Por qué la cumbre de cancilleres es el examen final para la OEA frente a Ortega y Murillo

La  Organización de los Estados Americanos (OEA) arrastra una crisis de credibilidad en Nicaragua. El imaginario colectivo —desgastado por ocho años de represión, destierros y el cada vez más totalitarismo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo— suele resumir el actuar del organismo en una frase: son puro discurso.

Sin embargo, la reciente y aplastante votación de 29 países a favor de convocar una Reunión Extraordinaria de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores marca un quiebre definitivo en la diplomacia continental. No es otra sesión ordinaria; la región ha presionado el botón de máxima emergencia.

Para entender la gravedad del escenario actual, es indispensable mirar los antecedentes. Desde el estallido social de abril de 2018, el Sistema Interamericano ha sometido a Nicaragua al escrutinio más exhaustivo de su historia reciente. Los órganos de la OEA han celebrado un total de 66 sesiones y audiencias de debate dedicadas exclusivamente a la crisis sociopolítica del país.

El Consejo Permanente y la Asamblea General han emitido 12 resoluciones de alto nivel, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) mantiene al régimen en un estado inédito de “desacato permanente”.

Aunque estas acciones no lograron frenar la violencia estatal ni el desmantelamiento institucional, construyeron el expediente jurídico que hoy sostiene la contraofensiva internacional. El detonante de la urgencia actual es el plan consolidado del matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo de formalizar en la Constitución el modelo de «copresidencia», una reforma que degrada los poderes del Estado a simples órganos subordinados al Ejecutivo. Es, técnicamente, la legalización de una monarquía absolutista dinástica en pleno siglo XXI.

Al elevar el caso a una Reunión de Consulta de Cancilleres, la OEA salta de la burocracia de los embajadores a las decisiones políticas directas de los gobiernos del hemisferio. 

El argumento legal que sepulta la defensa de Managua —que formalizó su salida de la OEA en 2023— es contundente: la crisis ya no es un asunto interno. Con casi un millón de migrantes forzados a salir y el establecimiento de alianzas con Rusia y China, Nicaragua ha sido catalogada formalmente como un factor de inestabilidad regional.

¿Qué se puede esperar ahora? 

Los cancilleres tienen la facultad de coordinar medidas operativas conjuntas que van más allá de los discursos. El bloque regional apunta a la asfixia económica colectiva: el bloqueo definitivo de desembolsos en bancos multilaterales como el BID y el Banco Mundial, la revisión de cláusulas democráticas comerciales y el retiro coordinado de embajadores.

En este tablero, Estados Unidos juega un papel de liderazgo estratégico. Como principal socio comercial de Nicaragua, a Washington le interesa el retorno de la democracia en el país para frenar el uso de la migración como arma geopolítica en sus fronteras, reforzar sus alianzas en el hemisferio y frenar la expansión de potencias adversarias.

Existe un precedente histórico: en junio de 1979, una reunión de consulta idéntica le retiró la legitimidad internacional al dictador Anastasio Somoza. Un mes después, la dinastía cayó. La OEA está quemando su último cartucho diplomático. Las tiranías modernas no caen por condenas morales, sino cuando el costo económico de sostenerlas se vuelve insoportable.