20 años del retorno de Ortega al poder sin el voto de la mayoría: la victoria pactada con el enemigo tras tres fracasos electorales

Daniel Ortega aseguró su regreso a la Presidencia de Nicaragua hace dos décadas, el 5 de noviembre de 2006, después de tres derrotas electorales consecutivas: 16 años intentando recuperar el poder. Los sucesivos fracasos en las urnas le dejaban claro los límites de su base electoral: no conseguía el 45% de los votos válidos que entonces exigía la Constitución para ganar en primera vuelta. Pero encontró otra vía: cambiar las reglas de la competencia pactando con el enemigo.

Seis años antes de aquella elección, Ortega negoció con el entonces presidente liberal Arnoldo Alemán una reforma constitucional que rebajó el umbral hasta el 35%, siempre que el candidato aventajara en al menos cinco puntos porcentuales a su rival más cercano.

La estrategia funcionó. Ortega, candidato eterno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), fue declarado ganador con el 37,99% de los votos, frente al 28,30% de Eduardo Montealegre y el 27,11% de José Rizo, quienes no consiguieron superar las diferencias para llegar a las urnas en bloque y capitalizar el 55,41 % de los votos que alcanzaron.

Dos décadas después, con Ortega junto a su mujer convertidos en dictadores, Félix Maradiaga recuerda esa maniobra política como el inicio de una serie de hechos que advertían sobre la ruta autoritaria que seguía el veterano líder rojinegro ante la que quienes tuvieron la oportunidad de hacer algo se quedaron como simples espectadores». En 2006, señala, Ortega «No había conquistado una nueva mayoría: había encontrado la fórmula para gobernar sin ella».

«El pacto de las élites, la fragmentación opositora, el financiamiento sin controles y el crecimiento económico sin libertades facilitaron la concentración del poder. Nada de ello absuelve a Ortega de sus decisiones ni borra la valentía de quienes resistieron. Nicaragua demuestra que la democracia rara vez se pierde en un solo día: se entrega por cuotas, cada vez que alguien justifica un atropello como precio de la estabilidad», reflexiona el opositor desde el exilio al que fue condenado como apátrida por el régimen.

Maradiaga antes había pasado una larga temporada como preso político por intentar desafiar el poder de Ortega en las elecciones de 2021, cuando el régimen encarceló a siete aspirantes presidenciales y, con el control absoluto del Consejo Supremo Electoral, se presentó a las urnas sin competencia, con su esposa Rosario Murillo como compañera de fórmula.

Ortega quería el poder y Alemán blindaje

El pacto que marcó en punto de inflexión en las dos décadas de mandado sandinista y que hizo posible la victoria de Ortega en lasv elecciones generales de 2006 comenzó a gestarse a finales de los años noventa, cuando Alemán desde la Presidencia y Ortega, entonces como más su férreo opositor, encontraron en una mesa intereses comunes para sentarse a negociar.

Ortega necesitaba reducir las exigencias electorales que habían frustrado sus aspiraciones presidenciales. Alemán, con un mandato marcado por la corrupción que terminaría en enero de 2002 buscaba conservar influencia política y asegurarse un blindaje parlamentario.

Las reformas constitucionales aprobadas en el 2000 respondieron a esos intereses. El pacto no se limitó a modificar el sistema de elección presidencial. También consolidó el reparto de poder entre el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en instituciones como el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría General de la República. Alemán obtuvo, además, una garantía para su futuro político: un escaño en la Asamblea Nacional al concluir su mandato.

El principal beneficiado fue Ortega. El 37,99% de los votos que obtuvo en noviembre de 2006 no le habría bastado para recuperar la Presidencia, pero con las reformas pactadas llegó sobrado para volver a ceñirse la banda presidencial.

Del 38% de los votos al poder sin elecciones

Veinte años después, el régimen celebra aquella «victoria» como el inicio de una nueva etapa histórica, pero omite una realidad sustentada en la historia: el FSLN con Ortega como candidato nunca consiguió el suficiente apoyo en las urnas para retornar al poder. Ortega había perdido tres elecciones presidenciales consecutivas, en 1990, 1996 y 2001, y su base electoral no había conseguido superar a la mayoría que votaba por otras opciones políticas.

La elección de 2006 tampoco representó un crecimiento de su respaldo popular. Por el contrario, Ortega obtuvo el 38 % de los votos, cuatro puntos menos que en 2001, cuando fue derrotado por el ya fallecido expresidente Enrique Bolaños. La diferencia fue que no necesitó mayoría absoluta para ganar y en esto -señala- Maradiaga «la división opositora completó el trabajo».

Ortega retomó al poder con la clara intensión de no abandonarlo. El proceso comenzó a hacerse visible en las elecciones municipales de 2008, marcadas por denuncias de fraude, y continuó con la resolución judicial de 2009 que le abrió el camino a la reelección pese a las restricciones constitucionales vigentes.

El Centro Carter documentó ambos procesos en su informe sobre las elecciones de 2011, en el que calificó de fraudulentos los comicios municipales de 2008 y cuestionó la decisión judicial que permitió a Ortega presentarse nuevamente como candidato. La organización señaló que estos acontecimientos sentaron las bases de un proceso electoral profundamente viciado.

Las denuncias también fueron respaldadas por Ética y Transparencia, que identificó graves irregularidades que habrían alterado la voluntad popular en aproximadamente 40 municipios. Su denuncia, recogió que el Consejo Supremo Electoral impidió la acreditación de observadores nacionales y no invitó a misiones internacionales como las de la OEA, la Unión Europea y el propio Centro Carter.

En 2014, una reforma constitucional eliminó los límites a la reelección presidencial. La concentración del poder se aceleró tras la represión de las protestas de 2018 y alcanzó otro punto de ruptura en 2021, cuando el régimen encarceló a siete aspirantes presidenciales y desmanteló la competencia política antes de unas elecciones en las que Ortega fue declarado ganador sin enfrentarse a sus principales adversarios.

El autoritarismo que la propaganda manipula

Hoy, Ortega ya no necesita negociar con sus adversarios para cambiar las reglas. Las reformas constitucionales de 2025 concentraron aún más el poder en la Presidencia y otorgaron a Rosario Murillo el rango de copresidenta. Este 2026, nuevas modificaciones ampliaron las restricciones para acceder a cargos públicos y asegurar a los Ortega Murillo el poder a perpetuidad.

Pese a ese historial, el régimen celebra este 5 de noviembre, a través de su propaganda oficial, el vigésimo aniversario de lo que denomina el «triunfo del pueblo presidente», presentando la victoria electoral de 2006 como el inicio de una etapa de esperanza, justicia social y desarrollo económico.

La celebración contrasta con la crisis política y de derechos humanos que atraviesa Nicaragua desde 2018. Bajo el mando de Ortega y Murillo, el país ha sufrido una represión sistemática que incluye asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, destierros, confiscaciones de bienes, cierre de medios de comunicación, cancelación de miles de organizaciones civiles y persecución contra la Iglesia católica.

El régimen también ha despojado de su nacionalidad a centenares de nicaragüenses y forzado al exilio a periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes opositores. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, establecido por la ONU, ha documentado violaciones que constituyen crímenes de lesa humanidad y ha señalado responsabilidades de las máximas autoridades del régimen.