosto paso dejó entre 13 y 15 personas de las etnias mayangna y misquita asesinadas.
Defensores de derechos humanos han denunciado que esas muertes pudieron evitarse si las autoridades policiales hubieran atendido las denuncias de amenazas que ya habían recibido los comunitarios.



