Trump: el régimen de Nicaragua amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene a Nicaragua bajo la consideración de una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. El mandatario prorrogó por otro año la emergencia nacional que declaró en 2018, al considerar que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa desmantelando las instituciones democráticas, reprimiendo a la población y alimentando la corrupción.

La decisión, firmada el 3 de noviembre y publicada este jueves en el Registro Federal de Estados Unidos, extiende la vigencia de la medida más allá del 27 de noviembre de 2026 y mantiene activo el marco legal que permite a Washington aplicar sanciones económicas contra personas y entidades vinculadas con el régimen nicaragüense.

Ocho años después de haber declarado la emergencia nacional, Trump sostiene que las circunstancias que motivaron esa decisión en 2018 no han desaparecido.

En el documento presidencial, la Casa Blanca señala el «desmantelamiento sistemático y el debilitamiento de las instituciones democráticas y del Estado de derecho» por parte del régimen Ortega-Murillo, así como el uso de la violencia indiscriminada y las tácticas represivas contra la población civil.

Washington también identifica la corrupción como uno de los factores que contribuyen a desestabilizar la economía nicaragüense.

Estas circunstancias, según la declaración presidencial, «continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos».

Con esos argumentos, Trump determinó que la emergencia nacional debe permanecer vigente durante otros doce meses.

Ocho años bajo la misma declaración

La emergencia nacional relacionada con Nicaragua fue declarada por primera vez el 27 de noviembre de 2018, durante el primer mandato de Trump, siete meses después del estallido de las protestas ciudadanas contra Ortega y Murillo y de la violenta respuesta de las fuerzas policiales y grupos armados afines al régimen.

Mediante la Orden Ejecutiva 13851, Washington estableció un mecanismo para bloquear bienes y sancionar a personas vinculadas con la represión, la corrupción y el debilitamiento de las instituciones democráticas nicaragüenses.

La medida fue renovada anualmente y se mantuvo durante los cuatro años de la Administración del demócrata Joe Biden, quien además amplió las facultades sancionatorias estadounidenses.

En octubre de 2022, Biden firmó la Orden Ejecutiva 14088, que extendió las herramientas legales para imponer restricciones económicas relacionadas con la situación de Nicaragua.

La nueva prórroga de Trump mantiene vigentes ambas órdenes ejecutivas, pero no implica por sí misma la imposición de nuevas sanciones ni la incorporación de funcionarios nicaragüenses a las listas de personas sancionadas.

Su efecto inmediato es conservar las facultades de Washington para continuar aplicando medidas restrictivas y adoptar otras acciones conforme al marco jurídico existente.