La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), la sandinista Brenda Rocha, aseguró que las reformas constitucionales y electorales impulsadas por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo buscan fortalecer la democracia, la soberanía y la transparencia electoral.

Además, Rocha sostuvo que pretenden impedir cualquier nuevo intento de «golpe de Estado», al referirse a las protestas cívicas del 2018 que el régimen reprimió con fuerza letal.

Sin embargo, la evidencia documentada por organismos internacionales contradice esas afirmaciones.

El supuesto golpe de estado

«En 2018 se intentó romper el orden constitucional a través de un golpe de Estado», dijo la funcionaria.

La versión del «golpe de Estado» ha sido la narrativa que el régimen Ortega-Murillo ha usado para deslegitimar las protestas de abril de 2018. Investigaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos concluyeron que las manifestaciones comenzaron como una protesta social contra reformas al sistema de seguridad social y derivaron en una represión estatal que dejó más de 350 personas asesinadas.

Ningún organismo internacional ha expresado que existiera un intento de golpe de Estado organizado. Por el contrario, documentaron el uso sistemático de la fuerza, detenciones arbitrarias, torturas y persecución contra opositores, periodistas y organizaciones civiles.

Lo que ha quedado demostrado es que el régimen ha recurrido a la tesis del «golpe fallido» para justificar la cancelación de organizaciones civiles, el cierre de medios de comunicación, el destierro de opositores y la aprobación de leyes represivas.

¿Las reformas fortalecen la democracia?

Rocha aseguró en medios oficialistas que «las reformas al sistema electoral fortalecieron la seguridad jurídica, la transparencia y las garantías electorales».

Las últimas reformas electorales impulsadas por el sandinismo en el año 2021 fueron ampliamente cuestionadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Naciones Unidas y organizaciones especializadas en observación electoral.

La razón: lejos de ampliar garantías democráticas, las modificaciones legales sirvieron para excluir a la oposición de las elecciones de noviembre de 2021, celebradas después del encarcelamiento de siete aspirantes presidenciales, decenas de líderes políticos y periodistas, así como, la cancelación de partidos opositores.

La nueva reforma constitucional promovida por Ortega y Murillo y respaldada por el aparato estatal lo que pretende es eliminar las elecciones en Nicaragua como mecanismo para acceder al poder y concentra aún más el control político en los dictadores.

Leyes para el control político

Rocha defendió también la Ley de Agentes Extranjeros (Ley 1040) y la Ley de Soberanía (Ley 1055) como instrumentos para proteger la soberanía nacional.

«La Ley de Agentes Extranjeros evita que los partidos sean financiados para atentar contra el Estado», aseguró.

Ambas normas fueron presentadas como un mecanismos de transparencia financiera. Sin embargo en la práctica han sido utilizadas para cancelar más de 5,600 organizaciones civiles sin que se demuestre que eran utilizadas para financiar acciones para desestabilizar el país. Además, bajo esta norma el oficialismo ha legalizado procesos penales sin derecho a la defensa -incluso en ausencia- contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. También en el contexto electoral fue el instrumento que permitió inhabilitar a precandidatos presidenciales antes de las elecciones de 2021, según la documentación de organismos internacionales.

«La Ley 1055 protege la soberanía y la autodeterminación, insistió Rocha,

Esta norma conocida como la Ley de traición a la patria fue utilizada como fundamento jurídico para detener e inhabilitar a dirigentes políticos, empresarios, periodistas y defensores de derechos humanos antes de las elecciones de 2021. Con base en esta legislación fueron encarcelados la mayoría de los precandidatos presidenciales y numerosos opositores acusados de «traición a la patria», en procesos cuestionados por la comunidad internacional por carecer de garantías judiciales.

Consulta engañosa

Como parte de la defensa de la nueva reforma diseñada para impedir que la oposición opte poder mediante las urnas, Rocha aseguró que se desarrolla bajo «un amplio proceso de consulta para lograr consenso nacional»

La consulta impulsada por el régimen se anunció luego de la ola de repudió internacional que provocó el anuncio de Ortega de que en Nicaragua no se volverán a celebrar elecciones.

Este proceso en la práctica se ha limitado a simples exposiciones informativas a funcionarios de instituciones estatales, fuerzas militares, empresarios y organizaciones afines al oficialismo. Además, de periodistas sandinistas y la juventud sandinista, eliminando cualquier tipo de contrapeso a las medidas arbitrarias impuestas por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En esas condiciones no existen las garantías mínimas para hablar de un proceso nacional, plural o participativo.

Veredicto

El contenido de la reforma constitucional apunta en dirección contraria.

La reforma elimina las elecciones competitivas como mecanismo de acceso al poder, amplía el período presidencial a siete años renovables, concentra más facultades en Daniel Ortega y Rosario Murillo y consolida un modelo político sin alternancia democrática.

Diversos gobiernos, la OEA, la Unión Europea y organismos internacionales han advertido que estas reformas representan una ruptura del orden democrático y profundizan el autoritarismo en Nicaragua.

Las declaraciones de Brenda Rocha, presidenta del CSE, reproducen el discurso del régimen Ortega-Murillo para justificar las reformas constitucionales y electorales. Sin embargo, los hechos documentados muestran que las leyes aprobadas desde 2021 han servido para restringir derechos políticos, excluir a la oposición, criminalizar la disidencia y concentrar aún más el poder.